Chile necesita un SERNAC fuerte, pero también asociaciones de consumidores capaces de investigar, denunciar y actuar judicialmente con independencia.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y la vicepresidenta de la cámara de diputados Ximena Ossandon realizan la entrega formal del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 en el Congreso Nacional. Créditos: Agencia Uno.
Durante las últimas semanas, la discusión del Presupuesto de la Nación para 2027 ha ocupado buena parte del debate político. Como suele ocurrir cada año, las prioridades del gasto público han concentrado la atención del Congreso y de distintos actores de la sociedad. Sin embargo, entre las numerosas partidas presupuestarias, hay una decisión que ha pasado prácticamente inadvertida y que debiera preocuparnos: la importante reducción de los recursos para la protección de los consumidores.
Mientras el proyecto contempla un aumento de los recursos del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), el Fondo Concursable destinado a las asociaciones de consumidores pasa de $621,9 millones a $314,8 millones, lo que representa una disminución del 49,4%. No estamos frente a un ajuste marginal, sino ante una decisión que amenaza con restringir significativamente la capacidad de acción de organizaciones que cumplen una función relevante en la defensa de los derechos de los consumidores.
Por supuesto, contar con un SERNAC dotado de mayores capacidades constituye una condición necesaria para enfrentar mercados cada vez más complejos. Sin embargo, su fortalecimiento no puede entenderse como un sustituto del trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil. Estas cumplen funciones complementarias a las del servicio público, pero poseen una característica especialmente valiosa para el sistema de protección de los consumidores: su independencia respecto de las autoridades políticas y de los intereses empresariales.
Gracias a esa autonomía, las asociaciones pueden identificar problemas que no necesariamente forman parte de las prioridades de la autoridad, desarrollar investigaciones propias, promover acciones judiciales y representar intereses colectivos sin depender de las decisiones de un gobierno. Debilitar su financiamiento significa, por tanto, restringir las posibilidades de que existan distintas voces capaces de supervisar el funcionamiento de los mercados y actuar frente a eventuales abusos.
Los recursos destinados a estas organizaciones tampoco pueden evaluarse únicamente desde una lógica de contención del gasto público. Su labor contribuye a equilibrar relaciones de mercado caracterizadas frecuentemente por profundas asimetrías de información y poder. Cuando un consumidor enfrenta a una gran empresa, difícilmente dispone de los mismos recursos, conocimientos o capacidades para defender sus derechos. Las asociaciones permiten reducir parte de esas desigualdades mediante la investigación, la información y la representación colectiva. Limitar sus posibilidades de actuación termina afectando, en consecuencia, a quienes necesitan de esa defensa.
A ello se suma la falta de claridad sobre el destino de determinados recursos provenientes de juicios colectivos. La Ley N.º 19.496 establece que ciertos montos no transferidos ni reclamados deben ingresar al Fondo Concursable de las asociaciones de consumidores. Los estados financieros del SERNAC registran $69.930.000 por este concepto durante 2025, pero la información revisada no permite identificar un incremento equivalente en el Fondo ni verificar con claridad el destino de esos recursos.
Aunque estos antecedentes no permiten concluir que exista una utilización irregular de los fondos, sí justifican exigir una explicación sobre su tratamiento presupuestario. El Ejecutivo debiera informar cuánto se ha recibido por concepto de remanentes desde la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.081, cómo se han contabilizado esos ingresos y de qué manera han contribuido al financiamiento previsto por la legislación. La transparencia sobre el destino de estos recursos resulta especialmente necesaria cuando, simultáneamente, se propone una reducción tan significativa del presupuesto destinado a las asociaciones.
El Congreso tiene hoy la posibilidad de corregir este recorte y exigir una rendición de cuentas que permita despejar las dudas existentes. La capacidad del país para proteger los derechos de los consumidores no puede medirse exclusivamente por los recursos asignados a su principal organismo público, sino también por las condiciones que permiten a otros actores participar de esa tarea con autonomía y eficacia.
Chile necesita un SERNAC fuerte, pero también asociaciones de consumidores capaces de investigar, denunciar y actuar judicialmente con independencia. Ambos objetivos son compatibles y necesarios para construir un sistema de protección que no dependa de un único actor institucional. Reducir prácticamente a la mitad el financiamiento destinado a estas organizaciones supone debilitar una dimensión indispensable de ese sistema, con consecuencias que no recaerán solamente sobre las asociaciones, sino también sobre los consumidores que requieren representación, información y mecanismos efectivos para hacer valer sus derechos.
