El Comité de Ministros mantuvo la aprobación ambiental del Puerto Exterior de San Antonio, pese a las reclamaciones administrativas presentadas contra el proyecto y a una prolongada controversia por sus eventuales efectos sobre el humedal urbano Ojos de Mar, en Llolleo.
La resolución se adoptó el lunes 2 de noviembre, cuando la instancia acogió parcialmente los recursos contra la iniciativa y confirmó su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.
La decisión también incluyó al Parque Eólico Los Portones, de la empresa Engie Energía Chile, cuyos recursos administrativos fueron rechazados. Ambas iniciativas representan inversiones estimadas en US$4.250 millones, según el balance presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Puerto Exterior: una inversión de US$4.450 millones
El Puerto Exterior de San Antonio es impulsado por la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) y contempla la construcción de una nueva infraestructura portuaria en el borde costero sur de la comuna, en la Región de Valparaíso.
La empresa estima una inversión integral de US$4.450 millones, de los cuales US$1.950 millones corresponden a aportes públicos y US$2.500 millones a inversión privada mediante concesiones portuarias. La iniciativa considera un rompeolas de aproximadamente cuatro kilómetros, dragados, explanadas y dos terminales semiautomatizados de 1.730 metros cada uno.
El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2020, aunque su historia se remonta a los estudios de factibilidad iniciados en 2012. Su desarrollo contempla cuatro etapas y la empresa proyecta que la primera entre en operación hacia 2036.
La disputa por el Humedal Ojos de Mar
Uno de los principales conflictos asociados al proyecto se relaciona con el Humedal Urbano Sistema de Lagunas de Llolleo Ojos de Mar, ecosistema ubicado en el sector de Llolleo, en San Antonio.
La controversia se intensificó por los eventuales efectos de la expansión portuaria sobre el entorno de las lagunas y sectores de la playa de Llolleo. Vecinos y organizaciones ambientales han cuestionado la delimitación del área protegida, al considerar que dejó fuera espacios relevantes para el funcionamiento ecológico del humedal.
El Ministerio del Medio Ambiente declaró el sistema de lagunas como humedal urbano en abril de 2024, mediante una resolución que reconoció una superficie de 18,38 hectáreas. Sin embargo, la delimitación fue posteriormente impugnada por habitantes de la comuna y organizaciones locales.
El 13 de enero de 2026, el Segundo Tribunal Ambiental acogió reclamaciones vecinales y ordenó al Ministerio del Medio Ambiente revisar nuevamente la delimitación. El fallo identificó deficiencias en la aplicación de los criterios de sustentabilidad y delimitación, particularmente respecto del funcionamiento ecológico y el régimen hidrológico del ecosistema.
La sentencia también estableció la necesidad de elaborar una nueva ficha técnica y dictar una resolución que concluya el procedimiento administrativo. Mientras se desarrolla ese proceso, cualquier proyecto o actividad susceptible de alterar el humedal debe someterse a las disposiciones de protección ambiental aplicables, incluida la evaluación previa en el SEIA cuando corresponda.
La controversia también incluye cuestionamientos sobre los efectos de las obras en la playa de Llolleo, la biodiversidad del sector y la relación del megapuerto con la ciudad. Organizaciones ambientales y vecinos han planteado reparos por la consideración de fenómenos como las marejadas, los efectos sobre los ecosistemas cercanos y las consecuencias del desarrollo portuario para la vida urbana.
Parque Eólico Los Portones también mantiene su aprobación
En la misma sesión, el Comité de Ministros revisó las reclamaciones contra el Parque Eólico Los Portones, iniciativa de Engie Energía Chile que contempla una inversión estimada de US$250 millones.
El proyecto considera la construcción y operación de 24 aerogeneradores de 6,2 MW de potencia unitaria en las comunas de Calbuco y Maullín, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. También incluye una línea de transmisión eléctrica de 220 kV, de 23 kilómetros de extensión, y un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS).
A diferencia del proyecto portuario, las reclamaciones administrativas contra el parque eólico fueron rechazadas por el comité, que mantuvo su calificación ambiental favorable.
La reunión correspondió a la duodécima sesión del Comité de Ministros del gobierno de José Antonio Kast. En ella participaron la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo; el biministro de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; la ministra de Energía, Ximena Rincón; el ministro de Agricultura, Jaime Campos; y la ministra de Salud, May Chomali.