En su primera cadena nacional, el 15 de abril pasado, el presidente Kast dio señales claras sobre el rumbo y el carácter del nuevo gobierno, las que resultan muy preocupantes desde la perspectiva de los derechos humanos.
Si bien es valorable que el presidente sincere tempranamente sus propuestas de reforma legislativa y política pública, en su mensaje reafirma el discurso sobre la profunda crisis económica en que el país se encontraría al momento de asumir el poder, el cual ha sido rebatido por carecer de fundamento tanto por informes de entidades públicas, como prestigiosos académicos y organizaciones de la sociedad social. Dicho discurso, sin embargo, se erige como fundamento de las propuestas presentadas en el mensaje presidencial, las que apuntan nítidamente a la protección del empresariado y de sus intereses, y constituyen una amenaza cierta para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En efecto, en su mensaje el presidente anunció el ingreso al sistema de evaluación ambiental de 32 proyectos de inversión por un total de 20 mil millones de dólares, medida consistente con el retiro anunciado en los primeros días de gobierno de 43 decretos de protección ambiental, incluyendo entre otros, planes de descontaminación, normas de calidad y de emisión, medidas de adaptación climática y protección de especies, que estaban en toma de razón por Contraloría. Si bien aún no se conoce cuáles son estos 32 proyectos, es muy probable que estos correspondan a proyectos de índole extractiva cuya aprobación se encontraba condicionada al cumplimiento de normativa ambiental o social, indispensable para garantizar los derechos humanos y la sustentabilidad.
Propuso, además, el denominado “Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, el que contiene más de cuarenta medidas organizadas en cinco ejes, incluyendo entre ellas la “competitividad tributaria”, el empleo formal, la “facilitación regulatoria”, la “certeza jurídica y regulatoria”, y la contención del gasto público.
Desde la perspectiva de las directrices internacionales sobre empresas y derechos humanos hoy existentes dos son las preocupaciones centrales de estas propuestas. La primera es la rebaja a empresas de los impuestos de primera categoría, del 27%, al cual están afectos hoy, al 23%, proponiendo de manera complementaria una invariabilidad tributaria de 25 años para inversiones de largo plazo. Se argumenta en favor de esta medida, que no se trata de una propuesta que favorece a los que tienen más, sino que a través de ella se fomenta la reinversión de utilidades y la creación de empleos.
Además de no existir antecedentes desde la experiencia comparada que respalden que esta medida se transformará en mayor inversión y crecimiento del empleo, preocupa que por esta vía se incremente la ya enorme desigualdad existente en la distribución del ingreso en el país. En efecto, de acuerdo a estadísticas globales, el 1% más rico de Chile, compuesto por los propietarios de grandes conglomerados empresariales que serían beneficiados por esta rebaja tributaria, acumula el 49.8% de la riqueza total del país, lo que nos convierte en el país más desigual en este ámbito en el continente.
De acuerdo a estimaciones, la aplicación de esta rebaja tributaria a las grandes empresas significaría una pérdida de recursos para el fisco estimada en cerca de 3 mil millones de dólares. La paradoja es que en el mismo mensaje presidencial se propone la implementación de una política de contención del gasto público, que viene a reafirmar la política de austeridad fiscal mediante la rebaja del 3% en el gasto público de todos los ministerios durante 2026, anunciada por el Ministro de Hacienda en marzo pasado, la que permitiría un ahorro fiscal de un monto similar.
Desde la perspectiva de derechos humanos que orienta este análisis, las medidas anunciadas por el presidente Kast tanto en materia de rebaja tributaria como de recorte en el gasto fiscal ponen en peligro la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Cabe recordar que de acuerdo al Pacto Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por Chile, los Estados parte “…se compromete[n] a adoptar medidas…especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” (Artículo 2.1). El mensaje presidencial deja entrever que la salud y la educación considerados como derechos humanos de responsabilidad del Estado por el Pacto Internacional DESC, quedan supeditados al crecimiento económico de cargo de las empresas, y no en manos del Estado, incumpliendo así sus obligaciones internacionales en esta materia.
Finalmente, resulta extremadamente preocupante la “facilitación regulatoria” anunciada en el mensaje presidencial. Ello mediante un proyecto de ley que daría al Servicio de Evaluación Ambiental “autoridad real para filtrar observaciones de organismos sectoriales”, “reduce el plazo de invalidación de permisos ya otorgados de dos años a seis meses”, y “limita a seis meses las medidas precautorias que puedan paralizar proyectos ya aprobados”.
Dichos anuncios vienen a profundizar la flexibilización de los estándares ambientales y sociales ya introducidos el año pasado mediante la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (N° 21.770), sobre Autorizaciones Sectoriales, que introdujo importantes modificaciones a distintos marcos normativos a objeto de reducir los tiempos de inversión. Ello a través de mecanismos tales como la declaración jurada por parte de los titulares de proyectos de inversión de que se cumple con requisitos legales, sin requerir autorización, o el silencio administrativo, que puede ser solicitado por el titular de un proyecto de inversión después de transcurrido un plazo de tramitación.
Si esta normativa ya generó preocupación de organizaciones de sociedad civil por su carácter regresivo en distintas materias, incluyendo el debilitamiento de la participación ciudadana y la consulta indígena en el contexto de proyectos de impacto ambiental y social, la propuesta del mensaje presidencial hace temer por nuevas reformas a estándares ya debilitados en el contexto de proyectos de inversión, en particular los de carácter extractivo. Ello en detrimento de los derechos humanos, incidiendo en el debilitamiento de la licencia social y ambiental de los mismos.
Por todo lo anterior es que consideramos que los anuncios formulados por el presidente Kast en su mensaje presidencial son regresivos, benefician solo a las grandes empresas, profundizan la desigualdad en desmedro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En el contexto de las asimetrías que dichas medidas en caso de materializarse se generarían, al fortalecer el poder de las empresas y debilitar los derechos de la ciudadanía, consideramos indispensable que la actual administración pueda mantener el compromiso que el Estado de Chile con la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que establecen las responsabilidades tanto de los Estados como de las empresas para asegurar que estos derechos sean respetados y protegidos en el contexto de la actividad empresarial.
Ello a través de, entre otras medidas, la finalización y puesta en marcha de un tercer Plan Nacional sobre la materia, y a través de la proposición de un marco normativo que permita hacer efectiva la debida diligencia empresarial que permita hacer efectiva la responsabilidad corporativa en este ámbito.
Por José Aylwin Oyarzún y Mabel Cobos
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