La abogada y coordinadora general de ONG FIMA, Antonia Berríos, analizó las solicitudes de invalidación que buscan revertir el rechazo a Dominga, la falsa dicotomía entre empleo y medio ambiente y los cuestionamientos por corrupción que rodean al proyecto.
Proyecto minero Dominga.
Este jueves, organizaciones de pescadores, agricultores, turismo y protección ambiental de La Higuera, en la Región de Coquimbo, entregaron una carta abierta en La Moneda. En ella pedían que se respete la institucionalidad y que el proyecto minero-portuario Dominga, de Andes Iron, "no se apruebe por secretaría".
En este contexto, Antonia Berríos, abogada de ONG FIMA y representante de la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, conversó en vivo con El Desconcierto sobre las cuatro solicitudes de invalidación que hoy tiene en sus manos el Comité de Ministros, y el efecto que podría tener la decisión de esta instancia para las comunidades que han intentado frenar el polémico proyecto minero.
-¿Qué ocurrió este jueves en La Moneda y por qué las comunidades de La Higuera están levantando una alerta por el proyecto Dominga?
Las comunidades están muy preocupadas. El proyecto ha sido rechazado por su evaluación ambiental las tres veces que ha llegado al Comité de Ministros. Hace unos meses, cuatro personas jurídicas presentaron solicitudes de invalidación administrativa.
La invalidación es una solicitud muy particular: le pide a la autoridad pública revisar la legalidad de un acto administrativo que estaría causando perjuicios por tener un vicio. En este caso, se le pide al Comité de Ministros revisar la última decisión que tomó sobre el proyecto. Se alegan vicios relacionados con la composición del comité y con el plazo en que se dictó la resolución, que habría sido posterior a los 15 días desde la orden del Primer Tribunal Ambiental.
-El Comité de Ministros no es un tribunal: lo integran secretarios de Estado que el Presidente designa con una visión política. ¿Qué implica eso?
Los comités de ministros no están llamados a tomar decisiones arbitrarias. Que sean políticos no significa que necesariamente vayan a serlo, pero tienen que fundamentar sus decisiones en el expediente de evaluación.
La preocupación de las comunidades es que eso no ocurra y que se tome una decisión por secretaría, impulsada solo por el argumento de que el proyecto generaría empleo. Eso también lo ponen en duda. Cuestionan el tiempo en que podría mejorar los indicadores económicos frente al impacto permanente que va a generar.
Temen una decisión puramente política. Esa decisión se puede revisar luego en tribunales: si un comité de ministros actúa de forma arbitraria e infundada, un tribunal ambiental la va a revocar. Pero mientras eso pasa, el proyecto queda aprobado y se puede construir, con impactos que pueden ser permanentes y que después nadie va a reparar.
-Es como cuando se otorgan permisos a un edificio y, una vez hecho el hoyo, se termina construyendo más de lo autorizado.
Exactamente. Es como buscar una aprobación de facto. Si se construyen dos rajos, un tranque de relaves, una planta desaladora y un puerto, y luego un tribunal ambiental anula esa decisión, ¿qué pasa materialmente con esas obras? El impacto ya generado es un costo. Es una forma de impulsar una aprobación a la fuerza.
-El debate suele plantearse como una disputa entre progreso y ambientalismo. ¿Qué proponen las comunidades en la carta que entregaron en La Moneda?
Me parece muy interesante destacar que las comunidades reconocen que el país vive un momento crítico en muchos sentidos. Hay una crisis ambiental, de escasez hídrica, climática y también económica. Lo saben, pero se oponen a la idea de que un proyecto de estas características es el que los va a salvar.
En la carta cuentan cómo, en todo este tiempo en que se han organizado para enfrentar esta amenaza, han desarrollado iniciativas locales que dan empleo. Podrían dar todavía más si se confiara en ellas: turismo, agricultura en todo el valle de Los Choros, pesca, marisqueo, el museo. En 10 años de tramitación, estos nuevos focos han dado frutos.
También es interesante ver a la nueva generación de jóvenes que se fue a estudiar y volvió a la zona. Hoy dicen que la idea de una La Higuera abandonada, que necesita que una empresa la venga a salvar, es un mito.
-El empleo se usa como moneda de cambio, pero muchas economías locales viven de la naturaleza de la zona y de la corriente de Humboldt...
