Una destitución de su cargo por parte del presidente Kast o una acusación constitucional parlamentaria es lo que podría esperarle al ministro de Justicia.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, durante la comision de familia en la Cámara de Diputados y Diputadas
Agencia UnoEl ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta una creciente presión política luego que el Ministerio de Justicia dictara 56 decretos de rebaja de condenas para personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Del total, 29 corresponden a condenas por violación y 27 por abuso sexual.
Los decretos fueron emitidos entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, según los antecedentes revisados. La controversia se concentra en el criterio jurídico utilizado por Rabat para conceder los beneficios y en su decisión de mantener esa interpretación ante eventuales nuevas solicitudes.
La situación escaló este jueves, luego de que distintos sectores políticos plantearan desde la renuncia del ministro hasta la posibilidad de una acusación constitucional (AC). El diputado PS Daniel Manouchehri afirmó que sus equipos jurídicos estudian los antecedentes para determinar si existen fundamentos para impulsar ese mecanismo.
Rabat reconoció que inicialmente rechazó solicitudes de rebaja de condena correspondientes a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, señaló que modificó su criterio después de resoluciones judiciales dictadas durante marzo y abril.
"Yo lo rechacé también, pero atendidas las resoluciones que se dictaron en los meses de marzo y abril, modifiqué el criterio", afirmó el ministro.
Su argumento se relaciona con la Ley 21.421, publicada en febrero de 2022, que modificó las reglas de reducción de condenas y excluyó determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de los beneficios contemplados en la Ley 19.856. La norma también estableció una disposición transitoria para determinados casos cuyo comportamiento ya hubiese sido presentado a calificación antes de su publicación.
Rabat sostiene que la restricción no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de personas que cometieron los delitos antes de la entrada en vigencia de la reforma. Sobre esa base, afirmó que mantendría el mismo criterio ante nuevas solicitudes, mientras no exista un cambio legislativo.
"El 11 de marzo juré respetar la Constitución y la ley, y seguiría por lo tanto resolviendo estas cuestiones de la misma materia", señaló.
El ministro también aseguró que actualmente no existen solicitudes pendientes de esa naturaleza y que el Ejecutivo impulsará modificaciones legales para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.
La controversia aumentó después de las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien precisó que los decretos fueron dictados por el Ministerio de Justicia y no por el máximo tribunal.
El punto es relevante porque Rabat ha defendido las rebajas apelando a resoluciones judiciales que, según su interpretación, respaldan la aplicación de la normativa a condenados por hechos anteriores a la reforma de 2022.
Según Rabat, el presidente José Antonio Kast no conocía los casos específicos al momento de adoptarse las decisiones. Explicó que los decretos se dictaron mediante el mecanismo administrativo correspondiente al Ministerio de Justicia, aunque llevan la fórmula "por orden del Presidente de la República".
La presión política sobre Rabat aumentó durante las últimas horas. El diputado Daniel Manouchehri (PS) confirmó que sus equipos jurídicos están estudiando una eventual acusación constitucional contra el ministro.
El parlamentario sostuvo que la revisión busca determinar si la actuación del Ministerio de Justicia implicó dejar sin ejecución prohibiciones establecidas legalmente y si aquello podría comprometer la responsabilidad constitucional del secretario de Estado.
En paralelo, el diputado José Montalva (PPD) planteó que existen antecedentes para considerar una acusación constitucional y cuestionó la forma en que el gobierno ha respondido a la controversia. También sostuvo que, si Rabat cuenta con facultades para revertir las decisiones administrativas, debería hacerlo.
El diputado Héctor Barría (DC) tampoco descartó recurrir a una acusación constitucional. El parlamentario planteó que se evalúan distintas alternativas, desde ese mecanismo hasta cambios legales destinados a impedir nuevas rebajas de condenas en casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Hasta ahora, los antecedentes revisados dan cuenta de evaluaciones y anuncios políticos, pero no de una acusación constitucional ya presentada contra Rabat.
La eventual salida de Rabat por decisión presidencial y una acusación constitucional son mecanismos diferentes.
La Constitución establece entre las atribuciones especiales del Presidente de la República la facultad de nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado. Por esa vía, José Antonio Kast puede disponer directamente la salida del titular de Justicia.
La acusación constitucional, en cambio, requiere un procedimiento en el Congreso. La Cámara de Diputadas y Diputados debe conocer el eventual libelo y, si este avanza, corresponde al Senado resolver como jurado. En caso de una declaración de culpabilidad, el funcionario queda destituido.
