El trato que le damos a la infancia y adolescencia en el presente está construyendo no sólo su futuro sino nuestro futuro como sociedad democrática.
Imagen referencial de niños jugando / Crédito: Agencia Uno
Las rebajas de condenas por delitos sexuales contra niñas y niños, las dificultades que ha enfrentado la Comisión Verdad y Niñez y la falta de recursos para el programa Yo elijo mi PC plantean una pregunta urgente sobre el compromiso del Estado con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
La regresión en derechos es indeseable, en cualquier caso, pero más aún cuando se trata de los derechos de niñas, niños y adolescentes respecto al acceso a la justicia, a la protección, a la reparación integral y a la educación. La relación del Estado con la infancia y adolescencia debe contar con señales claras de respeto al interés superior del niño y debe existir coherencia entre lo declarado y lo realizado.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas proclama que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. En 1990, Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño y esto implica para el Estado la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos.
En días pasados el medio digital Interferencia dio a conocer una investigación que muestra que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó 56 decretos exentos que otorgan rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Según este mismo medio las solicitudes ingresaron al ministerio y este las acogió.
Sin embargo, la Ley N° 21.421, que modificó el año 2022 a la Ley N° 18.856, excluyó del beneficio a quienes cometieron delitos sexuales contra menores. La Defensoría de la Niñez denunció esta decisión como un retroceso para la protección efectiva de la niñez y para los derechos de las víctimas.
Por otra parte, la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez creada a fines de 2024 se formó con el mandato de entregar verdad, justicia y reparación respecto de las violaciones a los derechos humanos sufridas por niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección del Estado entre 1979 y 2021. Para esto debe generar recomendaciones de reparación integral para las víctimas de violación de derechos humanos en centros del Sename, justicia juvenil o residencias privadas en donde niñas, niños y adolescentes se encontraban en custodia del Estado.
En mayo de 2026 connotados integrantes de la Comisión presentaron su renuncia colectiva señalando que no existían las condiciones mínimas para continuar con su trabajo y que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos habían debilitado su funcionamiento y apuntaron a la desarticulación del equipo profesional, cambios en el modelo territorial y el deterioro de las condiciones para la toma de testimonios enfatizando que estaba en juego la confianza de personas que por primera vez estaban dispuestas a hablar sobre las vulneraciones sufridas siendo niñas, niños y adolescentes en protección del Estado.
Las personas expertas señalaron que este proceso constituye una tarea de Estado, más allá del gobierno de turno, por lo que estas acciones debilitaban la respuesta del Estado frente a una deuda histórica con la infancia y adolescencia. También posteriormente se presentaron cuestionamientos respecto a la autonomía con que la Comisión podía ejercer su labor. Esta Comisión es el resultado de los compromisos asumidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.
Finalmente, el Programa Yo elijo mi PC no cuenta con asignación de recursos en el Proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno. Esta iniciativa se ha mantenido durante 17 años beneficiando este año a 96 mil escolares. La medida afecta a estudiantes de séptimo año básico de establecimientos públicos y a alumnos focalizados de colegios particulares subvencionados incluidos estudiantes con necesidades educativas especiales que cursen séptimo año básico.
El Programa está dirigido a estudiantes prioritarios pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Registro Social de Hogares que da prioridad a niñas, niños y adolescentes que se encuentran dentro del 40% de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Los notebooks se entregaban a la infancia que no puede garantizar acceso a las herramientas necesarias para el estudio.
La explicación de dicha medida estaría en el bajo impacto que este programa tendría en los procesos de aprendizaje y deficiencias en su gestión. Ambos aspectos pueden abordarse sin que sean las y los estudiantes quienes terminen cargando con las consecuencias de estos déficits estatales.
El trato que le damos a la infancia y adolescencia en el presente está construyendo no sólo su futuro sino nuestro futuro como sociedad democrática.
