-¿Cuáles son las áreas más críticas que quedan desatendidas en este presupuesto?
Lo primero es lo que ha sido más mediatizado: la Ley Ricarte Soto, con una reducción de casi 15%, equivalente a cerca de 28.000 millones de pesos. Pero detrás de esa cifra hay 46.000 chilenos y chilenas afectados. No son solo personas mayores en la última etapa de la vida. Hay niños, niñas, adolescentes y personas en edad productiva que dependen de estos tratamientos.
La señal que entrega el Gobierno es que reduce los costos por un ajuste fiscal y no por una lógica sanitaria. Eso es cruel, eso es inhumano, es no ponerse en el lugar de estas personas y familias. Si este financiamiento no existiera, su economía estaría devastada: es un gasto empobrecedor.
La ministra declara que nos quedemos tranquilos porque los recursos van a estar. Pero lo que vemos es que, en 2026, la Ley Ricarte Soto está sobreejecutada y no se han hecho las transferencias para pagarles a los proveedores, que son quienes importan los medicamentos. No es solo reducir. Es también no comprometerse con quienes ponen a disposición del Estado chileno estos medicamentos de alto costo para enfermedades raras.
-Hay opiniones contradictorias sobre el rol de la ministra May Chomali en la defensa del presupuesto. Algunos dicen que logró que se recortara menos de lo estimado y otros, que es una cortina de humo. ¿Cómo lo evalúa?
Las declaraciones de intenciones de la ministra son positivas. Pero lo que vemos es que el poder que tiene hoy el Ministerio de Hacienda, con su ministro Jorge Quiroz, basta para doblegar lo que la ministra declara. Lo que hay es un ajuste fiscal que condiciona la acción asistencial y sanitaria del sector.
A nosotros nos preocupa más la intransigencia o la incapacidad que ha tenido el ministro Quiroz para reconocer los errores de este presupuesto. Hay otros ejemplos: el tema de los computadores en Educación, el tema medioambiental o la Ley Cholito. En todos ellos, las declaraciones del ministro Quiroz son contrarias a las de los ministros sectoriales.
Creo que ahí hay un tema de poder. Y pareciera que la ministra Chomali, que es una salubrista reconocida, no tiene esa capacidad de doblegar las intenciones o las cuadraturas de planilla Excel, como les llamamos nosotros, que está haciendo el ministro de Hacienda.
Hospitales, vacunas y “contrasentidos”
-Más allá de la Ley Ricarte Soto, se suman problemas como falta de insumos, de médicos y Cesfam sobrepasados. ¿Cómo vislumbra el futuro de la salud con este presupuesto?
Hay tres cosas preocupantes. Lo primero es que no podemos hablar de un fortalecimiento real de la red pública cuando hay 25 hospitales que recibirán menos recursos que el gasto proyectado para 2027. Los hospitales atienden cada vez a más personas, enfrentan mayores costos y deben responder a necesidades sanitarias crecientes. Ahí el personal es clave, y también las condiciones contractuales en que se desempeña.
Desde Fenpruss hemos insistido en que no se puede exigir mayor resolutividad a la red asistencial mientras se recortan recursos esenciales para su funcionamiento. Lo dijimos desde el 6 de abril, cuando nos opusimos con fuerza al recorte de 3% instruido en la circular número 12. Si bien finalmente fue de 2,4%, distintos decretos de apoyo nos han dado la razón: los recursos en salud no sobran. Se han tenido que inyectar recursos para mantener la operación de los establecimientos.
Otro punto importante es el recorte de 5,3% al plan de inmunizaciones. No podemos quedarnos en silencio cuando, a menos de cinco años de una pandemia, esto fue algo estratégico de lo que nos sentíamos orgullosos. Chile ha construido durante décadas una política de inmunizaciones que ha permitido prevenir enfermedades y salvar vidas. Estamos esperando los resultados de la vacunación contra el VPH, ligada al cáncer cervicouterino, y en eso no podemos retroceder.
La prevención es una inversión. Promover la salud no puede ser algo que dejemos de atender solo para responder a los tiempos de espera. Tiene que haber un equilibrio entre lo asistencial, que se da en los hospitales, y la prevención y promoción de la salud. Si no, retrocedemos en avances históricos.
-La inmunización contra el virus sincicial redujo a cero las muertes de lactantes. ¿Preocupa retroceder en avances como ese?
Ahí vamos a los contrasentidos, cuando uno ve posiciones ideológicas en un presupuesto: lo vemos en esto y en otros casos. Fuimos reconocidos como país por los resultados de esta campaña, que permitió no tener mortalidad infantil por esa causa durante 2025. Y es muy probable que lo repitamos en 2026.
Eso es un éxito, pero no depende solo de la vacuna como insumo. Depende de un equipo que sale a terreno a entregarla a quienes la requieren. El Estado cobra cara y cobra vida todos los días en los consultorios, en los hospitales y en los hospitales comunitarios, que son más de 100 en el país. Esas prestaciones benefician no solo al beneficiario directo, sino también a las familias, que así no tienen que recurrir de urgencia a los centros de salud.
