La democracia no consiste en que todos creamos lo mismo, sino en que nadie tenga que renunciar a lo que cree para poder construirla.
El Capitolio de Estados Unidos
Agencia EFEEscribo esta columna aprovechando el reciente éxtasis progresista, a propósito de los resultados electorales en Estados Unidos. Espero que, al calor de las reflexiones que vendrán, tengamos también la disposición de observar con celo nuestras propias contradicciones. Porque celebrar los avances ajenos suele ser más sencillo que revisar los prejuicios que habitan en filas.
Soplan vientos favorables para quienes entendemos la fe y la política como dimensiones que pueden reclamarse mutuamente. Una de mis experiencias más enriquecedoras ha sido observar la connivencia que alcanza la diversidad de expresiones de fe —incluidas las no teístas— cuando se encuentran y dialogan de brazos abiertos. Hay algo profundamente democrático en reconocer que no necesitamos compartir convicciones para construir un horizonte común.
El diálogo interreligioso es una herramienta para fortalecer la democracia, aunque no siempre lo hayamos entendido así.
Durante la Revolución francesa, la guillotina se convirtió en el símbolo brutal de una transformación política que sentó las bases del pensamiento occidental. Sin embargo, aquel proceso también conoció sus delirios: en nombre de la emancipación se persiguió y masacró a religiosos, entre ellos monjas y sacerdotes que poco o nada tenían que ver con los privilegios del poder monárquico de la Francia católico romana.
Parte de esa herencia sobrevive en ciertas expresiones del pensamiento liberal y de izquierda: entender el hecho religioso como antónimo de diversidad, libertad y democracia. Peor aún, asumir que la creencia en la trascendencia constituye, por definición, una amenaza para la modernidad, la ciencia o la emancipación humana.
«No quiero ningún religioso dentro del municipio», me decía un exalcalde liberal durante mis primeros años en la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Parecía ignorar que el propio liberalismo chileno tuvo, durante las reformas del siglo XIX, aliados entre protestantes y evangélicos que resistieron los privilegios del Estado confesional. Aquellas luchas por la libertad de conciencia también contribuyeron a ampliar nuestra democracia.
Pero la historia tiene a veces una memoria más generosa que nuestras convicciones.
Los recientes avances electorales —como la reelección de Lula en Brasil, la presencia de representantes de comunidades árabes en Israel y la elección de nuevos representantes en Estados Unidos, entre ellos pastores evangélicos y un musulmán— remecen algunas certezas. Las izquierdas y los liberalismos comienzan a descubrir que el mundo de la fe no es ajeno a sus proyectos políticos.
En Chile también hay señales. El Partido Socialista incorporó un conversatorio sobre «socialismo y religión» (2026); el Partido Comunista definió la creación de una comisión de credos; y quienes impulsamos el espacio de cristianos del Frente Amplio conseguimos abrir una puerta para mirar con nuevos ojos la relación entre fe y política durante nuestro Congreso Ideológico.
Son avances significativos para cientos de militantes que han experimentado la sospecha y, en ocasiones, la exclusión de la izquierda y el liberalismo por sus convicciones religiosas. Reconocer esa diversidad no es una concesión electoral: es tomarse en serio el pluralismo.
Estos cambios pueden contribuir a ampliar nuestras bases sociales, pero conviene encender una alerta: no vaya a ser que, después de tratar a las comunidades religiosas como un problema, terminemos descubriéndolas como clientela. Instrumentalizar la fe para sumar adhesiones empobrece el diálogo político y pone en riesgo la laicidad del Estado.
Pero existe una segunda frontera todavía más delicada: pretender que las creencias religiosas validen proyectos políticos que no les pertenecen. Cambiar el signo ideológico de esa instrumentalización no la convierte en una práctica democrática.
Este nuevo escenario nos exige educarnos y abrir espacios de diálogo sobre la relación entre fe y política. La convivencia democrática no se construye imponiendo una verdad, sino reconociendo la dignidad de quien cree distinto y también de quien no cree.
La laicidad del Estado no consiste en expulsar la religión del espacio público, sino en garantizar que ninguna creencia se imponga sobre las demás. Del mismo modo, la democracia no se fortalece exigiendo a las personas que dejen sus convicciones en la puerta de la casa; se fortalece garantizando su participación en igualdad de condiciones, independientemente de sus creencias.
Guarden las guillotinas, liberales e izquierdistas. Pero cuidado con celebrar demasiado: los péndulos no siempre se detienen donde queremos.
No pasemos de perseguir la fe a instrumentalizarla. No cambiemos exclusión por clientelismo, ni prejuicio por una nueva forma de confesionalismo político. Si de verdad creemos en el pluralismo, debemos aprender a convivir con quienes piensan distinto, incluso cuando sus convicciones nos incomodan.
Porque la democracia no consiste en que todos creamos lo mismo, sino en que nadie tenga que renunciar a lo que cree para poder construirla.
