Los anuncios del Ejecutivo que definen la política presupuestaria para el año 2027 constituyen un escenario adverso para las 16 regiones del país. Desde el retorno a la democracia, se ha sostenido un sustantivo debate en torno a la modernización del Estado, enfocado en la descentralización del sistema político y en el otorgamiento de competencias a los gobiernos regionales para la conducción de sus procesos de desarrollo, sustentados en cada una de las Estrategias Regionales de Desarrollo como instrumentos rectores.
Del mismo modo, hace tan solo ocho años se concretó, tras más de dos siglos de historia republicana, la elección democrática de los Gobernadores Regionales. Resulta innegable que este hito representó un avance significativo en la democratización y modernización de la administración territorial a escala nacional. Sin embargo, hoy el presupuesto 2027 contempla una reducción directa de recursos para las administraciones regionales del país, cuyo recorte promedio se proyecta en un -8,62%.
La totalidad de las regiones experimentará una rebaja en sus ingresos presupuestarios dentro de un rango que oscila entre el -3,8% y el -10,8%. Entre los territorios más afectados, con reducciones superiores a los 10 puntos porcentuales, se encuentran las regiones de Coquimbo (-10,8%), Magallanes (-10,7%), La Araucanía (-10,6%), Los Lagos (-10,2%) y Ñuble (-10,7%). A este panorama restrictivo se adiciona la inflación proyectada para el ejercicio 2027, estimada por el Banco Central en un 3,1%.
Complementariamente, el análisis del comportamiento de la inversión regional revela un impacto aún más pronunciado, con un descenso promedio del -10,2%. Las mayores contracciones en el ítem de inversión se registran en las regiones de Arica y Parinacota (-12%), Ñuble (-11,9%), Coquimbo (-11,8%), Maule (-11,8%), Los Lagos (-11,7%), Atacama (-11,6%), La Araucanía (-11,5%) y Magallanes (-10%). A estas rebajas de presupuesto que impactan en regiones, también están las rebajas a los planes de zonas extremas en un -4,1%; los planes de desarrollo para territorios rezagados en -12,3% y el fondo de desarrollo de áreas metropolitanas en un -51,8%.
Los argumentos esgrimidos por el Gobierno Central para fundamentar estos recortes se centran en la necesidad de reasignar recursos hacia el sistema de obras públicas con el objeto de estimular la inversión y, por correlación, contener el desempleo en momentos en que las tasas de desocupación se aproximan a los dos dígitos a nivel nacional.
En la práctica, esta orientación implica substraer fondos a las regiones y recentralizar la toma de decisiones para definir, desde el poder central, las prioridades de inversión en infraestructura y su distribución territorial. Dicha premisa asume implícitamente la idea critica de una cierta incapacidad de los Gobiernos Regionales para gestionar sus presupuestos e invertir eficazmente, desconociendo y rehuyendo tres décadas de política pública orientada a la descentralización y su perfeccionamiento.
Esta orientación representa, indefectiblemente, un error de carácter estratégico no solo para el actual Ejecutivo, sino también para el desarrollo de las políticas de modernización del Estado en materia de descentralización y participación de las comunidades regionales en su propio devenir. En lugar de dar un salto cualitativo que permita enfrentar la crisis económica con fuerza desde los territorios, se incurre en un retroceso institucional que pone en entredicho la capacidad de dirección política de las regiones. Resulta imperativo mantener una postura de alerta frente al avance del poder central en perjuicio del desarrollo autónomo de las regiones.
