Hay universidades no estatales que superan a varias estatales en esos indicadores, y estatales cuyo desempeño público es indistinguible del de una privada selectiva.
Comparto el diagnóstico de la profesora Durán en entrevista del 7 de septiembre en este mismo medio: el subsidio a la demanda con aranceles regulados calculados casi exclusivamente sobre docencia de pregrado subfinancia estructuralmente todo lo demás —investigación, extensión, vinculación territorial, permanencia y titulación efectiva de estudiantes de sectores vulnerables.
Pero ese diagnóstico describe la situación de toda institución adscrita a gratuidad, no la de las 18 estatales, entre ellas la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, quienes enfrentamos exactamente el mismo arancel regulado, con la misma brecha entre costo real y transferencia, y sin ninguno de los instrumentos compensatorios que sí existen para las universidades públicas.
De ahí el problema lógico central de la entrevista de la profesora Durán: el diagnóstico es general, la solución propuesta es corporativa. Se identifica una falla del diseño del financiamiento y se responde pidiendo una excepción para un grupo determinado por su titularidad patrimonial, no por su quehacer y su relación con el interés público.
La profesora Durán afirma que las estatales "tienen que competir abiertamente con otras instituciones por tener más matrícula" en un régimen de "libre competencia". Aquí la afirmación es incompleta e imprecisa. Las universidades estatales cuentan con el Aporte Fiscal Directo (que comparten con las del G9), con los convenios marco y el Plan de Fortalecimiento creados por la Ley 21.094 —exclusivos del sector estatal— y con el Convenio Marco de universidades regionales.
Una universidad privada con proyecto público y gratuidad plena, fuera del CRUCH, financia sus funciones no docentes exclusivamente con el arancel regulado y fondos concursables (cada vez más desfinanciados). Si el reclamo es la desigualdad de las reglas del juego, la desigualdad existe, pero no corre en la dirección que la entrevista sugiere. Tampoco es efectivo que la educación superior describa hoy un sistema de libre competencia: hay regulación de aranceles (precio) y regulación de la cantidad ofertada, dos variables determinantes de la libre competencia y sin hacer apología de ella, es un error caracterizarla como tal.
El argumento descansa en un supuesto que nunca se explicita ni se defiende: que la titularidad estatal del patrimonio constituye por sí sola el título al financiamiento basal. Si en cambio el carácter público se define por el proyecto educativo efectivamente implementado —gratuidad sin cobros paralelos, composición socioeconómica del estudiantado, retención y titulación de los primeros quintiles, ausencia de lucro, gobierno democrático, producción de conocimiento de interés general, arraigo territorial— entonces la propiedad se vuelve accesoria. Hay universidades no estatales que superan a varias estatales en esos indicadores, y estatales cuyo desempeño público es indistinguible del de una privada selectiva.
El criterio patrimonial tiene la ventaja de ser administrativamente simple y la desventaja de ser sustantivamente ciego: financia por lo que una institución es en su escritura de constitución, no por lo que hace. Un financiamiento basal asignado contra compromisos públicos verificables y auditables, abierto a toda institución que los cumpla y los sostenga, resolvería el problema real que la profesora Durán identifica sin convertirlo en una cuestión de propiedad, y sería considerablemente más difícil de descartar como demanda del sector, sin restringirlo a grupos de interés.
La defensa de humanidades, artes y ciencias sociales frente al Fondecyt de Postdoctorado 2027 es un punto muy relevante, quizás el más importante. Pero es necesario agregar: una parte relevante de la masa crítica del país en esas disciplinas está alojada en instituciones no estatales de vocación pública, precisamente las que quedarían fuera del basal que el CUECH reclama. Defender el conocimiento no instrumental y defender el monopolio estatal del financiamiento estructural apuntan en direcciones distintas.
Bajo un ajuste fiscal como el que la propia entrevista describe, fragmentar el campo de la educación superior de interés público entre estatales y no estatales debilita a ambos bloques y presenta el análisis como grupo de interés. Una plataforma universalista —basal por compromisos públicos verificables—, daría mucha más coherencia y fuerza al diagnóstico en función de a urgente necesidad de ajustes a las políticas públicas y de financiamiento de la educación superior.
Lo complejo es que el momento actual, más allá de todo debate, está caracterizado por aranceles regulados que aumentan la brecha de financiamiento entre la educación superior y el proyecto de desarrollo del país.
