La oposición prepara un libelo por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales, mientras La Moneda mantiene su respaldo al titular de Justicia.
Fernando Rabat podría enfrentar una AC por rebaja de condenas a violadores de niños y niñas
Agencia UnoLa oposición exigió al gobierno de José Antonio Kast la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y advirtió que avanzará en una acusación constitucional por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Mientras las bancadas opositoras estudian los fundamentos jurídicos del eventual libelo, el Ejecutivo mantiene su respaldo al secretario de Estado y prepara cambios legales para abordar el caso.
La controversia se originó por los decretos de rebaja de penas firmados durante la actual administración. El lunes 26 de octubre, Kast reconoció errores en la actuación del Estado, pero descartó remover al ministro y le encomendó impulsar medidas para evitar que situaciones similares se repitan.
El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, planteó tres exigencias al Ejecutivo: solicitar la renuncia de Rabat, impulsar medidas administrativas y judiciales para intentar revertir los decretos y ofrecer disculpas públicas a las víctimas.
En declaraciones a Biobío, Soto calificó como "altamente probable" la presentación de una acusación constitucional si el gobierno mantiene su respaldo al ministro. El dirigente también cuestionó que la responsabilidad política se atribuyera únicamente a una falla institucional y apuntó tanto a Kast como a Rabat.
Desde el Frente Amplio, su presidenta, Gael Yeomans, sostuvo que el reconocimiento del error debe traducirse en responsabilidades políticas y apuntó al titular de Justicia.
Las senadoras Loreto Carvajal, del PPD, y Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana, también exigieron la salida del ministro. La oposición busca, además, obtener explicaciones del Ejecutivo sobre las rebajas concedidas y las alternativas disponibles para intentar revertirlas.
El vocero Gonzalo Arenas, defendió este martes la continuidad del ministro y sostuvo que, a juicio del Ejecutivo, no existen fundamentos para destituirlo mediante una acusación constitucional.
En entrevista con Cooperativa, Arenas afirmó que Rabat cumplió con la ley, los reglamentos y la Constitución. Al mismo tiempo, reconoció errores humanos y políticos graves, especialmente por la falta de participación de las víctimas en el proceso.
El Ejecutivo también trabaja en una reforma legal destinada a cerrar las interpretaciones jurídicas que permitieron las rebajas cuestionadas. Según Arenas, la propuesta contempla reforzar las restricciones legales, incorporar la participación de las víctimas y crear tribunales de ejecución de penas.
La autoridad señaló que el Gobierno espera contar con una iniciativa durante la próxima semana. Sin embargo, reconoció las dificultades para revertir los beneficios ya concedidos, pues no basta con revocar administrativamente un derecho otorgado.
Las seis bancadas opositoras (Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana y Partido Liberal) analizan los antecedentes para resolver si presentan la acusación constitucional contra Rabat.
El diputado socialista Marcos Ilabaca planteó que la acción debe evaluarse con rigor jurídico y contar con fundamentos relacionados con eventuales infracciones constitucionales o legales.
En paralelo, los diputados Luis Cuello, del Partido Comunista, y Juan Santana, del Partido Socialista, presentaron una denuncia penal contra Rabat por su actuación en las rebajas de condena. La denuncia busca que se investiguen los hechos y no constituye, por sí misma, una acreditación de responsabilidad penal.
Por ahora, Kast mantiene su respaldo al ministro, mientras la oposición exige su salida y estudia la viabilidad del juicio político. La decisión sobre la acusación constitucional dependerá de la definición de las bancadas y de los fundamentos que logren reunir.