Con la Ley Cholito pasa algo similar. Hace poco la Organización Mundial de la Salud nos reconoció por haber eliminado la rabia canina, y estamos retrocediendo en una política que favoreció eso.
Son los contrasentidos de un Gobierno que no se pone de acuerdo consigo mismo. Lo que vemos es una voluntad de empujar a toda costa una agenda ideológica, sin reconocer una política de Estado que trasciende a los gobiernos. El plan de inmunizaciones no comenzó en el gobierno pasado ni en el de Bachelet. Es un continuo en el que nos pusimos de acuerdo como país para combatir enfermedades prevenibles. Eso es un enfoque sanitario, no como ahora, donde una lógica fiscal presiona la acción sanitaria.
Estatuto Administrativo: “Modernizar sin precarizar”
-También se plantean reformas al Estatuto Administrativo y al empleo público. A menudo se discute desde caricaturas, olvidando que un funcionario público también es un médico en un Cesfam. ¿Qué riesgos ven en estas propuestas?
Son varios. Lo primero es que hay un alto riesgo, porque las caricaturas instalan un imaginario en la ciudadanía. En su momento se habló de “grasa del Estado” y de “parásitos”. Hoy se habla de falta de productividad o de sueldos sobredimensionados. Eso va instalando un malestar en quienes dependen de las funciones que desempeñamos.
Como Confederación Fenpruss hemos reconocido que el Estatuto Administrativo, tal como está, no se ajusta a los requerimientos del personal de salud. Representamos cerca del 50% de la dotación total del Estado. Sin embargo, nos rige un estatuto pensado principalmente para personal de oficina que trabaja de lunes a viernes, probablemente siempre en una misma función. En salud tenemos urgencias que funcionan 24 horas, unidades de cuidados intensivos e intermedios, y pabellones con otra lógica de funcionamiento.
Además, en el sector no existe una sola forma de estatuto. Está el estatuto de atención primaria, que rige solo para la salud municipal; las leyes médicas 15.076 y 19.664, y la Alta Dirección Pública. Conviven distintas formas de contrato, con distinto trato y distintas remuneraciones. Eso hace difícil avanzar en lo que hoy se requiere.
Creemos que se necesita una discusión seria, y estamos trabajando para ello en la Comisión de Salud del Senado. Pero nos preocupa que en esta discusión, que es de Estado, se deje afuera a los trabajadores: la CUT no fue convocada. También nos preocupa que se excluya a fuerzas políticas con una mirada propia, solo porque se las ve como rivales. Lo que hoy se requiere es fortalecer el Estado.
Se dice que hay que modernizarlo, pero esa modernización no puede significar precarizar lo que hoy tenemos. Lo que está aumentando dentro del Estado son las llamadas compras de servicios, una forma de contrato que no le reconoce absolutamente nada a las personas. No tienen derecho a enfermarse ni a vacaciones, ni acceso a bonificaciones de producción. Ni siquiera pueden ser calificadas por su jefatura.
Ese tipo de retrocesos no es tolerable en una sociedad que pretende modernizarse. Es volver a un Estado donde solo importaba la voluntad del jefe, sin equilibrio entre ambas partes. Lo vimos en la fallida reforma constitucional en seguridad, que buscaba entregarle facultades extraordinarias al Presidente. En el Estado no podemos entregarle facultades extraordinarias a una sola persona, en este caso las jefaturas, dejando a las y los trabajadores a la intemperie.
-¿Se puede proyectar que estos cambios deriven en profesionales con menos atribuciones, peores condiciones y que eso impacte en la atención de quienes se atienden en el sistema público?
Como organización no nos oponemos a discutir sobre modernización; creemos que es una oportunidad. Tenemos una propuesta de nueva carrera funcionaria que permita retener e incentivar el talento, con reglas claras de ingreso, de tránsito y de salida del sistema. Esta organización ha defendido por años que equipos fuertes permiten mejores resultados de salud. Equipos con reglas claras son más productivos y hacen más eficiente el gasto público.
Somos plenamente conscientes, y lo hemos declarado, de que hay excesos y abusos dentro de la administración del Estado. No estamos ajenos a eso; un ejemplo claro fue el de las licencias médicas. Pero no podemos usar fenómenos puntuales, que representan a minorías dentro de las dotaciones, para retroceder en garantías que hemos adquirido en el tiempo.
Hoy nuestro ingreso depende en un 60% de renta variable, asociada a indicadores de producción. La calificación ha sido puesta en entredicho, y creemos que podemos avanzar en eso. Pero también hay que reconocer que la evaluación de los usuarios cuando acceden al sistema es positiva.
Hay lugares difíciles de mejorar si no conversamos de manera seria. Las urgencias en Chile son lugares de alta congestión y requieren un abordaje distinto desde el Estado. Pero la gran mayoría de la producción en salud no se da en la urgencia ni en los pabellones, sino en el día a día. Se da en la atención primaria, en los hospitales comunitarios y en los centros de salud mental, los grandes postergados del proyecto de Ley de Presupuestos 2027.
