La Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó detener los descuentos a una jubilada por una pensión de alimentos que había dejado de estar vigente.
Corte de Apelaciones de Valdivia / Agencia Uno
Una pensionada de Osorno continuó sufriendo descuentos mensuales de su renta vitalicia pese a que su obligación de pagar una pensión de alimentos había terminado en mayo de 2026. Tras recurrir a la justicia, la Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó a la compañía de seguros Confuturo detener las retenciones.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la mujer recibía una pensión de vejez bajo la modalidad de renta vitalicia inmediata, de la cual se descontaban fondos destinados al pago de alimentos en favor de dos beneficiarios, mediante una orden del Juzgado de Familia de Osorno.
Sin embargo, el 13 de abril de 2026, ese mismo tribunal aprobó un acuerdo entre las partes, que estableció el término de la obligación alimenticia a partir de mayo.
Posteriormente, el 8 de julio, el Juzgado de Familia de Osorno dejó sin efecto la retención judicial y ordenó comunicar la decisión a la aseguradora mediante correo electrónico. Ante la continuidad de los descuentos, reiteró la instrucción el 24 de agosto.
Pese a estas resoluciones, según denunció la pensionada, Confuturo siguió descontándole dinero entre mayo y septiembre de 2026. La afectada presentó entonces un recurso de protección para exigir que terminaran las retenciones y solicitar la devolución de las cantidades descontadas.
En su defensa, la aseguradora sostuvo que no tenía constancia de haber recibido válidamente las notificaciones judiciales. No obstante, manifestó su disposición a suspender los descuentos, sin reconocer que hubiera actuado ilegalmente.
Al revisar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Valdivia estableció que la obligación alimenticia ya había terminado y que las retenciones posteriores carecían de justificación.
En particular, señaló que la actuación de la compañía “no se ajusta a derecho, por carecer de causa los descuentos efectuados”, afectando el derecho de propiedad de la pensionada.
Respecto de la devolución del dinero, el tribunal aclaró que debía solicitarse ante el juzgado competente, mediante el procedimiento correspondiente, y no a través del recurso de protección.
Finalmente, la Segunda Sala, integrada por los ministros Karina Ormeño Soto y Germán Olmedo Donoso, junto con la abogada integrante María Isabel Ruiz-Esquide Enríquez, acogió la acción y ordenó cesar las retenciones vinculadas a la causa del Juzgado de Familia de Osorno.
