Mega proyectos mineros, portuarios, eléctricos e inmobiliarios que fueron aprobados por el Comité de Ministros ahora se disputan en tribunales ambientales por vecinos que alegan impactos no considerados.
Minera Caserones.
Foto: SMA.Grandes proyectos de inversión que recibieron luz verde ambiental del Comité de Ministros este año, tanto en el gobierno de Gabriel Boric como en el de José Antonio Kast, están siendo reclamados en la justicia por parte de vecinos que denuncian falencias en la evaluación ambiental y piden revertir el proceso y que se evalúen realmente los impactos.
La judicialización de grandes proyectos genera una disputa entre quienes acusan una ideologización y extremismo ambiental, y quienes apuntan a las empresas que presentan estudios de impacto ambiental deficientes. Cabe considerar que más de 90% de los proyectos de inversión que se presentan a evaluación ambiental en el país, son aprobados.
Caserones:
El proyecto de Lundin Mining para extender la operación de la mina Caserones en Tierra Amarilla y regularizar obras ya ejecutadas cuenta con el rechazo de comunidades colla que alegan por impacto en cuerpos de agua y rutas de trashumancia, falta de consulta indígena y multas anteriores a la empresa por mal uso de agua.
El Comité de Ministros rechazó estas reclamaciones en 2026 bajo el gobierno de Gabriel Boric y la comunidad acudió al Primer Tribunal Ambiental, donde se está tramitando la reclamación para que el proyecto vuelva a evaluarse.
Ministro Hales:
El proyecto de Codelco busca extender por 30 años la explotación de la División Ministro Hales a pocos kilómetros de la ciudad de Calama, donde diversos estudios dan cuenta del daño que ha generado en ecosistemas y personas la contaminación minera acumulada.
El Comité de Ministros bajo el gobierno de José Antonio Kast rechazó las reclamaciones de comunidades que cuestionaban las insuficientes medidas para controlar las emisiones contaminantes en el aire y el agua. La Asociación Indígena de Regantes y Agricultores de Lay Lay presentó una acción judicial contra esa decisión del Comité. Pide dejar sin efecto la aprobación ambiental y, como medida cautelar, suspender los efectos de la RCA.
Línea de transmisión Kimal–Lo Aguirre:
Esta mega carretera eléctrica contempla más de 2.500 torres de alta tensión atravesando 28 comunas busca llevar energía solar desde el norte hacia los centros de consumo en Santiago, con una inversión de US$ 1.480 millones.
El Comité de Ministros rechazó reclamaciones de comunidades agrícolas que reclaman por su impacto sobre grupos humanos y la falta de respuestas a sus observaciones durante el proceso de evaluación ambiental. Ahora, las comunidades acudieron al Segundo Tribunal Ambiental para revertir la decisión.
Línea de Transmisión Itahue–Hualqui:
Es una carretera eléctrica de 406 kilómetros, con una inversión de US$324 millones y torres de alta tensión de hasta 50 metros, que cruza las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. La impulsa Mataquito Transmisora de Energía. Una de las principales preocupaciones es que el trazado pasa muy cerca del Parque Nacional Nonguén, en el Biobío, con bosque nativo de conservación y especies en peligro como el queule y el naranjillo. También se alega sobre los ruidos, pérdida de valor de los predios afectados, riesgo de incendios forestales en zonas agrícolas y falta de consulta indígena. El proyecto cuenta con el rechazo de una veintena de alcaldes.
El Comité de Ministros bajo el gobierno de José Antonio Kast rechazó las reclamaciones y dio luz verde definitiva al proyecto. Vecinos y asociaciones de municipios de distintas regiones acudieron al Segundo Tribunal Ambiental con cinco reclamaciones.
Parque Eólico Los Coihues:
El parque eólico de Hy2Wind en Ñuble contempla US$ 470 millones para instalar 47 aerogeneradores, y concita el rechazo de juntas de vecinos que alertan por la alteración del paisaje, los ruidos constantes o la disposición de basura durante el plan de cierre del parque, así como dificultades para el combate de incendios forestales, frecuentes en la zona.
El Comité de Ministros de José Antonio Kast rechazó las reclamaciones ciudadanas dando luz verde al proyecto, ahora judicializado en el Tercer Tribunal Ambiental.
Maratué:
El proyecto inmobiliario Maratué contempla construir 14.000 viviendas en 45 años en Puchuncaví, sobre 1.015 hectáreas en los acantilados de Quirilluca, con una inversión de US$2.000 millones. Se trata de uno de los pocos pulmones verdes que quedan en el litoral central, donde habitan especies en peligro como el chungungo, el belloto del norte y el naranjillo. También está la única colonia reproductiva de piquero común en Chile continental.
En abril el Comité de Ministros rechazó las reclamaciones ciudadanas, ante lo cual organizaciones ambientales y vecinales acudieron al tribunal ambiental. Los vecinos reclaman que no se evaluó el impacto en la salud por la remoción del suelo de la zona que tendría alto contenido de arsénico, y que tampoco se consideró adecuadamente el impacto social, ya que el proyecto triplica la población actual de la comuna. Esto sin contar los impactos a un área de alto valor natural que son los acantilados de Quirilluca.
Copiaport-E:
El proyecto Copiaport E consiste en un mega puerto de US$ 450 millones a instalarse en Bahía Chasco; una zona costero donde vive una de las últimas praderas de pasto marino en Chile, y que es hábitat clave para las tortugas verdes, así como para pingüinos de Humboldt y otras especies en peligro.
El Comité de Ministros de Kast rechazó las reclamaciones de los ciudadanos a fines de mayo, y tanto agrupaciones vecinales como la alcaldesa de la comuna, Brunilda Gonzalez, acudieron al tribunal ambiental. Piden dejarla sin efecto y que se dicte un nuevo pronunciamiento que considere adecuadamente las observaciones relacionadas con el impacto al ecosistema, a la pesca artesanal, al desierto florido, al valor arqueológico del lugar y a los modos de vida locales que dependen de esta riqueza natural.