Listas de espera y reformas pendientes
-¿Cómo está el ánimo entre las trabajadoras y los trabajadores, frente a la sobrecarga laboral, la infraestructura precaria, la falta de insumos e incluso la violencia que enfrentan?
Como te mencionaba, nuestro trabajo tiene características que deben reconocerse al discutir sobre empleo público. Tenemos que salir a disputar y a educar sobre lo que significa el trabajo público y contar con instituciones sólidas cuando se requieren. Las instituciones de salud son una red compleja presente de Arica a Puerto Williams, y también en Isla de Pascua, y requieren fortalecimiento. Las características territoriales hacen difícil unificar una sola forma de acceder a las prestaciones. Por eso creemos que podemos tener una voz para coordinar las correcciones que hoy necesita el sistema.
Nuestro mayor temor, sin duda, es que las condiciones que hoy conocemos se precaricen sin considerar las necesidades sanitarias reales del país. Hay fenómenos del mundo del trabajo que requieren ser abordados. Pero eso no puede ser el motor para retroceder en conquistas históricas de las y los trabajadores, que no se dieron por azar, sino por la organización colectiva.
Prueba de ello es la Ley AUGE o GES, que reconoció el derecho a la salud en un grupo de patologías. Tuvimos una opinión crítica, pero cuando uno entiende el momento político, igual se dispone a trabajar. El GES cumplió el año pasado 20 años y todos coinciden en que garantizó mejores condiciones de acceso a la salud.
Pero no es suficiente. La última gran reforma del sector fue en 2005, cuando se instaló el GES con algunas deficiencias. No había infraestructura suficiente: todavía quedan hospitales por normalizar y comunidades que pelean por sus hospitales, como en Ancud, Coronel o Lota. Las tecnologías en salud tampoco son las mismas en todo el territorio, y hoy más que nunca hay que avanzar en eso.
El cáncer es un flagelo que afecta a muchas personas. Valoramos que este Gobierno se haya propuesto atender a 33.700 personas que estaban postergadas. Pero las listas de espera en Chile alcanzan hoy cerca de tres millones de personas, entre primera consulta, diagnóstico y resolución quirúrgica.
Como profesionales creemos que podemos aportar a resolverlas. Para eso hay que reformar, por ejemplo, el Código Sanitario, para transferir competencias a enfermeras, matronas y kinesiólogos. También hay que reconocer que la salud mental es un flagelo tan importante como el cáncer, que afecta a personas de todas las edades y requiere equipos fuertes. ¿Por qué no incorporar a las trabajadoras sociales al Código Sanitario, si ya trabajan de manera permanente en los centros de salud mental?
En lo prehospitalario, en los SAMU, siguen los problemas con la reposición de ambulancias. Hay ambulancias que recorren cerca de 500 o 600 kilómetros en un mes trasladando personas a sus hospitales de referencia. ¿Por qué no ponernos de acuerdo para mejorar las condiciones de todo ese equipo? Eso también mejora la experiencia de las personas con el sistema de salud, cuyo rostro son las y los trabajadores.
Donde hay más insatisfacción es en las urgencias y en los centros de salud mental. Ahí se ven los episodios de violencia que muchas veces aparecen en la prensa. Pero, apagadas las cámaras, sigue la tensión con el usuario que busca una prestación y termina frustrado por no acceder a ella.
-Para cerrar, ¿qué mensaje le dejaría a la audiencia de El Desconcierto?
Primero, agradecer que El Desconcierto abra este espacio para que las y los trabajadores de la salud transmitan su posición. Como Confederación Fenpruss creemos que Chile enfrenta una discusión de fondo sobre salud pública y no queremos estar ausentes. Queremos que el Estado se fortalezca y se modernice, pero beneficiando a todos y todas.
Nos preocupa que se anuncien aumentos presupuestarios que no resuelven el déficit histórico de los hospitales. Al mismo tiempo, se abre un debate sobre empleo público que pone el foco en la ineficiencia del Estado y no en las capacidades que debemos fortalecer. Los resultados que hoy tenemos en salud son producto del esfuerzo diario de equipos en hospitales, Cesfam y centros de referencia.
Queremos que las personas comprendan que estas discusiones tienen consecuencias directas en su vida cotidiana si no se dan con la responsabilidad que corresponde. Cuando defendemos un presupuesto suficiente, empleo estable o condiciones laborales dignas, también defendemos que los pacientes reciban una atención oportuna, segura y de calidad.
Lo hemos dicho con claridad: defender la salud es defender a los chilenos y chilenas y sus derechos. También es defender un Estado fuerte y sólido, que durante mucho tiempo se puso de acuerdo, con más o menos ripios, para ser lo que hoy somos. Los retrocesos civilizatorios en la forma del trato no son tolerables hoy. Estaremos ahí para defender, primero que todo, la salud de los chilenos y chilenas, pero también a nuestros socios y socias, más de 22.000 a lo largo de Chile.
