La salud mental no se explica por la historia personal de cada individuo, sino por las condiciones sociales en las que vive. Para construir respuestas oportunas necesitamos datos, continuidad y la voluntad política de mirar aquello que muchas veces se prefiere ignorar.
Imagen referencial / Crédito: Fundación SAVIA (creada con IA)
A comienzos de marzo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó los resultados de la primera Encuesta Web Diversidades realizada en Chile. Aunque por su carácter no probabilístico sus datos no son extrapolables al conjunto de la población LGBTIQ+, nos entrega algo indispensable antes de diseñar cualquier política pública: información directa sobre una realidad que hemos conocido de forma fragmentada.
Las cifras no se pueden dejar pasar. El 73,9% de las personas que respondieron el módulo de salud mental declaró haber experimentado ideación suicida; el 46,9% señaló haberse realizado autolesiones y el 39,8% planificó o intentó acabar con su vida. Al mismo tiempo, el 85,4% manifestó haber sufrido discriminación y un 74,2% violencia psicológica o verbal a lo largo de su vida.
Frente a esto, hay que cuestionarse lo que ocurre con la salud mental de las diversidades. ¿en qué condiciones están viviendo? Una cifra de ideación suicida no aparece en el vacío: detrás hay trayectorias cruzadas por violencias, expulsiones, rechazos familiares y el aprendizaje forzado de medir gestos y afectos para evitar agresiones. Cuando el espacio familiar o educativo, donde deberíamos aprender a sentirnos seguros, se convierte en fuente de discriminación, algo o alguien deberia mover el cascabel alertando el padecimiento de las personas y proveer un lugar seguro, antes que una consulta medica.
Esta relación entre entorno y salud mental es bien conocida desde el trabajo territorial. Los estudios del Observatorio de Políticas en VIH y Derechos Humanos de Fundación Savia muestran desde hace años que la salud mental está tejida en la vida cotidiana. En una investigación sobre razones para interrumpir el tratamiento antirretroviral en VIH, más de la mitad de las personas consultadas señaló haberlo suspendido en algún momento, identificando la depresión, la tristeza, la vergüenza y el cansancio entre sus causas principales. Algo similar ocurre con las personas mayores de 50 años que viven con VIH, donde el estrés, el aislamiento y las ideas suicidas se entrelazan con el miedo a revelar el diagnóstico o ser rechazadas en los servicios. Un número muestra cuántas personas sufren; la investigación cualitativa nos explica por qué.
Sin embargo, los datos sin continuidad tienen un límite. Chile esperó 24 años para volver a realizar la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX). En casi un cuarto de siglo cambiaron las tecnologías, las formas de relacionarnos, las prácticas sexuales y las herramientas de prevención. Pretender diseñar políticas públicas de salud sin preguntar sistemáticamente cómo estamos viviendo es un contrasentido. Cuando dejamos de producir información, la realidad no se detiene; simplemente dejamos de verla.
En 2024 se registraron en el país 1.984 muertes por suicidio y 1.207 víctimas de homicidio. Estas cifras no compiten entre sí, pero demuestran que el suicidio es una dimensión crítica de la mortalidad que exige abordarse como un problema de salud pública y no como una tragedia privada. La prevención comienza mucho antes de las crisis de urgencia. Lo vimos en el estudio que realizó Savia con 507 estudiantes en Ñuñoa: los jóvenes no piden discursos sobre el peligro, sino espacios protegidos para hablar de sexualidad sin tabúes, con respeto e igualdad. Una escuela que permite preguntar, una familia que acompaña y un sistema de salud sin sesgos también son componentes centrales de la salud mental.
Por eso resulta necesario ampliar el foco cuando discutimos las prioridades del país. Mientras el Gobierno promueve el Plan Chile Renace frente a la caída de la natalidad, o cuando abordamos los debates sobre el futuro del desarrollo, no podemos desvincular estas políticas de las condiciones materiales y afectivas en que se cría y se existe. Criar exige redes, vivienda, ingresos, autonomía y salud mental. Una política pública no puede preguntarse solo por qué nacen menos niños; debe preguntarse bajo qué condiciones reales estamos viviendo y qué espacio garantizamos para la diversidad de proyectos de vida.
Lo que también importa es aquello que un país decide mirar. El 22 de septiembre, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente José Antonio Kast presentó una visión de Chile centrada en el orden, la seguridad, la inversión y el combate al crimen organizado. Habló de homicidios, migración, impuestos e institucionalidad. Nada de esto es ajeno a las preocupaciones del país. Pero mientras escuchaba ese discurso, la pregunta inevitable era otra: ¿dónde queda la salud mental de las personas en esa idea de futuro que estamos construyendo?
Porque los datos epidemiológicos y sociales también hablan de Chile. Hablan de jóvenes con ideación suicida, de discriminación en familias y escuelas, de personas mayores aisladas y de usuarias que interrumpen sus tratamientos no tan solo de VIH porque están deprimidas, cansadas o sin redes de apoyo. No se trata de competir por cuál problema es más urgente, sino de preguntarnos qué realidades estamos incorporando en la agenda nacional. Un país puede preocuparse por la seguridad económica o pública y, al mismo tiempo, preguntarse por las condiciones afectivas y sociales de quienes lo habitan.
El problema estalla cuando la realidad queda fuera del discurso oficial. Aquello que no se mide, que no se investiga o que dejamos de nombrar termina borrado del presupuesto y de las políticas públicas. No se puede gobernar lo que se niega a mirar. Cuando el Estado ignora las condiciones en que viven las personas, el sufrimiento se profundiza y la dignidad queda relegada a un mero discurso.
