Rumbo Colectivo y OPES cuestionan que la inversión pública solo crezca 1,6% y plantean un plan alternativo para elevar el PIB sin aumentar el déficit fiscal.
Presidente José Antonio Kast. Créditos: Agencia Uno.
Un reciente informe técnico elaborado por economistas de Rumbo Colectivo y el Observatorio de Políticas Económicas (OPES) analizó el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno concluyendo que los recursos destinados no son suficientes para reactivar la economía.
Una de las principales críticas al Presupuesto 2027 tiene relación con el uso que el gobierno le da al alza del precio de referencia del cobre.
Este precio es una estimación del valor promedio que tendrá el mineral en los próximos años y se usa para definir el límite del gasto fiscal. Es decir, el Estado gasta según lo que recibiría por el cobre en un escenario normal, dejando de lado las alzas y caídas pasajeras del mercado. Ese valor no lo fija el gobierno, sino un comité de expertos independientes.
Este año, el comité realizó el mayor incremento del precio de referencia desde que se creó la regla de balance estructural, en 2001. Por eso, los ingresos con los que el Fisco puede contar en 2027 subieron en $1,7 billones solo por el cobre, de un aumento total de $2,5 billones.
En la práctica, esto le abrió al gobierno un margen extra para gastar más o recaudar menos sin incumplir la regla fiscal, sin que mediara un esfuerzo propio.
La crítica de los economistas apunta a qué se hizo con ese margen. Más de un tercio de esos recursos provenientes del cobre, unos $602 mil millones, se destina a cubrir el costo de la Megarreforma tributaria, que rebaja impuestos.
“El problema es que el gobierno, cuando aprobó la megarreforma tributaria, decidió destinar de esa parte, de ese espacio fiscal que le abre el precio del cobre, destinarlo a darle beneficios tributarios a los más ricos, con la megarreforma tributaria”, explica el economista de Rumbo Colectivo, Pablo Jorquera.
El gobierno confía en que esa baja atraerá inversión privada y generará empleo. Los autores del informe advierten, sin embargo, que se está financiando una rebaja de impuestos permanente con un ingreso que depende del precio del cobre. Por lo tanto, si este baja en el futuro, la plata extra desaparece, pero la menor recaudación se mantiene.
Según el análisis, el proyecto no ayuda a reactivar la economía, en un momento en que cerca de un millón de personas está sin trabajo y la tasa de desocupación llega a 9,6%, la más alta en cinco años.
La principal señal está en la inversión pública, es decir, el dinero que el Estado destina a construir obras como hospitales, colegios o carreteras, y que suele generar empleo rápidamente. Esa partida crece solo 1,6%, menos que el gasto corriente, que es lo que el Estado usa para funcionar día a día (sueldos, servicios, beneficios) y que sube 2,9%.
A eso se suma una caída de 30,7% en los subsidios a la contratación, que son los aportes que entrega el Estado a las empresas para incentivarlas a contratar trabajadores.
El informe también revisó los recortes a programas públicos. De 286 programas analizados, 122 ven reducido su presupuesto en 10% o más. De estos, 52 no tienen malas evaluaciones en el sistema oficial de monitoreo del Estado. Según los autores, esto muestra que los recortes no siguen la evidencia sobre qué programas funcionan bien o mal.
Por último, los economistas apuntan a una contradicción con las promesas de campaña. El gobierno había anunciado un recorte del gasto fiscal de US$6 mil millones, pero el proyecto contempla un aumento de cerca de un billón de pesos. Según el análisis, no hubo un recorte, sino una redistribución: se reduce el gasto social y se aumentan otras áreas, como defensa y seguridad pública.
El informe también advierte que, con los parámetros actuales, el gobierno no podrá cumplir su meta de un déficit estructural de 1,5% del PIB en 2030. La propia Dirección de Presupuestos (Dipres) proyecta que ese déficit se ampliará hasta 2,8% del PIB.
Para alcanzar la meta solo con recortes, el gasto tendría que reducirse cada año en cerca de 0,5% del PIB, algo que, según el economista Nicolás Bohme de la OPES, es “técnica y políticamente inviable”.
Por eso, los autores concluyen que el ajuste fiscal dependerá de generar ingresos adicionales. “Como es imposible recortar el presupuesto y ya rebajaron sus ingresos, la pregunta (…) es ¿cómo hacemos la consolidación fiscal? Y para eso (…) la respuesta que tenemos hoy es volver a hablar de ingresos”, sostuvo Jorquera.
Con el fin de reactivar la economía, los autores del informe proponen postergar por un año las medidas de la megarreforma y destinar esos recursos en inversión pública aumentándola en 9,2%.
Según Bohme, esta propuesta tiene el potencial de, "en términos netos, elevar el crecimiento el próximo año en el orden de 0,3 puntos porcentuales de PIB".
Lo que se traduce en "un PIB 1.500 millones de dólares más alto que con el presupuesto que está proponiendo el gobierno y sin elevar el déficit fiscal".
Lo anterior combatiría en mayor medida la crisis del desempleo "porque podría crear del orden de decenas de miles de puestos de trabajo adicionales”.
