Según el ministro Arrau, el INDH ha manifestado reparos a la llamada Ley Naín-Retamal 2.0 debido a su mirada “ideológica”, cuestión que él denuncia en aras de la transparencia.
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Las armas y la violencia monopolizadas son asuntos demasiado delicados como para andar pidiendo y dando votos de confianza, sobre todo ante un pésimo prontuario.
Según el ministro Arrau, el INDH ha manifestado reparos a la llamada Ley Naín-Retamal 2.0 debido a su mirada “ideológica”, cuestión que él denuncia en aras de la transparencia.
Recordemos el problema. La original ley Naín-Retamal, hoy vigente, hizo algo sencillo pero decisivo: invirtió la carga de la prueba. Si alguien es gravemente lesionado en una manifestación o en un operativo policial por el disparo de un carabinero o de un miembro de las FFAA, se presume que lo ha sido legítimamente, en defensa propia, a menos que se pruebe lo contrario.
Que la víctima (o sea, quien recibe el disparo) deba probar que lo es corresponde a la llamada “legítima defensa privilegiada”. Este alegato de legítima defensa es privilegiado porque, a diferencia de la generalidad de estos casos, se cree al uniformado y su versión de los hechos. Se presume cierto lo raro, lo excepcional, contraviniendo un viejo principio jurídico que exige que lo anormal sea probado.
La interrupción voluntaria del embarazo no es una cuestión ajena al derecho internacional de los derechos humanos. Los órganos de Naciones Unidas han establecido estándares que vinculan su regulación y acceso con la protección de derechos fundamentales.
Así, el uniformado no debe probar. En cambio, un civil que alegue legítima defensa privilegiada debe, al menos y por ejemplo, probar que han tratado de entrar a su casa mediante fractura o escalamiento. Por eso, el uniformado es un privilegiado entre los privilegiados.
De esta forma, una víctima de agresión policial deberá probar cosas tales como que no agredió o que el uniformado no tenía una necesidad racional del emplear el medio efectivamente utilizado (hechos negativos, reconocidos en el mundo procesal como el paradigma de lo que no se puede probar). ¿El resultado? Un uniformado que actúa fuera de la ley tendrá una ventaja procesal sensacional que, con seguridad, le permitirá obtener una absolución.
Y la llamada versión 2.0 extenderá el privilegio al uniformado de franco. El riesgo de impunidad, ya exorbitante, ahora se incrementa. De ahí las críticas del INDH.
El ministro Arrau criticó a esta entidad alegando que tenía una mirada “ideológica que hay que transparentar”. Yerko Ljubetic le respondió con una inteligencia y educación encomiables. En mi caso, no soy tan inteligente ni debo responder con las cortapisas de la obligada diplomacia entre instituciones públicas. Su crítica me parece una estupidez. Refleja de una sola vez la forma en que él y la mayoría de su sector conciben a los derechos humanos.
Porque si hay algún espacio en el derecho donde la ideología queda fuera es precisamente este. Estamos en contra de la DINA, la CNI o el Comando Conjunto; y en contra de la KGB, la Stasi o la policía política castrista. Defendemos a quienes sean, sin preguntarnos si son de izquierda o derecha, ricos o pobres, empresarios u obreros. Esta universalidad e independencia de razas, condiciones, ideologías, comportamientos delictuales o creencias solo la entienden los que creen en los derechos humanos en serio.
Creer que la defensa de los derechos humanos es un problema ideológico es propio de ideologizados patológicos. Pero no esperaba mucho del ministro ni de su sector, que sigue minimizando las brutalidades de la dictadura militar, apoyando el ocultamiento de información, insistiendo en olvidar sin justicia, abogando por indultos de todo tipo en casos gravísimos de condenados por violaciones a los derechos humanos y aplaudiendo, hasta hoy, a un dictador brutal, sanguinario, ladrón y cobarde, para recordar la demoledora columna de Daniel Matamala. Eso es ideología.
Pedro Araya (PPD), senador hipotéticamente progresista, dice que los críticos confundimos los aspectos probatorios de la ley propuesta con los efectos reales de ella. Creo que el confundido es él, porque lo probatorio es el fundamento decisivo de las sentencias, que son, por definición, la aplicación real de una ley. Por eso Claudio Crespo fue absuelto; por eso lo que le ocurrió a Gustavo Gatica ha resultado impune. Ni más ni menos.
El objetivo de estas leyes es “otorgar certeza jurídica y respaldo a uniformados que repelen delitos o agresiones graves”. Pero si no hay que probar que realmente se defendía o defendía a otros, ¿cómo podremos saber si respaldamos a un uniformado que lo merece o a un violador de derechos humanos que incluso puede estar de franco? Sencillamente, no podremos.
Nos dirán: confiemos en nuestras policías, en el honor militar, en la vocación de servicio de los uniformados.
Yo diré: las armas y la violencia monopolizadas son asuntos demasiado delicados como para andar pidiendo y dando votos de confianza, sobre todo ante un pésimo prontuario.
Tengo la memoria frágil, pero, a vuelo de pájaro, puedo mencionar la matanza del Seguro Obrero, la Escuela Santa María de Iquique, Ránquil, Pampa Irigoyen, aviones bombardeando La Moneda, a golpistas muy uniformados, profesores degollados, jóvenes quemados con bencina, 30.000 torturados, más de 3.000 asesinados, montajes espantosos y mentiras dichas sin pestañear a las cámaras de televisión, cuerpos lanzados al mar, fosas comunes, un pacto de silencio que todavía tiene a tantos buscando a sus familiares, las bombas tronando en Buenos Aires o en Washington, los disparos en Roma, el gas sarín, las tertulias literarias de Mariana Callejas, el asesinato repugnante de Camilo Catrillanca y toda la represión hasta hoy de los mapuches, los 460 traumas oculares y casi todos impunes… ¿Un voto de confianza? Ni René Schneider, ni Carlos Prats ni José María Sepúlveda, asesinados los dos primeros y destituido el tercero, son quienes inspiran estas instituciones, que siguen mostrándose despectivas hacia los derechos humanos.
Más que pedir respaldos a la ley, deberían preocuparse de actuar siempre respaldados por ella. Fin de los problemas.
Para mí, el gran autor argentino Eugenio Raúl Zaffaroni tiene razón: la mayor organización criminal, la peor de todas las asociaciones ilícitas para cometer delitos, la que posee el mayor número de muertos, lesionados, torturados y desaparecidos es el Estado, incluso cuando se autoproclama “democrático”. Eso exige vigilancia estricta, no privilegios.
Para variar, aquí podemos ver cuán poco le importa a nuestra clase política, desde la derecha a la izquierda, proteger los derechos humanos de las personas. Un escaño bien vale una cuota de impunidad, ¿no, señores parlamentarios?
