La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó al municipio de Peñaflor fiscalizar un club de campo denunciado por fiestas con ruidos hasta las 4 de la madrugada.
Corte de Apelaciones de San Miguel / Poder Judicial
Una pareja de vecinos de Peñaflor denunció que las fiestas realizadas en un club de campo frente a su vivienda generaban música fuerte y gritos hasta las cuatro de la madrugada. Pese a sus reiterados reclamos, los problemas continuaron. La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió su recurso contra la municipalidad y ordenó adoptar medidas.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, los afectados viven frente al Club de Campo Carmen Goudie, ubicado en avenida Concordia, donde, según denunciaron, las celebraciones aumentaron considerablemente desde 2014.
Los eventos comenzaban alrededor de las 19:00 horas y, en ocasiones, se extendían hasta las 04:00.
La pareja aseguró que había presentado denuncias ante Seguridad Ciudadana, Carabineros y la Municipalidad de Peñaflor, sin conseguir que las molestias terminaran.
Uno de los residentes también afirmó que la exposición prolongada al ruido afectó su salud, provocándole problemas de sueño, agorafobia y estrés postraumático, por los que necesitó atención psiquiátrica y medicamentos.
Además, los vecinos cuestionaron que continuaran realizándose celebraciones pese a que, según antecedentes obtenidos mediante Transparencia, la patente de alcoholes del recinto había caducado en 2015.
También advirtieron posibles consecuencias para la fauna y el ecosistema del humedal El Trapiche, ubicado en un sector declarado Reserva Natural Municipal en 2021.
Por su parte, la Municipalidad de Peñaflor solicitó rechazar el recurso, argumentando que había realizado fiscalizaciones y cursado cinco infracciones entre abril de 2025 y marzo de 2026.
Entre las irregularidades detectadas figuraban eventos masivos sin autorización municipal, problemas relacionados con las patentes y emisiones de ruidos molestos.
Sin embargo, la Corte consideró insuficientes estas actuaciones, debido a que el municipio se había limitado a cursar infracciones y remitir los antecedentes al Juzgado de Policía Local.
El fallo estableció que las denuncias correspondían a situaciones recurrentes y no a hechos aislados, por lo que la autoridad debía adoptar medidas efectivas para proteger a los residentes.
Asimismo, cuestionó que la municipalidad no hubiera cumplido adecuadamente su obligación de fiscalizar y comunicar las denuncias ambientales a los organismos competentes.
La Corte concluyó que esta omisión afectaba la integridad psíquica de los vecinos y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Finalmente, ordenó a la municipalidad fiscalizar el recinto, denunciar las infracciones ante los organismos competentes e informar al tribunal sobre las medidas adoptadas para terminar con las molestias.
