Cuando los mismos errores se repiten pese a las advertencias y la evidencia disponible, dejan de ser errores y se convierten en decisiones políticas que, tarde o temprano, pasan la cuenta.
Aluvión en Las Condes, afortunadamente, no dejó víctimas fatales - Agencia Uno
Cuando el desastre toca la puerta de los poderosos, hasta quienes cuestionan la intervención estatal exigen un Estado fuerte y respuestas inmediatas. La ironía comienza con un Gobierno que se autodenominó de emergencia, pero ha relativizado el cambio climático, al punto de que la propia naturaleza parece haberse convertido en su oposición oficial.
El granizo golpeó las puertas de La Moneda, mientras truenos, relámpagos y amenazas de tornados telonearon un discurso presidencial, como si la naturaleza hubiera decidido hacerse escuchar. Y vaya paradoja, mientras la ciencia lleva décadas advirtiendo sobre estas amenazas, Hacienda permanece ciega, sorda y muda ante la evidencia, proponiendo recortes presupuestarios en prevención.
El aluvión en Las Condes activó protocolos y movilizó recursos estatales en cuestión de horas. Una reacción necesaria que contrasta con las largas esperas por recuperación en regiones como Coquimbo, Tocopilla, Tarapacá y Arica, donde se hace sentir el centralismo.
En Alto Hospicio, familias del conjunto habitacional Doña Ángela llevan más de doce años desde el terremoto de 2014 esperando soluciones; algunas personas mayores podrían morir sin volver a casa. Allí, la espera es otra forma de despojo. ¿Debía llegar el desastre a Las Condes para instalar la gestión del riesgo en la agenda nacional? Las amenazas no distinguen clases sociales, pero la respuesta institucional sigue siendo miope ante las regiones.
Refresquemos la memoria. En septiembre de 2025, el entonces candidato José Antonio Kast cuestionó las guías ambientales por obstaculizar la inversión. Sin embargo, agilizar procedimientos no justifica desatender la evidencia científica ni debilitar la prevención. Los recientes aluviones reabren interrogantes sobre el financiamiento de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la coordinación institucional, las obras de mitigación y las deficiencias de alerta temprana, incluida la postergada implementación de una red nacional de radares meteorológicos.
En este escenario, el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 propone recortes reales del 60,32% en compromisos climáticos, 54,47% en Calefacción Sustentable, 19,40% en fiscalización ambiental y 6,4% en Ciencia. Además, elimina la glosa específica del Acuerdo de Escazú, tratado que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.
A ello se suman un recorte nacional propuesto del 7% a los gobiernos regionales y una reducción nominal del 30,6% en el programa de gestión del riesgo de SENAPRED, equivalente a $257,9 millones, pese a las advertencias de Contraloría sobre la precariedad de sus recursos. Hacienda puede reajustar partidas, pero no eludir las obligaciones del Estado. Recortar en prevención hoy puede multiplicar los costos de futuros desastres.
Existe otra emergencia invisible en los balances gubernamentales. ¿Qué ocurre con la salud mental durante y después del desastre? El trauma psicosocial afecta el bienestar, los vínculos comunitarios y la confianza institucional. Sus consecuencias pueden manifestarse antes del impacto, cuando las vulnerabilidades aumentan la exposición; durante el desastre, entre miedo y respuestas inmediatas; y después, cuando las pérdidas dificultan recuperar la cotidianidad.
Ante emergencias recurrentes, estas etapas se superponen, prolongan el estrés y pueden alterar la regulación del cortisol. No hay cuerpo que resista un estado de alerta permanente, ni Gobierno que pueda completar su mandato improvisando de una crisis a otra.
La emergencia no termina cuando deja de llover ni cuando se limpia el barro. Sus huellas persisten en los cuerpos, los vínculos comunitarios y las vidas que aún intentan reconstruirse. La resiliencia no es un impermeable contra la negligencia institucional, ni la solidaridad comunitaria puede seguir siendo el nylon que cubre las ausencias del Estado.
Siete meses después de asumir, las dificultades de coordinación y conducción política del Ejecutivo plantean dos preguntas inevitables: ¿quién escribe el libreto de emergencia y por qué nadie parece revisarlo cuando las respuestas fallan? Cuando los mismos errores se repiten pese a las advertencias y la evidencia disponible, dejan de ser errores y se convierten en decisiones políticas que, tarde o temprano, pasan la cuenta.
Octubre ha transcurrido entre emergencias, precisamente en el mes en que conmemoramos la salud mental y la reducción del riesgo de desastres. Entretanto, diez comunas permanecen bajo Alerta Roja y la protección de las comunidades no puede seguir dependiendo de decretos ni de la atención mediática que despierte cada tragedia, como si la prevención pudiera esperar otro reajuste presupuestario.
A su vez, la memoria del 18 de octubre de 2019, cuando las calles exigieron dignidad, nos recuerda que el malestar social no desaparece con el tiempo. En esta primavera chilena, donde florecen más desastres que certezas, las promesas de campaña se marchitan y comienza a florecer la indignación.
