La COP17 de Biodiversidad volvió a evidenciar las dificultades de los Estados para alcanzar acuerdos ambiciosos frente a la crisis ecológica. Los países reconocieron que lo avanzado hasta ahora es insuficiente para cumplir las metas 2030, que el financiamiento es insuficiente y los compromisos alcanzados resultan limitados frente a la urgencia de proteger la biodiversidad. Aun así, la decisión central de esta cumbre, deja un mandato claro: se deben reforzar los planes nacionales y cerrar la brecha de protección en los ecosistemas marinos y costeros.
Esto interpela directamente a Chile. Mientras el país proyecta internacionalmente una imagen de liderazgo en conservación marina, dentro de sus fronteras impulsa medidas que debilitan precisamente una de las herramientas más valiosas para proteger el borde costero: la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche.
Esta ley reconoce los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) y establece un mecanismo para resguardar los usos tradicionales de las comunidades en el borde costero. Sin embargo, las propuestas para modificarla, e incluso derogar, avanzan sin consulta indígena, en abierta contradicción con los compromisos asumidos por el Estado de Chile en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, del que forma parte.
Los ECMPO no son un privilegio. Son el resultado de años de lucha de nuestros pueblos por el derecho a habitar el borde costero, mantener nuestras prácticas y sostener firmas de vida que han cuidado el mar por generaciones. Protegen la pesca, la recolección de mariscos y algas, el tejido, el buceo y la artesanía que sostienen las economías familiares y locales. También protegen nuestros usos espirituales, medicinales y ceremoniales, porque nuestra relación con el mar no se reduce a lo que extraemos de él: nuestros pueblos mantienen una relación espiritual con el mar.
Nos preocupa que, mientras en los espacios internacionales se aplaude el aporte de los pueblos originarios a la conservación de la biodiversidad, en Chile nuestras propuestas sigan encontrando puertas cerradas. Desde la Red hemos transformado nuestros conocimientos en acción, rescatando prácticas y formas de gobernanza territorial, monitoreando el estado de las aguas y la biodiversidad. Sin embargo, estos procesos siguen enfrentando barreras políticas y falta de financiamiento que dificultan su continuidad.
Sabemos, desde la experiencia, que la conservación no se decreta en un papel: se construye todos los días en los territorios. Reconocer el aporte de quienes los habitamos exige garantizar nuestros derechos, fortalecer herramientas como los ECMPO y generar condiciones para sostener nuestras iniciativas.
También requiere decisiones nacionales que respeten los derechos de los pueblos originarios y fortalezcan nuestra participación en la toma de decisiones. Somos quienes habitamos estos espacios y vivimos directamente los cambios y perjuicios que afectan al borde costero. Históricamente, hemos asumido su cuidado y transmitido nuestros conocimientos y prácticas de generación en generación.
El cierre de la COP no es el cierre de nuestro trabajo. Seguiremos participando en estos espacios, haciendo seguimiento a los acuerdos y levantando nuestras propuestas en los territorios.
La conservación de la biodiversidad también se construye desde los territorios. Las organizaciones territoriales, las comunidades y los pueblos originarios impulsamos iniciativas de protección, monitoreo y defensa de los ecosistemas. A través de este trabajo contribuimos a conservar la biodiversidad y aportamos conocimientos fundamentales para su cuidado.
Reconocer este aporte exige garantizar nuestros derechos, fortalecer los mecanismos de protección territorial y asegurar las condiciones políticas y financieras necesarias para dar continuidad a estas iniciativas. Los compromisos que Chile asume ante el mundo deben traducirse en acciones concretas que respalden el trabajo de quienes cuidamos los territorios.
