En una democracia seria, la incertidumbre debería abrir investigación, no solo expedientes penales. Pero tal vez esa sea la verdadera innovación legislativa: legislar en la oscuridad y luego apagar el laboratorio para ahorrar luz.
Chile acaba de producir una paradoja de manual: endurece la política de drogas en nombre de criterios técnicos mientras discute recortes que amenazan, precisamente, las condiciones para producir esos criterios. No es una contradicción menor. Es casi una escena de realismo mágico administrativo: pedirle a la ciencia que legitime el castigo justo cuando se le informa que deberá trabajar con menos oxígeno.
La reciente Ley N° 21.817 modifica la Ley 20.000 e incorpora una regla particularmente delicada: si pequeñas cantidades de ciertas sustancias son capaces de producir graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, aun en bajas cantidades, se aplicarán penas más severas. Además, el reglamento deberá crear una nueva calificación para esas sustancias. Dicho sin tecnicismos: la ley quiere distinguir drogas no solo por su nombre o cantidad, sino por su peligrosidad toxicológica.
Hasta ahí, el gesto parece razonable. El problema es que esa distinción no nace de la inspiración del legislador, ni del sobresalto televisivo, ni de la pedagogía express del matinal. Requiere laboratorios, vigilancia, análisis de muestras, toxicología, estudios clínicos, epidemiología y prudencia. Mucha prudencia. La toxicidad no se decreta. Se investiga.
El caso de las catinonas sintéticas permite dimensionar el problema. No hablamos de sustancias inocuas ni de una fantasía moralista. Revisiones recientes en toxicología y ciencias biomédicas describen riesgos neurológicos, cardiovasculares y psiquiátricos, junto con cuadros de agitación severa, hipertermia, convulsiones, psicosis, coma e incluso muertes asociadas.
Un estudio publicado en 2023 en International Journal of Molecular Sciences revisó los riesgos de neurotoxicidad de estas sustancias; otra revisión en Forensic Toxicology mostró que las catinonas emergentes forman una familia química móvil, abundante y difícil de estabilizar. Cada año aparecen nuevas variantes o sustitutos, muchas veces más rápido que la capacidad estatal para nombrarlos, detectarlos y comprenderlos.
Nada de esto invita a la tranquilidad. Pero tampoco autoriza a confundir alarma con conocimiento. La peligrosidad de una sustancia no es una esencia metafísica alojada en la molécula, esperando que el Código Penal la descubra con solemnidad republicana. Depende de dosis, concentración, pureza, vía de administración, combinaciones con otras drogas, frecuencia de uso, condición corporal, contexto de consumo, acceso a información, servicios de salud y prácticas de cuidado o descuido. Dos sustancias parecidas pueden tener efectos distintos; una misma sustancia puede cambiar radicalmente su riesgo según mezcla, cantidad o escenario. La cárcel, conviene recordarlo, no es un cromatógrafo.
De hecho, la evidencia internacional sobre nuevas sustancias psicoactivas sigue siendo desigual. Una revisión publicada en Journal of Public Health concluyó que la base de evidencia sobre sus daños, factores de riesgo e intervenciones se encontraba todavía en una etapa temprana de desarrollo.
El Observatorio Europeo de Drogas, en su informe 2025, advierte algo similar: aparecen compuestos nuevos cada año, muchas veces diseñados para evadir controles, y los riesgos sanitarios de varios de ellos siguen siendo poco comprendidos. La frase debería estar colgada en la entrada de todo Congreso: cuando la evidencia es temprana, la pena no debería ser impaciente.
En Chile, la dificultad es aún más concreta. Las drogas sintéticas no circulan siempre como sustancias puras, estables y correctamente etiquetadas para comodidad del persecutor penal. Circulan como nombres, colores, mezclas, rumores, sustituciones y promesas de efecto. El Tusi es el ejemplo perfecto de ese teatro químico: se vende como si nombrara una cosa, pero puede contener muchas; se consume como experiencia reconocible, aunque su composición sea variable; se gobierna como objeto penal, aunque su identidad material escape una y otra vez. Allí la ley corre el riesgo de hacer lo que tanto le gusta hacer al punitivismo: convertir la incertidumbre en agravante.
Por supuesto, nadie serio propone mirar hacia otro lado. Las drogas sintéticas pueden producir daños severos y exigen respuestas públicas robustas. Pero esas respuestas no deberían reducirse al reflejo penal. Se requieren sistemas de alerta temprana, análisis forense oportuno, drug checking, monitoreo territorial, formación clínica, investigación social sobre prácticas de uso, información pública seria y estrategias de reducción de riesgos y daños. Si la pregunta es por daños considerables a la salud, la respuesta no puede ser solo una planilla de penas redactada al ritmo de la ansiedad política. El fiscal no reemplaza al toxicólogo. La indignación no mide miligramos.
Y aquí aparece la paradoja mayor. Mientras se promulga una reforma que necesita evidencia científica para operar con un mínimo de justicia, se discuten recortes a la inversión pública que podrían afectar al Ministerio de Ciencia, a programas de investigación, becas, centros de excelencia e instrumentos de desarrollo científico. SciDev.Net informó recientemente sobre una filtración que apuntaba a una posible reducción de 30% del presupuesto del sector para 2027; luego hubo matices oficiales, pero la incertidumbre en la comunidad científica persistió.
El resultado es casi perfecto en su absurdo: se quiere una ley que clasifique sustancias según toxicidad, pero se debilita el sistema capaz de producir conocimiento toxicológico. Se invoca la ciencia en el texto legal y se la trata como gasto ajustable en la hoja Excel. Se exige evidencia para castigar mejor, pero se recortan las condiciones para saber mejor.
Así, la política de drogas corre el riesgo de vestirse con bata blanca de utilería: vocabulario técnico, imaginación punitiva y piso empírico insuficiente. Una reforma que habla de toxicidad mientras adelgaza las condiciones para investigarla. Un país que quiere penas más inteligentes, pero ciencia más pobre.
En una democracia seria, la incertidumbre debería abrir investigación, no solo expedientes penales. Pero tal vez esa sea la verdadera innovación legislativa: legislar en la oscuridad y luego apagar el laboratorio para ahorrar luz.