Hay administraciones que gobiernan y otras que administran su relato. La del alcalde Sebastián Sichel en Ñuñoa parece de las segundas, y Contraloría acaba de dejarlo por escrito.
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El propio municipio reconoció ante el órgano contralor que lo publicado el 1 de octubre fue parcial; luego, es complejo llamar mentiroso a quien dijo que faltaban documentos.
Alcalde de Ñuñoa Sebastián Sichel. Créditos: Agencia Uno.
Hay administraciones que gobiernan y otras que administran su relato. La del alcalde Sebastián Sichel en Ñuñoa parece de las segundas, y Contraloría acaba de dejarlo por escrito.
La interrupción voluntaria del embarazo no es una cuestión ajena al derecho internacional de los derechos humanos. Los órganos de Naciones Unidas han establecido estándares que vinculan su regulación y acceso con la protección de derechos fundamentales.
Su Informe Final de Investigación Especial N° 518, de 2026 (30 de septiembre), elaborado por el Departamento de Fiscalización Municipal N° 1, revisó la evaluación y asignación de tres fondos comunales: el Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE), Corazón de Barrio y Ñuñoa + Segura. Concluye que el municipio solo pudo salvar parte de las observaciones del preinforme.
De acuerdo a Contrapoderchile, todo partió por la denuncia del concejal Andrés Argandoña por la asignación de $250 millones de los fondos concursables 2025, que dejó fuera a organizaciones históricas de la comuna.
Lo que halló la Contraloría fue lo siguiente (numerales del informe):
-Seis organizaciones (siete proyectos) sin directorio vigente (13.2.1) y dos con rendiciones pendientes (13.2.3).
-Siete proyectos de FONDEVE con pautas sin respaldo de los puntajes (14.1 y 14.2).
-Treinta proyectos de Corazón de Barrio y Ñuñoa + Segura sin acreditar viviendas o vecinos beneficiados, pese a que las bases lo exigían (14.3).
-Puntajes distintos para proyectos similares en pertinencia (Corazón de Barrio) y proyectos fuera del gasto permitido (Ñuñoa + Segura, 14.4).
-Cheques de 2025 que caducaron sin entregarse a las organizaciones (15.2).
Es decir, recursos públicos asignados sin directorios vigentes, sin rendiciones al día y sin respaldo de los puntajes. Todo clasificado como complejo (C). Contraloría, entonces, ordenó instruir un procedimiento disciplinario por eventuales responsabilidades administrativas y remitirlo a su Unidad de Seguimiento de Fiscalía en 15 días hábiles desde la recepción del informe. El plazo es para ordenar el sumario, no para concluirlo.
Sichel acusó a Argandoña de mentir y de calificar de “sospechosa” la asignación, y se querelló contra él y contra el medio de comunicación que en principio propaló esta noticia: Contrapoder (Josefa Barraza y Miguel Ángel Yáñez). El concejal fue condenado en primera instancia por injurias, con un año de firma periódica, pero la Corte de Apelaciones anuló el juicio; además, el proceso contra los dos periodistas está suspendido por un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Argandoña, a su vez, se querelló contra Sichel, acción que fue admitida en diciembre de 2025.
Asimismo, el propio municipio reconoció ante el órgano contralor que lo publicado el 1 de octubre fue parcial; luego, es complejo llamar mentiroso a quien dijo que faltaban documentos.
Cuando Contraloría auditó a la exalcaldesa Emilia Ríos (informe N° 742, de 2024), Sichel calificó lo detectado de “grave” y anunció querellas, mientras Ríos hablaba de fallas de orden menor. Hoy el informe habla de él.
Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la de la responsabilidad. El político responsable responde por las consecuencias previsibles de sus actos, no por la pureza de sus intenciones. Para Weber, la administración moderna se funda en reglas, expedientes y trazabilidad. Un municipio que adjudica $250 millones sin dejar registro de por qué un proyecto vale más que otro parecido no practica burocracia racional. Practica patrimonialismo con sello institucional.
Hannah Arendt describió la burocracia como el gobierno de “Nadie”, donde la responsabilidad se diluye hasta que nadie responde de nada. Ñuñoa ofrece su versión doméstica: pautas sin respaldo, puntajes sin explicación, cheques que nadie entregó y actas que aparecen cuando el daño político ya está hecho. Cuando Contraloría ordena un sumario, le está poniendo nombre y cargo a ese “Nadie”.
Un municipio que cometió tales errores y/o faltas debe ahora investigarse a sí mismo. Es pedirle al gato que audite la lechería. Y el gato, entretanto, siguió repartiendo: en agosto entregó otros $281 millones en fondos 2026 (12,5% más que el año anterior), con 110 proyectos adjudicados.
Finalmente, si el sumario termina archivado, Ñuñoa será lo que este informe retrata, es decir, una comuna donde los fondos de los vecinos se administran como si fueran de la casa particular de algunos.
