La propuesta reduce $28.207 millones para tratamientos de alto costo y $9.696 millones para inmunizaciones. La partida de Salud sigue en discusión parlamentaria.
Da inicio la tercera Subcomision Mixta de Presupuesto en la sala de sesiones del excongreso en Santiago
Agencia UnoEl Presupuesto de Salud 2027 enfrenta cuestionamientos por la reducción de recursos para la Ley Ricarte Soto y el Programa Nacional de Inmunizaciones. La discusión se concentra en el financiamiento de tratamientos para enfermedades de alto costo, la cobertura futura de pacientes y los recursos destinados a la prevención.
La propuesta contempla una disminución de $28.207 millones para la Ley Ricarte Soto, equivalente a un 14,5%, según las cifras expuestas durante la revisión parlamentaria. La normativa financia diagnósticos y tratamientos para enfermedades de alto costo.
La partida del Ministerio de Salud comenzó a discutirse el lunes 19 de octubre en la 3ª Subcomisión Mixta de Presupuestos. Debido a la extensión de las exposiciones, las intervenciones pendientes y las votaciones se postergaron para el martes 20 de octubre.
La controversia también alcanza al Programa Nacional de Inmunizaciones, cuya asignación registra una reducción propuesta de $9.696 millones. Ambas partidas forman parte del debate sobre la distribución de los recursos sanitarios para el próximo año.
La ministra de Salud, May Chomali, defendió la continuidad del financiamiento para los pacientes que reciben tratamientos mediante la Ley Ricarte Soto. Durante la discusión, explicó que el mecanismo utiliza el presupuesto fiscal anual y un fondo de reserva basal de $200 mil millones, creado por ley en 2019.
Según la autoridad, el fondo se ha utilizado progresivamente para cubrir las diferencias entre los recursos presupuestados y la demanda de tratamientos. También señaló que el aumento sostenido en el número de pacientes presiona el financiamiento disponible.
La ministra anunció que el gobierno trabaja en una propuesta para modificar la ley y hacer sostenible su financiamiento. Al cierre de las informaciones publicadas el lunes 19 de octubre, no se había precisado una fecha para el ingreso de esa iniciativa al Congreso.
La discusión distingue dos asuntos: la continuidad de los tratamientos contemplados en la cobertura vigente y la incorporación de nuevas patologías. La garantía ministerial sobre los primeros no significa una ampliación automática de la cobertura.
El proyecto presupuestario considera una reducción de $9.696 millones para el Programa Nacional de Inmunizaciones, destinado a las vacunas incluidas en la estrategia sanitaria pública.
Durante la revisión parlamentaria, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro Ibáñez, sostuvo que la disminución no implicará menos vacunas disponibles. La autoridad atribuyó el ajuste a una mejor planificación de las compras, la reducción de pérdidas y mejoras tecnológicas y de cobertura.
La explicación del Ejecutivo fue parte de la discusión sobre cómo compatibilizar la reducción presupuestaria con la continuidad de las campañas de vacunación. La propuesta todavía debía someterse a votación en la subcomisión.
El presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Rodrigo Rocha, cuestionó el recorte y advirtió sobre sus posibles implicancias para la prevención sanitaria. Su postura forma parte de las objeciones gremiales al proyecto y no constituye, por sí sola, una evaluación oficial sobre la disponibilidad futura de vacunas.
El proyecto del Ejecutivo contempla un aumento de 4,7% para el presupuesto de Salud, hasta alcanzar aproximadamente $18,3 billones. Sin embargo, el incremento ha sido cuestionado por parlamentarios y representantes del sector, quienes sostienen que la comparación presupuestaria no refleja necesariamente todas las necesidades financieras de la red pública.
En una entrevista con El Desconcierto, Rocha afirmó que el sector mantiene un déficit presupuestario cercano al 9,1%. El dirigente cuestionó la base utilizada para comparar el presupuesto de 2027 con el de 2026 y señaló que el gasto del año anterior no contemplaba algunos componentes, como el reajuste.
El presidente de Fenpruss también sostuvo que 25 hospitales recibirían menos recursos que el gasto proyectado para 2027. Esa cifra corresponde a su evaluación del presupuesto y no se presenta como un resultado de una auditoría independiente.
En el debate parlamentario, la senadora Karol Cariola cuestionó la presentación del aumento presupuestario y sostuvo que el gasto real se mantendría congelado. El senador Juan Luis Castro, por su parte, pidió votar por separado los recursos asignados a la Ley Ricarte Soto.
Los cuestionamientos se extienden a la atención primaria, las listas de espera y la eliminación propuesta de 77 glosas de información presupuestaria, utilizadas para el seguimiento parlamentario de compromisos ministeriales.
El proyecto de Ley de Presupuestos continúa su tramitación legislativa. El calendario oficial publicado por el Senado establece las siguientes etapas:
El calendario también fija plazos específicos para las indicaciones. Las correspondientes a glosas de información pueden presentarse entre el jueves 22 y el lunes 26 de octubre, hasta las 12:00 horas.
Para las indicaciones y solicitudes de votación separada ante la Comisión Especial Mixta, el plazo se extiende desde el lunes 26 de octubre, a las 13:00 horas, hasta el miércoles 28, a las 14:00 horas.
El plazo constitucional para el despacho total del proyecto vence el 29 de noviembre de 2026. Las fechas previstas corresponden a las distintas etapas legislativas y no significan que las asignaciones cuestionadas ya estén aprobadas.
La discusión de la partida sanitaria debe continuar en la subcomisión antes de avanzar a las siguientes instancias. El resultado de esas votaciones determinará cómo siguen su tramitación los recursos destinados a la Ley Ricarte Soto, las inmunizaciones y el resto del presupuesto del Ministerio de Salud.