Aquí hay algo súper importante. En una primera capa, el problema del empleo se soluciona generando empleos. Pero en una segunda capa, uno se pregunta por qué quiere solucionarlo. Es porque quiere mejorar la calidad de vida de las personas: que tengan un propósito, que puedan hacer con sus recursos lo que estimen necesario, ver a sus familias, crecer en su entorno y desarrollarse en su felicidad y su libertad.
Este es un proyecto con una vida útil de 22 años, con un puerto, dos rajos, un tranque de relaves y una desaladora que impacta también la bahía. Veintidós años es lo que tarda una persona que nace hoy en llegar a la universidad, y para entonces el proyecto ya terminó.
No genera enriquecimiento local ni impulsa la economía de la zona de forma completa. Ofrece trabajos poco calificados, que tampoco son muchos: probablemente guardias de seguridad o apoyo en las instalaciones. Los trabajos más sofisticados y exigentes tampoco son para la comunidad de La Higuera.
Mirando una capa más abajo, lo que se busca solucionar no cumplirá su objetivo último: mejorar la calidad de vida de las personas o dar un impulso real a la economía local. Veintidós años de vida útil para un proyecto que sacrifica uno de los activos más importantes de una localidad, que la ha sostenido por tanto tiempo, parece desproporcionado. Parece una solución peor que la enfermedad.
-Aunque instancias posteriores puedan revertir una decisión del Comité de Ministros, se abriría la puerta para construir y luego usar el hecho consumado. ¿Existe alguna salida formal en este escenario?
Hay una cuestión formal importante que vale la pena explicar. Siempre se critica que la ley ambiental cae en un loop, y Dominga es el caso donde más se ha cuestionado. La institucionalidad no ofrece un punto final: un proyecto se aprueba, se judicializa, vuelve a aprobarse y vuelve a judicializarse. Dominga ha estado tres veces en la Corte Suprema.
Nuestra normativa tiene ese defecto de diseño: no existe un no o un sí definitivo, y mientras subsistan razones impugnables, el caso puede volver a tribunales. Pero sí estableció una regla, la única disponible. Una vez ejercidas las acciones judiciales contra una resolución de calificación ambiental (RCA), en este caso desfavorable, no se puede pedir la invalidación ni ejercer la facultad de la administración de invalidar actos.
La empresa llevó a tribunales la misma pregunta que ahora plantean estas solicitudes de invalidación. En febrero de este año se conoció la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Esta estableció que la empresa no puede seguir intentando obligar al Comité de Ministros a cambiar su decisión. Si quiere impugnarla por vicios de ilegalidad, debe hacerlo mediante un recurso de reclamación ante los tribunales ambientales.
Aquí pasó algo curioso. El tribunal ambiental que corresponde a Coquimbo es el de la macrozona norte, con sede en Antofagasta. Como todos sus jueces ya se habían pronunciado sobre el caso, la causa pasó a Santiago. Hoy Andes Iron tiene estas mismas pretensiones, idénticas, ante el Tribunal Ambiental de Santiago, en una causa que está en tramitación.
Entonces, ¿se cumplen los presupuestos de esta regla de clausura? Estas pretensiones están sometidas a un tribunal y, por una vía paralela, cuatro personas jurídicas piden que se ejerza igualmente la facultad de invalidar. El Comité de Ministros perfectamente puede decir: “Me inhibo de conocer, porque estas mismas materias ya las conocen los tribunales de justicia”.
Lo haría en ejercicio de su deber de inhibición, pero también por la exclusividad e inexcusabilidad de los tribunales para controlar los actos de la administración. La regla tiene sentido: de lo contrario, cualquier comité, cuando una situación se complica en tribunales, podría invalidar el acto, quitarle piso al proceso y extinguirlo. Más que una salida formal, es el cumplimiento de un deber.
-A la complejidad del caso se suman sus vínculos con casos de corrupción. Greenpeace, patrocinado por el abogado Mauricio Daza, presentó una querella por los pagos de Andes Iron al estudio Lagos, Vargas & Silber, cuyos socios están involucrados en el caso Muñeca Bielorrusa. Y hay antecedentes más antiguos que involucran a la familia Piñera. ¿Cómo proyecta que actúe el Comité de Ministros con estas consideraciones?
