En un país con desempleo alto y brechas educativas persistentes, la pregunta no debiera ser cuántos profesores sobran, sino cuánta educación pública estamos dispuestos a perder para que las cuentas cierren.
Imagen referencial de sala de clases.
Chile tiene casi un millón de personas buscando trabajo y una tasa de desempleo de 9,6%. En ese contexto, el Gobierno prepara un ajuste sobre la educación pública que puede sacar del sistema el equivalente a 1.505 docentes y al menos 1.288 asistentes de la educación. En total, 2.793 puestos de trabajo quedan bajo la sombra del recorte.
Mientras se habla de reactivación y creación de empleo, desde los propios servicios educativos del Estado se prepara una contracción de puestos de trabajo. Para quien deja de recibir un sueldo, el nombre es bastante menos técnico: cesantía.
Un profesor cuyo contrato termina y no se renueva queda desempleado. Un asistente cuya plaza desaparece pierde su trabajo. Un docente al que le reducen horas pierde ingresos y estabilidad. Por eso, reducir esta discusión al número formal de “desvinculaciones” es esconder bajo una categoría administrativa algo mucho más sencillo: estamos hablando de menos empleo en la educación pública.
De los 36 SLEP que ya tenían topes de dotación tanto en 2026 como en el proyecto para 2027, a 24 se les reducen las horas docentes y a 25 el máximo de asistentes de la educación. Al contrastar esos nuevos límites con las dotaciones existentes, 31 servicios quedan por encima de al menos uno de los máximos. La brecha llega a 59.195 horas docentes y a 1.288 asistentes.
El argumento utilizado para justificar el ajuste es la existencia de “sobredotación”: más horas o trabajadores que los máximos que permite financiar el sistema. Pero hay un dato que cambia bastante esa discusión. En 11 SLEP parte de esa sobredotación no existía bajo el límite anterior; aparece porque el Proyecto de Presupuestos 2027 baja el máximo permitido. No estamos hablando solamente de corregir excesos heredados. En algunos servicios, es el nuevo techo presupuestario el que transforma una dotación hasta ayer permitida en una dotación considerada excesiva.
La palabra “sobredotación” parece neutra, pero no lo es. Sugiere exceso, desorden, algo que sobra y debe eliminarse. Sin embargo, cuando el exceso aparece porque Hacienda mueve la línea, la discusión deja de ser meramente técnica y pasa a ser política. Primero se redefine cuántos trabajadores está dispuesto a financiar el Estado; después se denomina excedente a quien queda fuera de ese nuevo límite.
La frase del ministro Jorge Quiroz —“No confundamos el derecho a educar con la obligación de emplear”— condensa bien esa mirada. Nadie discute que el Estado deba administrar responsablemente sus dotaciones. Pero una planilla puede contabilizar trabajadores; no puede medir por sí sola todo lo que desaparece cuando esos trabajadores salen del sistema. La educación pública la sostienen profesores, asistentes, educadoras diferenciales, equipos PIE, inspectores y profesionales de convivencia, muchas veces en territorios donde la escuela sigue siendo una de las expresiones más concretas de la presencia del Estado.
La educación pública enfrenta tensiones estructurales. La caída demográfica obliga a repensar parte de la red escolar, mientras el nuevo sistema todavía debe consolidar capacidades, responder a desigualdades territoriales y absorber déficits de larga data. Pero la respuesta no puede ser despoblarla de quienes la construyen cotidianamente para hacer cuadrar la caja. La escuela pública atiende ruralidad, pobreza, discapacidad, violencia, migración y desigualdades que no desaparecen porque nazcan menos niños.
La salida, entonces, no puede ser simplemente recortar. Si la caída demográfica obliga a reorganizar la educación pública, esa transición debe hacerse desde criterios pedagógicos y territoriales, no solo presupuestarios: movilidad de trabajadores entre establecimientos, fortalecimiento de apoyos donde existen mayores necesidades, mecanismos de retiro que eviten convertir el ajuste en cesantía y una discusión seria sobre cómo usar una menor matrícula para mejorar las condiciones de enseñanza.
Menos estudiantes también puede significar cursos menos hacinados, más apoyo a la inclusión, mejores condiciones para recuperar aprendizajes y mayor presencia del Estado en territorios postergados. Hay muchas maneras de enfrentar una matrícula decreciente. La caída demográfica no puede convertirse en la coartada para debilitar la educación pública. .
La discusión de fondo, por tanto, no es si todo puesto debe conservarse para siempre. Es qué decide proteger el Estado cuando llegan los tiempos de ajuste. En un país con desempleo alto y brechas educativas persistentes, la pregunta no debiera ser cuántos profesores sobran, sino cuánta educación pública estamos dispuestos a perder para que las cuentas cierren.
