¿Un chat privado puede terminar en manos de la PDI? Para la ONG Derechos Digitales, hacerlo sin base jurídica es ilegal. Mientras Confianza Digital alista acciones judiciales, los diputados Irací Hassler (PC) y Gonzalo Winter (FA) oficiaron al Gobierno para saber si PDI y Meta tienen convenio colaborativo.
Presidente José Antonio Kast.
Edición ED con Claude. Original de Agencia Uno.Tras la denuncia de una serie de operativos y arrestos a raíz de presuntas intimidaciones contra el presidente José Antonio Kast en redes sociales, una docena de entidades de la sociedad civil emplazaron formalmente tanto a los organismos públicos como Meta —dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads— a rendir cuentas sobre los traspasos de información a la Policía de Investigaciones (PDI).
De acuerdo con lo transparentado por la policía civil, los reportes remitidos por la multinacional contemplan mensajes denunciados e información elemental de las cuentas, insumos con los que luego se ejecutan indagatorias para individualizar a los involucrados.
Este mecanismo encendió las alarmas de los colectivos, en particular por los antecedentes originados en chats privados: sostienen que la ausencia de límites y garantías legales amenaza con coartar la libre discusión ciudadana, el humor político y la disidencia.
Frente a este escenario, las entidades demandan transparentar el sustento legal del mecanismo, los parámetros de pesquisa algorítmica y las normas que rigen el intercambio y custodia de los antecedentes recabados.
Asimismo, plantean que cualquier pesquisa cuente con filtros de examinación humana que ponderen el entorno de cada publicación, auditorías externas y revisión en tribunales siempre que se vean amenazadas garantías básicas.
"La protección de la seguridad debe realizarse con pleno respeto a los derechos y libertades que sostienen una sociedad democrática".
Como respuesta directa a estas prácticas, desde la ONG Confianza Digital ya adelantaron la presentación de recursos judiciales orientados a determinar responsabilidades, esclarecer los procedimientos y frenar cualquier atropello a las garantías constitucionales.
El documento contó con el respaldo conjunto de ONG Confianza Digital, Observatorio del Derecho a la Comunicación, Asociación Argentina de Usuarios de Internet (Internauta Argentina), Ipandetec, Fundación Datos Protegidos, ARTICLE 19 México y Centroamérica, Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión en Chile (CoFLE), Asociación Nacional de Comunicadores y Medios Independientes y Comunitarios (ANAMIC), Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, Derechos Digitales · América Latina, Digital Action y ONG Amaranta.
La preocupación también llegó hasta el Congreso luego de que la diputada Irací Hassler (PC) y el diputado Gonzalo Winter (FA) oficiaran al ministro de Seguridad, Martín Arrau, y al director general de la PDI, Eduardo Cerna, a trasparentar el vínculo entre Meta y la policía civil.
En concreto, piden al secretario de Estado esclarecer si existe un convenio o alguna estrategia de colaboración formal mutua entre la PDI y la empresa tecnológica, como también los argumentos jurídicos, las unidades policiales involucradas y los procedimientos de cómo se entrega información de conversaciones personales y datos privados de quienes interactúan en redes sociales.
“Las plataformas digitales internacionales deben funcionar bajo normas claras y con transparencia. Necesitamos saber qué información se está monitoreando, bajo qué autorizaciones y con qué mecanismos de control, para asegurar que no existan tratamientos de datos que excedan las atribuciones legales de las instituciones”, manifestó la diputada Hassler.
Por su parte, el diputado Winter, manifestó su inquietud ante el escenario actual en que empresas privadas concentren una gran cantidad de información personal.
"Esto obliga a preguntarnos cómo se está dando la relación entre Meta, el gobierno y la PDI, y qué información de las personas se está compartiendo. Hoy empresas privadas concentran enormes cantidades de nuestros datos y tienen una influencia creciente sobre la conversación pública. Esto merece ser despejado”.
En conversación con El Desconcierto, Catalina Balla, directora de Comunicaciones de Derechos Digitales, explicó que el derecho a la privacidad no se pierde solo porque una persona utilice sus redes sociales.
"Las personas no pierden su derecho a la privacidad solo por usar redes sociales. Entendemos que frente amenazas graves y reales puede ser necesario actuar, pero eso no significa que las plataformas puedan compartir información con la policía sin límites ni controles".
En ese sentido, recalca que "la entrega de estos datos sin una base jurídica es ilegal y vulnera los derechos fundamentales".
En cuanto a los límites de la crítica y el humor político, Balla explica que "las autoridades están expuestas a un mayor nivel de crítica y escrutinio público", por lo que la libertad de expresión "también protege opiniones incómodas", incluyendo la sátira, la burla y expresiones que "pueden resultar incómodas y hasta ofensivas".
Por ejemplo, distingue entre una expresión de rabia, broma o una crítica política de una amenaza seria: "no pueden tratarse automáticamente como una incitación a la violencia o la declaración de un plan de agresión". Además, si ocurre en el ámbito privado, como lo es una conversación por chat, "está en juego el derecho a la privacidad".
Estas persecuciones, asociada a regímenes autoritarios, podrían inhibir a las personas a opinar abiertamente "por el miedo a la vigilancia exacerbada a nombre de las autoridades políticas".
"Es gravísimo para una democracia que las personas tengan miedo de criticar a sus autoridades por temor a ser investigadas o detenidas. Más aún si ni siqueira adolescentes están a salvo de esa sobrerreacción estatal".
