Hace algunos días conocimos el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 del gobierno, aquel que, fuera de todo contexto, fue presentado en un enorme maletín con llave, como si la situación del país estuviera para que las autoridades se dieran gustos con sus puestas en escena. La desocupación casi alcanza los dos dígitos; el propio gobierno estima que el crecimiento anual será de 0,7%, mientras que algunos analistas no se arriesgan a descartar que sea negativo. A estas alturas, ya poco sirve la excusa del mal trabajo del gobierno anterior; poco importa si es real o falsa.
Decir: “no conocíamos el nivel de desorden en las finanzas públicas” no paga las cuentas ni crea empleo. Lo que se aguarda es una solución, o, más bien, un conjunto de ellas. La que podría haber sido una gran herramienta para esto, el presupuesto de la república, no apunta en esa dirección.
En cuanto a los procesos institucionales que se avecinan, el proyecto de Ley de Presupuestos debe atravesar una tramitación legislativa que incluye el trabajo de las subcomisiones mixtas, la votación de la Comisión mixta de Presupuestos y, posteriormente, el paso por las salas de la Cámara y del Senado. El debate tiene un plazo de 60 días, que se cuentan desde que el proyecto fue ingresado; es decir, a fines de noviembre el proyecto debe ser despachado para convertirse en ley; de lo contrario, rige el texto presentado por el gobierno.
Si nos detenemos brevemente en los aspectos financieros del proyecto, vemos que el 1,5% de incremento real del que habla el ministro Quiroz se distribuye de forma selectiva y concentrada en un alza de infraestructura carcelaria para Gendarmería y financiamiento de Carabineros y PDI, en general, asuntos de “ seguridad pública ” (entre comillas, pues no queda claro qué es lo que entiende este gobierno por aquello, más allá de la represión). El financiamiento de obras públicas crece como parte de una posible estrategia para abordar la desocupación mediante el impulso de ocupaciones que suelen ser temporales y precarizadas.
Las caídas más severas se registran en el gasto corriente y en programas sectoriales, como el de tenencia responsable de mascotas o el de “Yo elijo mi PC”. El centro de investigación periodística (CIPER) dio cuenta de una de las dimensiones de los recortes: alcanzan los 34 mil millones de pesos en siete programas de ayuda a la infancia vulnerable, a niños en proceso de adopción y a recién nacidos. Como el medio citado indica, esto incluye programas que tienen una evaluación positiva. Entonces, cuando el gobierno señala “estar ordenando las finanzas” y “cortar programas mal evaluados”, solo está planteando argumentos para salir del paso.
Además, el proyecto de ley de presupuestos del gobierno solicita autorización para contraer deuda por hasta 25 mil millones de dólares, una cifra que supera el techo inicial pedido en ejercicios anteriores (en 2025 se solicitaron inicialmente 17.400 millones de dólares). Por lo menos, con esa deuda algo de gasto en nuevos programas sociales o contrataciones tendremos, pensará alguien desprevenido, pero no, no es así, la mayoría de ese nuevo techo de deuda se orienta a pagar obligaciones de deuda actuales, intereses y disminuir el déficit fiscal, según el propio gobierno.
En cuanto al empleo público, el proyecto de presupuesto contiene aspectos alarmantes: recorte de más de 4.000 horas docentes y reducción de la dotación, no busca crear nuevos cargos de planta ni contrata en el gobierno central, junto con restringir vacantes por retiro o renuncia y la revisión de más de 630 programas en 23 ministerios, lo que puede implicar que no se renueven contrataciones. En definitiva, la estrategia es que la dotación del Estado no crezca, al menos en la administración central, e inyectar recursos en las contrataciones indirectas mediante licitaciones de obras públicas.
Estamos frente a un presupuesto de desmantelamiento asistido del ya débil aparato de políticas sociales del Estado, amparado en una neutralidad que no es tal, basada en la tecnocracia que reza: “los programas que no funcionan no reciben un peso más” porque entender las causas aparentemente no sirve. Por ejemplo, si las familias más pobres no reciben un computador para sus hijos o hijas, podrán endeudarse y comprar uno en alguna tienda y si no pueden hacerlo, no es problema del Estado, según propone este gobierno.
Algunos de los criterios de efectividad o indicadores que se han planteado se basan en la rentabilidad económica y no en el problema social que buscaban resolver los programas recortados, mientras que el gasto en “seguridad pública” va más allá de los problemas específicos; es una clara forma de prepararse para la respuesta social, la mayor movilización y la protesta.
Así las cosas, lo que resta del periodo de gobierno se cruza con el plazo perentorio de aquella desafiante frase de campaña emitida por el entonces candidato José Antonio Kast, sobre el ajuste fiscal de 6 mil millones de dólares, cuando indicó en septiembre de 2025: “En 18 meses júzguenme y me piden el cargo”.
Considerando que asumió en marzo de 2026, a mediados del próximo año se cumplirá el periodo autoimpuesto por el ahora mandatario, pero lo más importante es que técnicamente la propuesta de presupuesto actual es una declaración de posible abandono de ese recorte (con el incremento de 1,5% real que se propone) y junto con esto, la convulsión social en estos seis meses de gobierno; con protestas cada vez menos discretas, con encuestas de opinión cada vez menos positivas y con indicadores económicos cada vez peores, dan cuenta que basta con que el gobierno impulse el espíritu de ese recorte, como lo está haciendo, para que el fracaso social de su propuesta se haga cada vez más evidente.
Ante este panorama, el reforzamiento de las fuerzas policiales da cuenta de un gobierno que apuesta a atrincherarse si sigue avanzando en el cumplimiento del recorte del gasto público y, de lo contrario, a resguardarse antes de que se le exija cumplir sus propias promesas si resulta pésimamente evaluado.
Dada la correlación de fuerzas favorable al gran capital y la extrema derecha, las que fueron promesas se convertirán en metáforas, como las llama el presidente, pero los efectos más críticos de estas políticas de desmantelamiento se traducirán en profundos y persistentes problemas para las familias de la clase trabajadora chilena, porque desde ahí todavía se puede exprimir más sudor en beneficio de quienes más tienen y donde cada recorte de gasto social impacta con mayor fuerza el día a día.
No se trata de programas mal gestionados, sino de una sociedad que está perdiendo con rapidez su ya debilitada cohesión y su capacidad para resolver los problemas por vías institucionales, y que es arrojada a la marginalidad y al desamparo, lo que da cuenta de una crisis que, a todas luces, aún no ha alcanzado su punto más crítico. En este contexto, es posible que las promesas incumplidas del presidente pasen a ser anécdotas y que la organización social para resolver los problemas se convierta en un imperativo.
