Chile no está inmune a estos vientos. Basta recordar la caída sostenida en las coberturas de vacunación infantil que ya arrastramos desde la pandemia, y la desconfianza que circula en redes sociales sin mayor contrapeso institucional.
Vacunatorios en Santiago - Agencia Uno
En 1998 un médico británico publicó un estudio que cambiaría, para mal, la historia de la salud pública. Andrew Wakefield sostuvo que la vacuna triple vírica producía autismo. Bastaron doce casos, sin grupo de control, para instalar un pánico que todavía no termina de apagarse.
La revista que lo publicó terminó retractándolo años después, Wakefield perdió su licencia médica, y sin embargo el mito sigue vivo en comunidades enteras que hoy rechazan vacunar a sus hijos.
El costo se mide en brotes de sarampión que no deberían existir en el siglo XXI, con niños hospitalizados por una enfermedad que la ciencia sabe prevenir hace más de sesenta años. Pero no es el único episodio de la historia donde una hipótesis débil, amplificada por el poder, terminó imponiéndose sobre la evidencia. Pienso en Tuskegee, donde autoridades sanitarias privilegiaron una hipótesis experimental por sobre la vida de cientos de hombres afroamericanos.
Pienso también en la resistencia inglesa a la vacuna antivariólica durante el siglo XIX, alimentada más por el miedo que por los datos, que retrasó por décadas el control de una enfermedad letal. En todos esos casos la autoridad —médica o política— confundió convicción con prueba, y la sociedad completa pagó el precio de esa confusión.
Esta semana volvimos a presenciar algo parecido, aunque a una escala inédita. El gobierno de Donald Trump firmó una orden ejecutiva que reduce de 18 a 11 el número de vacunas recomendadas para los niños estadounidenses, y que además plantea fraccionar la vacuna triple vírica en dosis separadas. La justificación oficial apela, una vez más, a una eventual relación entre vacunas y autismo que la evidencia acumulada durante más de dos décadas no sostiene. Entre las inmunizaciones que salen del esquema general figuran las de hepatitis A y B, influenza y virus respiratorio sincicial, aunque quedan disponibles para grupos de riesgo.
El paralelo con Wakefield resulta casi inevitable. Una hipótesis desacreditada hace casi treinta años reaparece hoy convertida en política de Estado, ya no en un artículo científico sino en una orden ejecutiva con capacidad de alterar la cobertura de inmunización del país más poderoso del mundo.
Y no se trata de un dato menor: Estados Unidos ya registra brotes de sarampión en niveles que no se veían hace 25 años, después de haber sido declarado libre de la enfermedad en el año 2000. La historia, quiérase o no, tiende a repetirse cuando se ignoran sus lecciones.
Chile no está inmune a estos vientos. Basta recordar la caída sostenida en las coberturas de vacunación infantil que ya arrastramos desde la pandemia, y la desconfianza que circula en redes sociales sin mayor contrapeso institucional. La lección de estos episodios es siempre la misma, aunque cueste aprenderla: una política sanitaria no se legitima por quien la firma, sino por la evidencia que la respalda. Cuando ambas cosas se separan, la cuenta la termina pagando la salud de la población, muchas veces la más vulnerable, muchas veces sin que se note hasta que ya es demasiado tarde.
