Lo que se requiere es que el Gobierno invierta los M$11.000.000 destinados a infraestructura, contrate a la totalidad del personal comprometido para el SBAP, incluyendo los 570 guardaparques y, sobre todo, que elabore un programa financiero pensado, concreto, que considere aportes del Estado e instrumentos financieros suficientes, orientados a resolver en un plazo definido y plausible la brecha existente.
Imagen referencial sobre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas a Conaf - Agencia Uno
En 2023, a través de la Ley 21.600, la conservación de la naturaleza adquiría la estructura y profesionalismo que la OCDE había detectado como gran falla de nuestra institucionalidad ambiental. Se sabía que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas enfrentaba una brecha financiera que a 2030 iba a superar los M$ 110.000.000, por ello, la Ley incorporó más recursos y personal, como un esfuerzo para empezar a darle estabilidad al sistema.
En el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el SBAP crece un 21%, CONAF crece un 0,41% y la Subsecretaría decrece su presupuesto para estos temas en M$ 710.000. Cuando se mira con atención lo que hay detrás de tales cifras, lo que emerge no es un avance hacia la implementación del SBAP, sino pasos lentos que no apuntan en tal sentido, ni a corregir el déficit estructural. No es posible cambiar un problema estructural en un año, pero no se observa que el Gobierno haga un esfuerzo por empezar a llenar la brecha.
En el caso del SBAP —servicio en etapa de implementación— estamos recién en la mitad del camino hacia alcanzar su completitud. El componente permanente del presupuesto 2027 del SBAP equivale solo al 47% de lo que el Informe Financiero de la Ley N° 21.600 previó para su funcionamiento pleno. Tras cuatro años desde su promulgación, el servicio seguirá en implementación, con menos de la mitad de los recursos que la propia ley estableció como necesarios.
Por otra parte, surge una sombra de duda importante respecto de la contratación de los 570 guardaparques, con los que la Ley 21.600 busca llenar el vacío de administración de las áreas protegidas —un número no menor de las cuales no cuenta con personal. La Ley asigna, en régimen, M$ 23.836.274 al ítem de personal; el presupuesto 2027 considera M$ 14.226.291 en este ítem. La diferencia —casi M$ 9.610.000— es el saldo que debería cubrir, entre otros, a los guardaparques adicionales.
Se estima que el ingreso de guardaparques significaría, en términos brutos, alrededor de M$ 11.000.000 para financiarlos. El saldo hoy disponible alcanza solo para alrededor de 490 personas, siempre que se destinara la totalidad de dicho monto a guardaparques, sin contratar al resto del personal que necesita el servicio para llegar a su dotación base de 380 funcionarios.
Otra situación preocupante está en que el programa de áreas protegidas de CONAF crece un 0,41%, prácticamente nada. Pero el problema no es el presupuesto de este año, es la trayectoria de la última década del presupuesto de bienes y servicios, vale decir el ítem presupuestario que permite gestionar las áreas protegidas. Este ítem muestra una tendencia negativa que va a afectar severamente la operación del sistema de áreas protegidas con el traspaso de las áreas protegidas de CONAF al SBAP.
En 2010, el ítem presupuestario de bienes y servicios de ese programa de CONAF representaba el 27% del presupuesto total de áreas protegidas. Desde 2024, esa proporción está estancada en el 17%. Parte de la explicación parece estar en que otros programas de CONAF —en particular el de incendios— han prestado soporte al mencionado programa, suplementando esos reducidos montos. Esa solución informal ha funcionado hasta ahora.
Cuando las áreas protegidas se traspasen al SBAP, ese respaldo desaparecerá. En la situación en régimen, está planificado que los recursos de bienes y servicios del SBAP sean un 35% del total del presupuesto. Sin embargo, cuando se suma el presupuesto del programa de áreas protegidas CONAF, ese porcentaje baja a un 28%. Con este conjunto de recursos se busca cubrir no sólo la gestión de las áreas protegidas, que serán alrededor de 300 — casi 200 más que las que administra CONAF — sino también la gestión de instrumentos de conservación fuera de las áreas protegidas y la evaluación de impacto ambiental, tareas ambas que son intensivas en bienes y servicios. Un servicio con recursos de operación insuficientes no puede cumplirlas con la seriedad que la ley exige.
El SBAP heredará un sistema de áreas protegidas con un déficit operacional acumulado. Todos los estudios indican que la debilidad del presupuesto de bienes y servicios está en el corazón de la brecha financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El componente de operación —los recursos para que guardaparques, vehículos y equipos funcionen día a día y gestionen las áreas protegidas— concentra el 60% de esa brecha.
Por otra parte, esta debilidad es una amenaza concreta a la capacidad del SBAP para participar con eficacia en el SEIA y para implementar el sistema de conservación de biodiversidad fuera de las áreas protegidas que la ley comprometió.
En síntesis, el futuro financiero de las áreas protegidas se ve oscuro. Se requiere un programa sólido y creíble de mediano plazo que permita dar claridad financiera y operacional a la conservación de la biodiversidad. Es necesario dejar de plantear iniciativas periféricas, como señalar que la creación —vía GEF— de un fondo patrimonial de US$10,3 millones dará financiamiento estable a las áreas protegidas, en circunstancias que este, en un escenario de inversión moderado, aportarían alrededor del 1,4% de los recursos consignados en el presupuesto 2026 para tal fin. Tampoco caben planteamientos retóricos, como que es necesario que la conservación genere empleo para que sea sostenible.
Lo que se requiere es que el Gobierno invierta los M$ 11.000.000 destinados a infraestructura, contrate a la totalidad del personal comprometido para el SBAP, incluyendo los 570 guardaparques y, sobre todo, que elabore un programa financiero pensado, concreto, que considere aportes del Estado e instrumentos financieros suficientes, orientados a resolver en un plazo definido y plausible la brecha existente.
