La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó responder en 10 días hábiles la solicitud de una profesora jubilada por la deuda histórica docente.
Corte de Apelaciones de Concepción / Agencia Uno
Una profesora normalista jubilada presentó en abril de 2025 una solicitud para acceder al pago de la deuda histórica docente, pero pasó más de un año sin recibir respuesta. Ante esta situación, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió su recurso y ordenó a la Subsecretaría de Educación pronunciarse en un plazo de diez días hábiles.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la mujer ingresó su petición el 6 de abril de 2025 mediante la plataforma institucional, buscando acceder al aporte único establecido en la Ley N°21.728.
Sin embargo, ante la falta de respuesta, reiteró su solicitud el 29 de septiembre del mismo año.
Pese a ambas gestiones, la autoridad no había comunicado si correspondía otorgarle el beneficio ni solicitado documentos adicionales para completar su postulación.
Frente a esta situación, la profesora presentó un recurso de protección contra la Subsecretaría de Educación, argumentando que la demora vulneraba sus derechos constitucionales y las normas que obligan a los organismos públicos a responder las solicitudes ciudadanas.
En su defensa, la Subsecretaría explicó que la jubilada figuraba en la primera nómina de docentes traspasados, pero que su caso continuaba en revisión para verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
Asimismo, señaló que había solicitado antecedentes a la Municipalidad de Concepción para comprobar si existían juicios o pagos anteriores relacionados con la deuda histórica.
La municipalidad entregó la información en enero de 2026, descartándose impedimentos por litigios previos. No obstante, la solicitud permaneció pendiente de una decisión definitiva.
Al revisar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Concepción recordó que la Ley N°19.880 establece un plazo máximo de seis meses para resolver procedimientos administrativos, salvo circunstancias excepcionales.
En ese sentido, el tribunal cuestionó que la autoridad mantuviera la petición “en un estado de indefinición e incertidumbre permanente”, pese al tiempo transcurrido.
También concluyó que la demora constituía una actuación ilegal y arbitraria que vulneraba la igualdad ante la ley, al impedir que la profesora recibiera una respuesta oportuna.
Finalmente, la Quinta Sala, integrada por los ministros César Panes Ramírez y Viviana Iza Miranda, junto al abogado integrante Maximiliano Escobar Saavedra, acogió el recurso y ordenó dictar una resolución fundada dentro de diez días hábiles desde que el fallo quede firme.
La decisión no garantiza el pago, sino que obliga a la Subsecretaría de Educación a determinar formalmente si corresponde conceder o rechazar el beneficio.