Por supuesto que nos preocupa mucho la información que se ha conocido sobre pagos sin justificación. Desde nuestro punto de vista, esto lo tienen que resolver las autoridades encargadas de la persecución penal. Es muy importante que se hagan las preguntas y las diligencias necesarias para esclarecer qué hay detrás de algo que parece tan extraño. Son abogados que recibieron pagos y que nunca vimos en tribunales: esta causa lleva 10 años de tramitación y nunca aparecieron en ningún trámite.
Es bueno que el Ministerio Público lo indague ahora. No puedo decir qué puede significar, porque escapa al ámbito desde el que me aproximo al caso. Lo que sí puedo decir es que cada vez que el caso se envuelve en uno de estos escándalos de corrupción, se confirma que los problemas de evaluación ambiental del proyecto son serios.
Por ejemplo, un sumario administrativo investigó lo ocurrido en la primera evaluación del proyecto. En ese momento estaba muy cuestionado por los servicios públicos, como CONAF y la Dirección General de Aguas. Aun así, el informe consolidado de evaluación —que reúne todas las evaluaciones y se presenta a la comisión que vota el proyecto— se redactó en Santiago, cuando el proyecto se evaluaba en la Región de Coquimbo.
Funcionarios denunciaron en ese minuto que era extraño. Un proyecto cuestionado, que probablemente iba a tener un informe desfavorable, se fue a Santiago y obtuvo un informe favorable de personas que nunca participaron en la evaluación. Ese sumario se llevó adelante y esos son los hechos que se acreditaron.
Luego, el proyecto se vendió a su actual controlador con una cláusula de pago condicionada a que el área no se declarara protegida. Se conocía el valor ecosistémico de un espacio que no tiene comparación en la costa chilena ni en casi toda la corriente de Humboldt. Es decir, el valor ambiental del territorio ya estaba reconocido, y se buscaba que no obstaculizara formalmente la aprobación de un proyecto como este.
La primera vez que el Tribunal Ambiental falló sobre el caso, sostuvo que había elementos que no fueron correctamente evaluados y cuestiones que no se lograron descartar del todo. En lugar de confirmar el rechazo del Comité de Ministros, ordenó una nueva votación y que se aportaran antecedentes. Eso no correspondía, y tenía que conocerlo la Corte Suprema. Sabemos que finalmente no se dictó una resolución definitiva y todo volvió a una etapa anterior de la evaluación.
No puedo decir qué creo sobre los escándalos de corrupción en que está envuelto el caso. Pero sí creo que cada vez que esto se enreda es porque hay elementos ambientales que se tienen que evaluar, y se está tratando de evitar ese diagnóstico. Esperamos que todo se aclare con el tiempo.
-Hay una convocatoria a movilizarse en todo el país este sábado 31 de octubre. ¿Cómo se organiza?
Las organizaciones que han buscado mostrar la importancia ambiental de este lugar, y que este no es el proyecto que la comuna necesita para generar empleo y economía, convocaron para este sábado en distintas ciudades de Chile. Se espera una jornada pacífica, en la que las personas puedan encontrarse y celebrar que, por el momento, el proyecto está rechazado. La idea es poner en valor la calidad ambiental y la singularidad de este territorio.
-Para quienes no están familiarizados con los aspectos legales, ¿por qué es importante interesarse y movilizarse por lo que hoy ocurre con Dominga?
Hay una cuestión muy importante. Somos muchos los que en Chile sabemos que el desarrollo económico no puede hacerse sacrificando el medio ambiente. No solo por poner en valor la naturaleza, que también, sino porque es inútil, injusto e incorrecto: ese desarrollo no dura.
Es momento de que todos nos hagamos parte de levantar el país en la situación en que estamos. Sabemos que son tiempos difíciles. Pero si tomamos decisiones incorrectas, que sacrifican el patrimonio de todos los chilenos, vamos a terminar pagando el pato. Es pan para hoy y hambre para mañana.
Es muy importante que lo demostremos y que concurramos a las convocatorias. Son espacios de encuentro que muestran que muchas personas creen que el desarrollo es posible, que tiene que ser sostenible y que no puede hacerse sacrificando lo que algunas personas ya han construido en sus comunidades.
Espero que la jornada del sábado sea un éxito para quienes la organizan, y que ahí encuentren a otras personas que quieran manifestar su disconformidad con la insistencia en este proyecto. Confío en que nuestras autoridades lo saben y lo ven, y en que van a tomar las decisiones correctas en el Comité de Ministros. Luego, deben dejar la decisión a los tribunales, que son los llamados a conocer del caso en este momento.
