El patrimonio no es un acontecimiento aislado, sino una mirada que debe estar presente en la planificación de ciudades y territorios.
Imagen del centro de Santiago - Agencia Uno
El patrimonio no es un fin en sí mismo. Es un proceso cultural y el punto de partida de una serie de asuntos sociales y políticos. Es también materia de debate y contingencia, muy ligada a las comunidades y territorios que lo reconocen, lo valoran, lo resignifican y se comprometen con él.
En las ciudades, el patrimonio es una madeja que, al desenredarse, evidencia diversas complejidades: materiales, sociales y culturales, tensiones y conflictos, y cruces con materias que van desde la educación y el cambio climático hasta la política pública y la planificación urbana.
Por eso, en el Día Mundial del Urbanismo vale la pena preguntarse qué lugar ocupa el patrimonio en la planificación de nuestras ciudades. En 2014 se promulgó la actual Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), que hizo de “Identidad y Patrimonio” uno de sus cinco ámbitos temáticos.
Su propósito es orientar el desarrollo urbano según la historia e identidad de cada cultura y localidad, para que las ciudades reflejen el sentido de pertenencia, los valores y la cultura de sus habitantes. La Política entiende el patrimonio como un bien social, formado por las obras y manifestaciones de personas y comunidades y por su entorno natural. Por eso incluye el patrimonio construido, el paisaje y las expresiones intangibles.
La PNDU partió de un diagnóstico crítico: la protección legal no venía acompañada de mecanismos de gestión ni de financiamiento, y la conservación era deficiente. No es un problema menor. De hecho, según datos levantados por Nupats en seis ciudades chilenas, cerca de la mitad de los inmuebles con protección patrimonial está en manos privadas, lo que suele limitar su protección efectiva.
La política propone pasar de solo proteger a conocer, valorar y gestionar activamente el patrimonio. Para ello plantea registros, incentivos y compensaciones a propietarios, adaptación a nuevos usos, participación de las comunidades e integración en los instrumentos de planificación territorial.
Aunque la PNDU define el patrimonio de manera amplia, al ordenar sus objetivos separa el entorno natural, la identidad y el patrimonio cultural, cuando todos ellos debieran abordarse de manera integral, su aporte es significativo: el patrimonio deja de verse como una restricción y pasa a ser un recurso que hay que preservar y potenciar para mejorar la calidad de vida urbana.
El patrimonio no es un acontecimiento aislado, sino una mirada que debe estar presente en la planificación de ciudades y territorios. Mientras avanza la nueva Ley de Patrimonios, que garantizará una gestión más efectiva, la PNDU es el marco general para pasar de “proteger” a “gestionar” un patrimonio sostenible e integrado a la planificación urbana. Y a más de una década después de su promulgación, sigue abierto el desafío de cómo encauzar esta política para que su enfoque se haga realidad en nuestras ciudades.
