La oposición ingresó una denuncia penal contra el ministro de Justicia por presunta prevaricación administrativa, y este lunes se reúnen para definir una eventual AC.
Ministro de Justicia, Fernando Rabat. Créditos: Agencia UNO.
Tras la polémica por la rebaja de 56 condenas a abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes, y al mismo tiempo en que el presidente Kast reconocía el error, los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) ingresaron una denuncia penal ante la Fiscalía Nacional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Los parlamentarios acusan al secretario de Estado de eventual prevaricación administrativa, un delito que consiste en la resolución que hace un determinado empleado público y que es considerado contrario a la ley o injusto.
"El ministro de Justicia le ha mentido al país, le ha mentido a las víctimas y también le ha mentido a sus familias. Él no estaba obligado por ninguna ley a otorgar rebaja de condenas a pederastas”, argumentó Santana, en relación al eventual delito en cuestión.
Por el contrario, "lo que estaba obligado a hacer, según la ley, expresamente era negarle el beneficio de rebaja de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños y niñas. La ley es expresa, excluye de manera absoluta, dice que en modo alguno se podrá otorgar este beneficio a estos condenados por estos delitos aberrantes”, explicó.
En ese sentido, y atendiendo al artículo 228 del Código Penal, "lo que hizo el ministro fue decidir de forma arbitraria y también ilegal y caprichosa que sencillamente no iba a aplicar la ley, invocando una jurisprudencia de la Corte Suprema. Esa jurisprudencia no obliga al ministro ni obliga a la administración, solamente la sentencia rige el caso concreto”.
Paralelamente, los partidos de oposición, previo a la reunión programa a las 12:00 horas de este lunes que definirá una posible acusación constitucional contra el ministro Rabat, reaccionaron al "error" que reconoció el gobierno, a través de las declaraciones del presidente Kast y a la continuidad del secretario de Estado en la cartera de Justicia.
El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, calificó esta decisión del mandatario como "tonta" y que la AC será evaluada junto al resto de actores.
Por su parte, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, valoró la opinión de los exministros de Justicia (Jaime Gajardo y Luis Cordero), la que ha sido tomada en cuenta en la reunión. Además, si bien las AC deben ser presentadas por la Cámara Baja, según la normativa vigente, confía en que las bancadas tomarán la decisión correspondiente.
En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, acusó un "uso abusivo del poder" y sostuvo que la señal política del gobierno es que el ministro deje su cargo. En relación a la reunió de las bancadas, explicó que el tema de la AC "está instalado" así como también otros mecanismos de fiscalización.
Mientras las bancadas definen los mecanismos de fiscalización que tomarán para abordar la polémica con el ministro Rabat, desde el PDG la presidenta del partido no descarta respaldar la AC: “Nosotros lo vamos a analizar, creemos que hay que tener en consideración cada uno de los temas sobre la mesa”.
Sin embargo, dejó en claro que aún no definen una postura clara: “Aquí no se ha comprometido nada, tenemos que analizar la acusación constitucional, si es que se fuese a dar”.
