Coquimbo, Roma, Nepal, Barcelona, Santiago por mencionar algunas latitudes, nos obligan a mirar una realidad que algunos todavía prefieren negar: vivimos en un planeta sometido a una crisis climática que exige prevención, adaptación y responsabilidad política. No todos los desastres tienen la misma causa ni cada temporal puede atribuirse directamente al calentamiento global. Pero ignorar los riesgos climáticos no los hace desaparecer. La naturaleza no necesita permiso presidencial para recordarnos nuestra vulnerabilidad.
Lo ocurrido en Coquimbo o en San Carlos de Apoquindo abre preguntas incómodas sobre la planificación territorial, la protección de las quebradas y la gestión de las aguas. ¿Podrían determinadas medidas de mitigación haber reducido los daños? Eso debe establecerse mediante estudios técnicos. Lo que no admite discusión es que la prevención importa y que debilitarla sin explicar cómo se protegerá a la población constituye una irresponsabilidad que merece respuestas.
Y aquí aparece la contradicción del gobierno de Kast: mientras sus discursos convierten las regulaciones ambientales en obstáculos y a los ambientalistas en adversarios, su propuesta presupuestaria obliga a preguntarse qué lugar ocupa realmente la crisis climática entre sus prioridades.
Las cifras son elocuentes. La asignación específica para Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional baja de $717 millones a $293 millones en el proyecto de Presupuesto 2027, una reducción del 59,1%. La disminución merece una explicación pública: ¿cómo pretende el Ejecutivo cumplir los compromisos climáticos de Chile mientras reduce los recursos de una partida directamente vinculada con ellos?
Kast llegó al poder defendiendo una visión de Estado en la que la austeridad, la desregulación y la reducción de determinadas intervenciones públicas ocupan un lugar central. El problema comienza cuando esa receta se aplica sin considerar que existen funciones del Estado que no son un capricho burocrático: fiscalizar, prevenir, proteger los ecosistemas y anticipar riesgos también es gobernar.
El medioambiente no puede quedar subordinado a la idea de que todo obstáculo regulatorio es un enemigo del crecimiento. Un país no se desarrolla destruyendo las condiciones que sostienen su economía, su territorio y la vida de sus habitantes. Tampoco se vuelve más eficiente por ahorrar hoy en prevención para gastar mañana en reconstrucción.
La derecha que reduce el debate ambiental a una batalla ideológica debería responder una pregunta elemental: ¿quién paga la factura cuando falla la prevención? No suele pagarla únicamente quien tomó la decisión política ni quien obtuvo los beneficios económicos de una actividad. La pagan las familias que pierden sus viviendas, las comunidades que quedan aisladas, los trabajadores que dejan de percibir ingresos y los contribuyentes que financian las emergencias.
Por eso resulta tan peligroso desacreditar a las organizaciones ambientalistas. Su función no es complacer a un gobierno ni militar en una trinchera partidista. Su trabajo consiste en advertir, investigar, fiscalizar y exigir que las decisiones económicas consideren sus consecuencias ambientales y sociales. Presentarlas como enemigas del progreso es una manera cómoda de evitar el debate de fondo.
Si el gobierno considera que los recortes no perjudicarán la prevención ni los compromisos climáticos, que presente los antecedentes, los indicadores y las garantías correspondientes.
Porque los presupuestos también son declaraciones políticas. Cada cifra revela qué se considera urgente, qué se posterga y qué riesgos se está dispuesto a asumir. En plena crisis climática, reducir recursos destinados a la acción climática no es una decisión neutra: exige justificación, transparencia y rendición de cuentas.
Kast no puede gobernar como si la naturaleza fuera una molestia administrativa y la crisis climática una invención de sus adversarios. La naturaleza no vota por él ni por ningún otro candidato. Pero las políticas de un gobierno sí pueden determinar cuán expuestas quedan las personas ante sus consecuencias.
Chao ambientalistas, decía la consigna. La pregunta ahora es cuánto estamos dispuestos a perder antes de comprender que proteger el medioambiente no es una concesión ideológica, sino una responsabilidad pública. Porque cuando llega el agua, el barro o el fuego, los discursos no sirven de barrera. Y cuando la prevención se convierte en víctima de la ideología, la factura termina llegando a quienes nunca tuvieron poder para decidir.
