Contraloría confirmó que sus funcionarios están en la cartera. También solicitó un informe por la eventual falta de respuesta a la Defensoría de la Niñez.
Gráfica del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ante la posibilidad de una acusación constitucional
Agencia UnoLa Contraloría General de la República inició una fiscalización al Ministerio de Justicia por las rebajas de condenas concedidas durante la gestión del ministro Fernando Rabat. El organismo confirmó que sus funcionarios se encuentran en las dependencias de la cartera desde la semana pasada, luego de recibir denuncias relacionadas con estos beneficios.
La revisión se desarrolla en medio de los cuestionamientos por las reducciones de penas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Durante la actual administración, 56 personas recibieron rebajas de condena por este tipo de delitos: 27 por abuso sexual y 29 por violación.
La intervención del organismo contempla una segunda actuación. Contraloría solicitó un informe al Ministerio de Justicia a raíz de una presentación parlamentaria que pide un pronunciamiento jurídico por la eventual falta de respuesta de la cartera a los requerimientos de información de la Defensoría de la Niñez.
El requerimiento fue ingresado el 3 de noviembre por las diputadas y diputados Andrea Parra, Daniela Serrano, Raúl Leiva, Emilia Schneider, Luis Malla y Jorge Díaz. Los parlamentarios solicitaron que Justicia responda íntegramente el oficio enviado por la Defensoría el 22 de octubre y entregue los decretos que concedieron las rebajas de condena.
La institución había solicitado información sobre las personas condenadas por delitos sexuales que solicitaron u obtuvieron estos beneficios entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2026. También requirió los criterios y protocolos utilizados para considerar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Según la presentación parlamentaria, el plazo de cinco días para responder venció el 29 de octubre.
La revisión de Contraloría tiene otra arista. Un oficio fiscalizador del diputado Héctor Ulloa solicitó examinar la legalidad de las rebajas concedidas desde el 11 de marzo, incluyendo beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales, secuestro calificado y tortura.
El parlamentario pidió reunir los decretos y sus antecedentes, incluidos los informes psicológicos y de riesgo de reincidencia, además de revisar cómo el Ministerio de Justicia verificó el cumplimiento de los requisitos para conceder las reducciones. También solicitó investigar eventuales irregularidades y determinar responsabilidades administrativas si correspondiera.
En medio de los cuestionamientos por la entrega de los decretos, el ministro Fernando Rabat defendió la demora y sostuvo que los documentos contienen información sensible que requiere resguardos antes de ser entregada.
"Estamos frente a información que tiene datos sensibles, que hay que tratarla con cuidado y, por lo tanto, estamos efectuando todo aquello para poder entregar esa información sin afectar esos datos sensibles", señaló el secretario de Estado.
El titular de Justicia agregó que ha recibido numerosos requerimientos de información, algunos de ellos con antecedentes solicitados desde 2003. También aseguró que la cartera trabaja para responder y entregar la documentación lo antes posible.
