Un exsuboficial FACh recibió una rebaja de ocho meses en su condena, mediante un decreto firmado por el ministro Fernando Rabat por orden presidencial.
Torturador de la dictadura quedó en libertad gracias a rebaja de condenas en el gobierno de Kast
Agencia UnoManuel del Carmen Cabezas Pérez, exsuboficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) condenado a cinco años y un día de presidio por torturas cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, afirmó que José Antonio Kast permitió su salida de Punta Peuco y cuestionó la gestión del anterior mandatario, Gabriel Boric.
En una entrevista con Mega, el condenado sostuvo que su salida estaba prevista para marzo, pero que el trámite se retrasó durante la administración anterior.
Cabezas, de 90 años, atribuyó el beneficio a su comportamiento en prisión. "Este beneficio me lo gané yo por conducta sobresaliente", señaló.
El decreto firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, redujo en ocho meses la pena que cumplía Cabezas.
El documento lleva la fórmula "Por orden del Presidente de la República", mientras la transcripción fue suscrita por el subsecretario de Justicia, Luis Silva Irarrázaval.
La condena debía terminar originalmente el 28 de noviembre de 2026. Tras la rebaja, la fecha de cumplimiento quedó fijada para el 28 de marzo de 2026.
El exsuboficial también relató que estuvo primero en Colina 1 y posteriormente fue trasladado a Punta Peuco. Actualmente, según el reportaje, retomó su oficio de peluquero.
Cabezas fue condenado como autor de delitos reiterados de aplicación de tormentos contra Patricio Mario Rivera Cornejo y Ramón Daniel Pavez Casanova, detenidos en 1973 y torturados en la Base Aérea El Bosque.
La sentencia de primera instancia fue dictada en diciembre de 2017 por el entonces ministro en visita Mario Carroza, quien impuso una pena de tres años de presidio. El 8 de noviembre de 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la sanción a cinco años y un día. En noviembre de 2021, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación de la defensa y mantuvo la condena.
Los antecedentes judiciales establecieron que Cabezas, integrante del Departamento II de Inteligencia de la base aérea, trasladaba detenidos hasta una oficina de la Escuela de Especialidades, donde eran interrogados.
Rivera, trabajador de Madeco y militante socialista, fue detenido en su domicilio en San Miguel el 19 de septiembre de 1973. Según los hechos recogidos en la sentencia, sufrió interrogatorios con electricidad, simulacros de fusilamiento y lesiones en la espalda provocadas con un yatagán para marcar el signo de la Unidad Popular.
Pavez, dirigente estudiantil, fue detenido en Santiago el 18 de octubre de 1973. Después de pasar por el Ministerio de Defensa, fue trasladado vendado a la base aérea, donde permaneció entre una semana y diez días. Durante ese período sufrió golpes e interrogatorios con electricidad.
La resolución judicial estableció la responsabilidad penal de Cabezas por los tormentos infligidos a ambas víctimas y mantuvo las indemnizaciones de $40 millones para cada una, a cargo del Fisco.
El exuniformado atribuyó su salida de prisión a su conducta durante el cumplimiento de la pena y agradeció al ministro Fernando Rabat y al presidente Kast por obtener la libertad, pese a su condena.
