Hay apellidos que parecen tener una facilidad extraordinaria para abrir puertas en los pasillos del poder. El de Gonzalo Cordero Mendoza, histórico militante de la UDI y director de Televisión Nacional de Chile desde junio de 2018 hasta mayo de 2027, vuelve a aparecer en una controversia que involucra al Gobierno de José Antonio Kast. Esta vez, por la contratación de su hijo, Nicolás Cordero Rodríguez, como jefe de gabinete del biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.
De acuerdo a Contrapoderchile, la remuneración de Cordero Rodríguez merece nuestra atención: $8.467.931 mensuales, desempeñándose en grado directivo. Y hay un antecedente que inevitablemente despierta interrogantes: Nicolás Cordero obtuvo su título de abogado el 26 de julio de 2024. Menos de dos años después, ya ocupa una jefatura ministerial con una remuneración millonaria. Antes había ingresado, en marzo de 2026, a la Subsecretaría de Transportes mediante una contrata grado 4 del escalafón profesional.
¿Qué experiencia profesional acredita para acceder a semejante posición? ¿Qué antecedentes justificaron su grado administrativo y una remuneración de más de ocho millones? ¿Existieron otros postulantes con mayores credenciales? No son preguntas caprichosas, son exigencias mínimas de transparencia cuando se administran recursos públicos.
Pero el asunto no termina en el parentesco. Existe una arista institucional que merece especial atención. El padre integra el directorio de TVN, mientras su hijo trabaja directamente en el ministerio que tiene bajo su dependencia a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Esta última interviene en aspectos técnicos y regulatorios del espectro radioeléctrico y de la televisión digital, mientras que el otorgamiento de las concesiones televisivas corresponde al Consejo Nacional de Televisión.
Por tanto, existe una relación institucional entre el ministerio y el canal público que obliga a examinar eventuales conflictos de interés y los mecanismos destinados a prevenirlos. No significa que Cordero Rodríguez pueda decidir sobre TVN ni que su padre intervenga en las atribuciones de la Subtel. Significa que hay una zona de potencial conflicto que merece explicaciones y resguardos transparentes. El interés público no puede quedar subordinado a la comodidad de quienes ocupan cargos de confianza.
Y Gonzalo Cordero tampoco llega a esta controversia sin antecedentes. En agosto de 2024, El Mostrador informó sobre su participación en asesorías jurídicas a Andrés Chadwick, junto al abogado penalista Samuel Donoso, en medio del desarrollo del caso Hermosilla.
La publicación cuestionó precisamente la incompatibilidad que podía representar que un director de TVN asesorara a uno de los protagonistas de una controversia de enorme relevancia pública, que el propio canal debía cubrir con independencia. Chadwick y Cordero, además, comparten militancia histórica en la UDI.
Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, defendió la necesidad de someter el poder a controles permanentes, precisamente porque ninguna autoridad está por encima de la fiscalización. Asimismo John Rawls, en Una teoría de la justicia, desarrolló el principio de igualdad justa de oportunidades, incompatible con que las posiciones sociales dependan de ventajas arbitrarias de origen o pertenencia.
José Antonio Kast llegó al Gobierno prometiendo terminar con los privilegios, combatir el amiguismo y recuperar la meritocracia. Sin embargo, cuando un abogado titulado hace menos de dos años accede a una jefatura ministerial remunerada con $8.4 millones mensuales y, además, su padre integra el directorio de una empresa pública vinculada institucionalmente al ministerio donde trabaja, las explicaciones no pueden limitarse a invocar la confianza política.
La meritocracia no puede ser una exigencia para los adversarios y una recomendación optativa para los cercanos. Porque si el cambio prometido consiste en reemplazar unos círculos de influencia por otros, no estamos frente a una transformación de las prácticas políticas, sino simplemente ante una renovación de los apellidos que ocupan los mismos espacios de poder.
