Las autoridades de turno deberían explicar porque existen estas diferencias que no son menores y transparentar como pretenden avanzar en la debida implementación del SBAP.
Imagen referencial sobre áreas naturales protegidas - Agencia Uno
En septiembre del año 2023 finalmente se publicó la Ley N° 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). La aprobación de una regulación de estas características requiere de un informe financiero, el cual fue elaborado por el Ministerio de Hacienda, en el que se consigna cuanto será el financiamiento del Estado para la implementación de la Ley.
En este sentido es importante tener presente que, para que una regulación no quede en letra muerta es necesario que el ministerio a cargo elabore los reglamentos y además se disponga de los recursos comprometidos. En el caso de la Ley N° 21.600 esto es de alta complejidad, pues por una parte se está creando un nuevo servicio público (SBAP) y por otro lado un sistema nacional de áreas protegidas (SNAP) en el cual se reunirán zonas terrestres y marinas, o de aguas continentales, que han sido oficialmente declaradas en alguna categoría de área protegida, las que pueden ser públicas o privadas.
Pero volviendo al tema, el último informe financiero con que se tramitó la implementación de la Ley N° 21.600 en el parlamento, correspondió al IFS N° 252 de diciembre de 2022, en él se comprometieron recursos frescos para su puesta en marcha, es decir, que no estaban aún en el presupuesto de la nación. El informe antes señalado, establece que la implementación del SBAP y el SNAP se realizará de forma paulatina en un periodo de cuatro años.
Considerando que la ley se promulgó hacia fines de 2023, el primer año correspondería al 2024 y por tanto el último sería el 2027, por esta razón los recursos comprometidos varían hasta el cuarto año (2027), donde, según el lenguaje utilizado el nuevo Servicio entraría en régimen, lo que significa que, a partir del quinto año, el financiamiento se tendría que mantener relativamente estable.
Pues bien, según el IFS N° 252, para el año 2027 el presupuesto del SBAP debería ser del orden de $ 44.000 millones, de los cuales la mayor parte corresponde a gastos permanentes ($ 42.395 millones), es decir que se mantienen en el tiempo, y un monto cercano a los $ 1.529 millones a gastos transitorios. Sin embargo, si contrastamos lo comprometido con lo que realmente se ha ido asignando vía Ley de Presupuesto, claramente existe un déficit de financiamiento.
Solo a modo de ejemplo el Proyecto de Ley de Presupuesto actualmente en discusión define que para 2027 el SBAP contará con $ 22.304 millones, el problema radica en que el próximo será el año cuatro y por tanto el presupuesto asignado desde el Ministerio de Hacienda debiera ser aproximadamente $ 44.000 millones. Esto quiere decir que el SBAP y el SNAP, más allá de los discursos de las autoridades de turno, no cuentan con los recursos financieros para su plena implementación en el año 2027.
Si bien, con la llegada de la nueva administración existían ciertas aprensiones en relación a la protección del medio ambiente, como también respecto de la implementación de Ley N° 21.600, se requiere algo de paciencia y tiempo para ver cómo se desarrollan las cosas. Si hacemos un breve recuento de lo que ha ido ocurriendo en el año 2026 en materia de conservación de la biodiversidad, lo primero que salta a la vista es el retiro de los 43 decretos que ocurrió el 12 de marzo, de estos, 11 correspondían a reglamos de Ley N° 21.600, 9 a la creación de áreas protegidas y al menos 2 se relacionaban directamente con la conservación de especies. Luego vino la salida de profesionales que habían llegado a cargos directivos por el sistema de Alta Dirección Pública.
A esto le siguió el anuncio de la postergación en el traspaso de las áreas silvestres protegidas terrestres (ASP), que históricamente han sido gestionadas y administradas por CONAF, la cual estaba programada para mitad de año y se comprometió para marzo de 2027. Posteriormente se establecieron otros cambios a la Ley SBAP en la Ley de Reconstrucción N° 21.850, donde se amplió el plazo para la elaboración de los reglamentos para la implementación del nuevo Servicio. Y por último, tenemos el Proyecto de Ley de Presupuesto que evidencia con claridad que estamos en problemas, pues no se está implementando la Ley SBAP de acuerdo a lo comprometido en el parlamento.
A modo de reflexión es necesario señalar que, sin reglamentos y financiamiento adecuado, resultará muy difícil superar el déficit estructural en materia de conservación terrestre que tiene nuestro país y que están consignados en el Informe “Emergencia en el Financiamiento Público para Áreas Protegidas Terrestres en Chile” elaborado por Fundación Terram, pues más allá de que lo que señale el gobierno respecto al incremento de la partida 25, capitulo 04, programa 01, que corresponde al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, aún estamos muy lejos de alcanzar el presupuesto en régimen comprometido. En este sentido, las autoridades de turno deberían explicar porque existen estas diferencias que no son menores y transparentar como pretenden avanzar en la debida implementación del SBAP.
