La Defensoría de la Niñez emitió una declaración pública este miércoles en la que informó la presentación de una querella por homicidio calificado contra los responsables de la muerte de un adolescente de 14 años ocurrida en Arica.
Además, anunció acciones judiciales y administrativas por la difusión indebida de datos sensibles de la víctima en la prensa.
Según el organismo, tomó conocimiento de los hechos a través del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Inmediatamente solicitó mantener reserva del caso para proteger la identidad y dignidad del menor y evitar riesgos asociados.
“Haciendo uso de sus facultades legales, la Defensoría presentó una querella por el delito de homicidio calificado, acción que fue declarada admisible el lunes 2 de marzo por el tribunal competente”, detalla el texto.
La institución expresó “preocupación” por la filtración y difusión de información sensible en medios de comunicación, particularmente en un reportaje de Canal 13 emitido el lunes 2 de marzo.
En esa cobertura se habrían revelado la imagen, nombre completo, datos personales y situación del adolescente dentro del sistema de protección.
“Desde la perspectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes, este tipo de exposición constituye una vulneración grave a su derecho a la vida privada, a la honra y a la dignidad, que deben seguir siendo respetados tras su lamentable fallecimiento”, señala la Defensoría.
Por estos hechos, el organismo presentará una denuncia ante el tribunal de garantía que conoce la causa, solicitando medidas inmediatas de resguardo y que se remitan los antecedentes al Ministerio Público para investigar la eventual filtración de información reservada.
Adicionalmente, interpondrá una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por la difusión de contenidos que podrían vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría cerró reafirmando que “incluso en contextos de extrema gravedad y conmoción pública, la protección de la identidad, dignidad y derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas debe ser una prioridad absoluta”, tanto para las instituciones del Estado como para los medios y la sociedad.
