Entre marzo y septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia otorgó 27 rebajas por abuso sexual y 29 por violación, según una respuesta oficial.
Imagen referencial sobre niñez
Agencia UnoEl Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgó 56 rebajas de condena por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes durante los primeros seis meses del gobierno de José Antonio Kast, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026.
De acuerdo con los antecedentes publicados por Interferencia, 27 decretos correspondieron a condenas por abuso sexual y 29 por violación.
Las cifras figuran en el documento ORD. 7067, mediante el cual la Subsecretaría de Justicia respondió una solicitud de acceso a la información presentada por el medio. Durante el mismo período, el Ministerio rechazó una solicitud de rebaja vinculada a un caso de abuso sexual.
Según la investigación, las 56 rebajas se tramitaron directamente ante la cartera y se formalizaron mediante decretos exentos, sin recurrir a recursos judiciales para obtenerlas.
La Ley 19.856 regula la reducción de condenas para personas privadas de libertad que cumplen los requisitos legales de conducta sobresaliente. El beneficio contempla una rebaja de dos meses por cada año de cumplimiento efectivo de la pena, que aumenta a tres meses por año a partir de la mitad de la condena, conforme a las condiciones establecidas en la normativa.
La Ley 21.421, publicada en febrero de 2022, modificó este sistema y excluyó del beneficio a personas condenadas por determinados delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. La exclusión está definida por los delitos enumerados en la ley y contempla una excepción relacionada con la atenuante del artículo 73 del Código Penal.
La aplicación de esta reforma a delitos cometidos antes de su entrada en vigor plantea una cuestión jurídica distinta, vinculada a la irretroactividad de las normas penales desfavorables. Por ello, la fecha de los hechos y los antecedentes de cada condena resultan relevantes para evaluar las resoluciones.
La información que el ministerio dio al medio no especifica cuántos decretos corresponden a delitos cometidos antes o después de febrero de 2022. Tampoco permite establecer si la fecha de los hechos fue el fundamento considerado en cada resolución.
La investigación también consultó al Ministerio de Justicia sobre la cantidad de personas beneficiadas y la posible existencia de cambios de criterio, instrucciones o circulares internas respecto de administraciones anteriores. Según Interferencia, la cartera no había respondido al cierre de la publicación.
