Chile perplejo: niños abusados desamparados y criminales de Punta Peuco beneficiados

Nos dicen que se actuó conforme a la jurisprudencia y doctrina de la Corte Suprema, queriendo cobijarse el Ministro en el máximo tribunal. Una mentira, desmentida por la misma Presidenta de la Corte Suprema, cuando declara que quien firmó los decretos es el Ministro de Justicia y que en la Corte estos casos se ven uno a uno. Qué significa esto, que no hay tal doctrina y que se evalúa caso a caso. El Ministro escuchó estas tajantes afirmaciones con su rostro descompuesto, detrás de la magistrada, recibiendo un portazo frente a todo Chile.

La pregunta es, qué hay de fondo en todo esto. ¿Por qué si en un principio el Ministro aplica el mismo criterio de gobiernos anteriores, luego lo modifica? ¿Acaso al Ministro realmente le pareció lo mismo tener una sentencia de por medio, que no tenerla? ¿Al Ministro no le importó beneficiar sin más trámite a abusadores y violadores de niños, a propuesta de una Comisión administrativa, que por cierto es legal? ¿El Ministro no calibró que estaba frente a un bien superior que es amparar a los niños abusados? Todo eso es muy extraño.

¿Cuáles fueron entonces sus motivaciones? ¿Acaso el Ministro quería expresamente eludir la instancia de una sentencia judicial que pudiera eventualmente detener algunas rebajas? ¿Tenía el Ministro especial interés en otras especiales rebajas y no quería correr riesgos? ¿Había para el Ministro otro bien superior en su escala de valores y cuál era ese? Tengamos presente, que desde el mes de febrero de 2026 una sala de la Corte Suprema modificó su criterio, considerando la eventual rebaja como un beneficio y no un derecho, y sus fallos comenzaron a rechazar los recursos de amparo presentados por los criminales solicitantes.

El Ministro no estaba pensando en las familias ni en los niños abusados cuando decide modificar el criterio, y aprobar todas las solicitudes. Su preocupación era otra. Parece haber un objetivo que no ha transparentado, mucho más oscuro. No son los niños, son otros los beneficiados que le interesan, unos que están en Punta Peuco. Para eso necesita “normalizar” los decretos de rebaja de penas, aplicarlos directamente, al que lo pida. Es una suerte de maquillaje. Aparecer como que es el procedimiento obligado para todos, necesita esconder que está favoreciendo a algunos reos, entonces los favorece a todos. Astuto, pero horripilante.

Pensando en Punta Peuco, el Presidente Kast necesitaba un Ministro de Justicia comprometido. Alguien de escrúpulo frágil, dispuesto a rebajar penas de abusadores de niños directamente, creando el escenario apropiado para hacer lo mismo con condenados por crímenes de la dictadura. Su misión es idear la forma de liberar gente de Punta Peuco, hoy con rebajas y mañana con indultos. Todo Chile clama por su renuncia, pero sigue en el cargo, confirmado por el Presidente.

El que fue despedido es el Subsecretario Silva, quién otorgó la rebaja de pena a un agente de la CNI que torturó y asesinó junto a otros agentes, a cinco miembros de un grupo de izquierda después de secuestrarlos, y luego arrojaron los cuerpos al mar desde un helicóptero. En un video, “el profesor” no se arrepiente de rebajar penas a criminales, sino, trata de salvarse solo y delató al Ministro diciendo que aplicó los nuevos criterios que éste estableció. Fue despedido por delator, aunque nos dicen que fue por “no avisar”. El episodio muestra el grado de descomposición del gobierno en esta materia de rebajas de pena a delincuentes.

Para rebajar penas a criminales de Punta Peuco se requería de alguien que hubiera demostrado suficiente fanatismo. Quien mejor que un abogado defensor de Pinochet, el dictador, asesino y ladrón. No fue una sorpresa su nombramiento, pero sí una provocación para la inmensa mayoría democrática de los chilenos.

Así llegamos al punto esencial. ¿Por qué el Ministro debía eludir a la Corte Suprema en los casos de condenados de Punta Peuco? Porque por ser autores de delitos de lesa humanidad no tienen derecho a beneficios carcelarios. Estos beneficios están limitados por los tratados internacionales ratificados por Chile en esta materia. Más aun, los tribunales niegan beneficios carcelarios a esos reos porque no cumplen los requisitos de cooperación eficaz y arrepentimiento de sus acciones delictivas. El Estatuto de Roma y la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligan al Estado de Chile a garantizar que las penas impuestas a crímenes de guerra o lesa humanidad sean efectivas y proporcionales a la gravedad de los hechos.

Este es el fundamento para discurrir esta comedia negra. Por eso se cambió el criterio de gobiernos anteriores y se emitieron los decretos directamente. El Ministro ahora ha suspendido la tramitación de todas las solicitudes de rebaja pendientes en el Ministerio. Así cree demostrar al país que su proceder ha sido recto, simplemente creyó que era lo mejor. Pero al suspender las tramitaciones está demostrando que no estaba obligado a cursarlas, como argumenta en su defensa. Tenía alternativas. El Ministro se acusa solo.

Los sacrificados fueron los niños abusados. Estamos tristes y golpeados los chilenos. Ha llegado la hora de poner fin a esta tragedia desatada por la ultraderecha en el Ministerio de Justicia, y que ningún abusador de niños y ningún criminal de la dictadura, obtenga beneficios de rebajas de pena. Nunca más.