La Corte de Apelaciones confirmó el despido indebido de una trabajadora por atrasos reiterados y ordenó mantener una indemnización de $6,8 millones.
Corte de Apelaciones de Concepción / Agencia Uno
Una trabajadora que llevaba cuatro años en una empresa fue despedida el 5 de noviembre de 2025 tras acumular atrasos en su horario de ingreso. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó que la medida fue indebida y mantuvo la obligación de pagarle más de $6,8 millones en indemnizaciones.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el conflicto comenzó cuando la empleada recibió amonestaciones verbales y escritas por llegar tarde durante septiembre y octubre de 2025.
Posteriormente, registró nuevos atrasos los días 3, 4 y 5 de noviembre, situación que llevó a su empleador a poner término al contrato por incumplimiento grave de sus obligaciones.
Tras perder su trabajo, la mujer presentó una demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, que el 27 de abril de 2026 declaró indebido el despido y ordenó pagarle $839.524 por falta de aviso previo, $3.358.096 por años de servicio y $2.686.477 correspondientes al recargo legal del 80%, además de intereses y reajustes.
El tribunal reconoció que existieron atrasos reiterados, pero consideró que se concentraron en un período limitado. También estableció que, desde enero de 2024, la trabajadora había mantenido una asistencia regularmente puntual y cumplía adecuadamente sus funciones.
Otro antecedente relevante fue que la empresa acostumbraba tolerar un margen de aproximadamente diez minutos de atraso, aunque esa práctica no estuviera establecida formalmente.
Asimismo, no se acreditaron perjuicios concretos para el empleador. Aunque un testigo afirmó que los atrasos provocaron ajustes de personal y reclamos de clientes, otra trabajadora aseguró que no afectaron el funcionamiento del departamento de postventa.
En su sentencia, el juzgado concluyó que “resulta la sanción desproporcionada”, considerando los antecedentes laborales de la empleada y las medidas contempladas en el reglamento interno.
La empresa intentó revertir la decisión mediante un recurso de nulidad, cuestionando tanto la aplicación de la ley como la valoración de las declaraciones de los testigos.
Sin embargo, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por el ministro Rodrigo Cortés Gutiérrez y la abogada integrante Lorena Andrea Pérez Obreque, rechazó el recurso.
El tribunal sostuvo que el juez laboral había realizado “una adecuada valoración de la prueba rendida en autos” y descartó errores que justificaran anular la sentencia.
De esta manera, quedó firme la condena al pago de $6.884.097, más intereses y reajustes legales.
