Chile necesita una política pública de educación sexual integral que trascienda las iniciativas aisladas, instituciones que asumen el cuidado como responsabilidad colectiva y liderazgos comprometidos con el bienestar de las víctimas.
Durante las últimas semanas hemos conocido que el Ministerio de Justicia consiguió 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, permitiendo que recuperaran anticipadamente su libertad. La discusión pública se ha concentrado en la legalidad de los decretos y las responsabilidades de las autoridades involucradas.
Sin embargo, una pregunta merece ocupar un lugar central. ¿Qué significa esta noticia para quienes fueron víctimas de estos delitos? Pensemos en una persona que durante su infancia sufrió violencia sexual, atravesó un proceso judicial y debió reconstruir sus condiciones de seguridad y confianza. Años después puede enterarse de que su agresor recuperó anticipadamente la libertad. No sabemos cómo ha vivido cada víctima esa situación, pero sí corresponde preguntarnos qué condiciones de información, protección y acompañamiento les ofrece el Estado.
El 30 de octubre la Defensoría de la Niñez presentó un recurso de amparo, cuestionando que estas decisiones no habrían sido considerando adecuadamente el interés superior de niños, niñas y adolescentes, ni los posibles riesgos para su seguridad. Más allá del resultado judicial, esta acción plantea una cuestión fundamental. ¿Qué lugar ocupan las víctimas cuando el Estado decide sobre el cumplimiento de las condenas de sus agresores?
Desde la educación inicial, esta situación nos interpela profundamente. La educación sexual integral (ESI) promueve desde la primera infancia el reconocimiento de los derechos, el respeto por los cuerpos, la autonomía progresiva, la igualdad de género y las relaciones basadas en el cuidado. También contribuye a identificar situaciones de vulneración y reconocer personas e instituciones a las cuales acudir.
Sin embargo, la responsabilidad de prevenir la violencia sexual no puede recaer sobre las propias infancias. No basta con enseñarles a reconocer sus derechos si las personas adultas y las instituciones no asumen la responsabilidad de respetarlos y protegerlos. Esta contradicción evidencia una deuda educativa pendiente en Chile, avanzar hacia una política pública integral y sostenida de ESI.
Aunque la ley 21.430 reconoce el derecho a una educación sexual y afectiva integral, su reconocimiento normativo no equivale a disponer de una política nacional articulada desde la primera infancia. Una política de esta naturaleza contribuiría a formar, a lo largo de las trayectorias educativas, personas capaces de reconocer la dignidad y los derechos de otras, incluidas aquellas que posteriormente ejercerán responsabilidades profesionales, institucionales y públicas. La ESI no transforma automáticamente las decisiones del Estado, pero constituye una base educativa para construir una cultura de derechos y responsabilidad colectiva.
La violencia sexual durante la infancia puede tener consecuencias que se extienden mucho más allá de los hechos. Desde una ética de cuidado, el bienestar no puede entenderse exclusivamente como una responsabilidad individual. Las instituciones también participan de los procesos de protección y reconstrucción de una confianza mediante sus acciones, omisiones y garantías.
Aquí aparece una cuestión fundamental de liderazgo y responsabilidad pública. Liderar desde un enfoque de derechos y una ética del cuidado no consiste únicamente en cumplir procedimientos legales, sino también en considerar las consecuencias de las decisiones para quienes pueden resultar afectados. ¿Han sido informadas las víctimas? ¿Se han evaluado sus necesidades de protección? ¿Qué medidas de acompañamiento se han dispuesto? Un liderazgo institucional comprometido con el bienestar de las infancias debe incorporar estas preocupaciones, respetando también las garantías jurídicas de las personas condenadas.
Las 56 rebajas de condena nos obligan a discutir mucho más que las responsabilidades individuales de las autoridades. Nos interpelan respecto de la distancia entre los derechos que promovemos desde la educación y aquellos que efectivamente orientan nuestras decisiones institucionales. Chile necesita una política pública de educación sexual integral que trascienda las iniciativas aisladas, instituciones que asumen el cuidado como responsabilidad colectiva y liderazgos comprometidos con el bienestar de las víctimas.
Porque la protección de las infancias no termina con una condena. Tampoco comienza con ella. Se constituye desde la primera infancia, se fortalece mediante la educación y se pone a prueba en cada decisión pública que afecta sus derechos y su seguridad.
