El análisis detectó disminuciones en más de la mitad de los ítems examinados, con bajas en cuidado alternativo, adopción, becas estudiantiles y justicia juvenil.
El Defensor de La Niñez, Anuar Quesille, en el Palacio de La Moneda
Agencia UnoLa Defensoría de la Niñez advirtió que 102 de las 197 asignaciones presupuestarias destinadas directamente a niños, niñas y adolescentes disminuyen en el proyecto de Presupuestos 2027, pese a que el gasto total analizado aumenta un 0,81% respecto del presupuesto ajustado de 2026.
El análisis del Observatorio de Derechos de la institución identifica 63 asignaciones con aumentos y otras 32 que se mantienen en niveles similares. Entre las principales reducciones figuran el cuidado alternativo, los programas de adopción, el diagnóstico especializado, las becas estudiantiles y el gasto en personal de centros de justicia juvenil.
La evaluación considera dos bases de comparación para 2026: el presupuesto ajustado durante su ejecución y una estimación del presupuesto original, sin las modificaciones posteriores. La elección de una u otra metodología modifica los resultados y, por ello, la institución plantea la necesidad de transparentar los criterios utilizados para evaluar los cambios.
Uno de los hallazgos del análisis es una disminución cercana al 7% en el financiamiento conjunto del cuidado alternativo, que comprende prestaciones ejecutadas directamente por el Estado y aquellas desarrolladas por organismos colaboradores.
En particular, los recursos destinados al cuidado alternativo ejecutado por colaboradores disminuyen un 12,06%.
El programa de Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia registra una reducción estimada de 28,52% respecto del presupuesto original de 2026. Sin embargo, al compararlo con el presupuesto ajustado de ese año, la baja alcanza un 0,67%.
El informe también identifica una disminución cercana al 59% en los recursos destinados a programas de adopción. La Defensoría plantea la necesidad de examinar la justificación de esta variación considerando la implementación de la nueva legislación en la materia.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que el debate presupuestario debe considerar los efectos de las variaciones sobre quienes reciben las prestaciones, especialmente en materia de continuidad de la atención, cobertura y estándares de calidad.
"Cada disminución debe estar debidamente fundamentada y contar con alternativas cuando corresponda".
En educación, el análisis constata una disminución cercana al 72% en las asignaciones examinadas de Becas y Asistencialidad Estudiantil, explicada principalmente por la eliminación del financiamiento del Programa de Becas de Acceso a TIC.
También identifica una reducción cercana al 31% en Mejoramiento de la Calidad de la Educación, respecto del presupuesto ajustado de 2026. Esta categoría comprende iniciativas vinculadas con educación técnico-profesional pública, aprendizaje del inglés y liceos emblemáticos.
El documento incorpora, además, antecedentes de Educación 2020 sobre una reducción prevista de horas docentes y de asistentes de la educación en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Según la estimación de esa organización, la medida tendría impacto en 1.888 docentes y 1.884 asistentes.
Frente a estos antecedentes, la Defensoría plantea que las variaciones de matrícula y la disminución de la natalidad no deben traducirse automáticamente en una reducción de los estándares educativos. Entre las alternativas que propone evaluar está disminuir la cantidad de estudiantes por aula.
En justicia juvenil, el análisis identifica una reducción de entre 7,7% y 12,3% en el gasto de personal de los centros de administración directa, según la base de comparación utilizada.
La Defensoría advierte que esta variación requiere especial evaluación mientras se discute una reforma a la responsabilidad penal adolescente que podría aumentar la población privada de libertad.
El informe plantea la necesidad de considerar ese escenario en la evaluación de los recursos destinados a estos centros, sin presentar como seguro un eventual incremento de la población atendida.
Otro punto señalado por la institución es la ausencia, en el proyecto de Presupuestos 2027, de la glosa que establecía la elaboración de un informe anual sobre inversión y gasto público en niñez y adolescencia. Ese trabajo estaba a cargo de la Subsecretaría de la Niñez y la Dirección de Presupuestos, con el aporte de Unicef Chile.
La Defensoría dice que mantener ese mecanismo permitiría dar continuidad al seguimiento de la inversión pública y al cumplimiento de los principios de prioridad, progresividad y no regresividad de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En el marco de la discusión presupuestaria, la institución solicitará al Ministerio de Hacienda transparentar las comparaciones entre el presupuesto original y el ajustado de 2026, además de fundamentar los efectos previstos de las disminuciones sobre la cobertura y calidad de las prestaciones.
Junto con las organizaciones especializadas que integran la Mesa de Trabajo sobre Presupuesto y Niñez, la Defensoría continuará analizando el proyecto para aportar antecedentes al Congreso Nacional y a la ciudadanía durante la discusión de los recursos para 2027.
