La solicitud sobre David Gaete y Óscar Cifuentes no permitió acceder a información policial reservada. La causa terminó sin acusados en 2023.
Fachada de la Universidad de San Sebastián
Agencia UnoLa investigación por el incendio que afectó a la sede Bellavista de la Universidad San Sebastián (USS) durante el estallido social terminó sin acusados en marzo de 2023. Antes del cierre, el fiscal José Morales había solicitado antecedentes sobre dos funcionarios de Carabineros identificados en registros de seguridad, pero las gestiones para acceder a información de inteligencia policial no prosperaron.
El incendio ocurrió el 27 de diciembre de 2019, en medio de las manifestaciones en el centro de Santiago. Según una investigación publicada por Reportea, Jorge Barraza, entonces director nacional de seguridad de la USS, y otro integrante de su equipo identificaron en las grabaciones a dos funcionarios policiales: David Gaete y Óscar Cifuentes.
Barraza declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) en 2021 para informar sobre sus hallazgos. Sin embargo, según los antecedentes publicados, su declaración y el informe policial asociado no aparecen en la carpeta investigativa, pese a que la realización de esa diligencia fue confirmada por un exjefe de la unidad policial.
Durante el ataque a la sede universitaria, varios guardias resultaron heridos y se produjo un incendio en instalaciones del piso -1. La universidad presentó una querella y el equipo de seguridad revisó las grabaciones para intentar identificar a quienes iniciaron el fuego.
Barraza relató que, en enero de 2020, un funcionario que se presentó como David Gaete llegó al recinto junto a una carabinera que dijo tener el grado de subteniente. Según su testimonio, ambos preguntaron por estudiantes hijos de carabineros que hubieran sufrido hostigamiento y posteriormente consultaron por el incendio.
El entonces director de seguridad sostuvo que Gaete pidió revisar las grabaciones del día del siniestro, pero se negó a entregarlas sin una orden judicial. Meses después, al examinar los registros, afirmó reconocer al funcionario por su contextura, su cabello y su vestimenta. Sergio Dinamarca, otro integrante del equipo, también dijo reconocerlo.
En las imágenes revisadas por el medio aparece una persona identificada por Barraza como Gaete entrando a una oficina del piso -1, donde se habría iniciado el fuego. El reportaje describe su ingreso y posterior salida, además de la presencia de otras personas en el sector.
Sin embargo, las imágenes no muestran lo ocurrido dentro de la oficina y la carpeta investigativa, según la publicación, tampoco contiene registros de ese espacio. Por ello, la identificación realizada por el equipo de seguridad no permite establecer por sí sola quién inició el incendio ni determinar la responsabilidad penal del funcionario señalado.
En cuanto a Óscar Cifuentes, fuentes del Ministerio Público citadas en la investigación periodística afirmaron que habría sido identificado en las grabaciones mientras lanzaba objetos hacia el edificio y recorría sus pasillos. Esos antecedentes no constituyen una resolución judicial sobre su participación en el siniestro.
El 12 de mayo de 2021, el fiscal José Morales solicitó antecedentes sobre ambos funcionarios. Entre otras diligencias, pidió establecer si David Gaete había cumplido funciones dentro de la universidad o en sus inmediaciones el día del incendio. También requirió información sobre la unidad a la cual estaba asignado Óscar Cifuentes y las labores que desempeñaba en esa fecha.
La Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros respondió el 16 de agosto de 2021. Según el reportaje, el entonces director de la unidad, Luigi Lopresti, sostuvo que la solicitud no cumplía las formalidades legales, pues la información reservada debía requerirse por medio del Fiscal Nacional.
El entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, elevó la solicitud al Ministerio del Interior, encabezado en ese momento por Rodrigo Delgado. En un oficio fechado el 29 de noviembre de 2021, el ministerio señaló que los antecedentes y registros de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros eran secretos y de circulación restringida.
La respuesta contemplaba tratar las diligencias mediante un oficio reservado, sin levantar el secreto que protegía la información. Al día siguiente, Abbott comunicó a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte la denegación del levantamiento de esa reserva.
Barraza afirmó que en septiembre de 2021 informó sus hallazgos a Luis Cordero, entonces presidente de la junta directiva de la USS, y a Javier Valenzuela, prorrector de la institución. Según su relato, Cordero lo citó al día siguiente a una reunión en la sede de Los Leones.
El exdirector de seguridad sostuvo que Andrés Chadwick también llegó al encuentro y que, durante la conversación, le preguntó qué esperaba conseguir. Barraza afirmó haber respondido que buscaba justicia y que los responsables fueran sancionados conforme a lo que determinara la justicia.
La participación de Chadwick en esa reunión no quedó corroborada de manera independiente. Consultado por el medio a través de su abogado, Samuel Donoso, el exministro declinó referirse al tema. Valenzuela tampoco respondió las preguntas.
La Universidad San Sebastián entregó una versión distinta sobre la presencia de Chadwick en reuniones posteriores al incendio. En una respuesta escrita, sostuvo que las autoridades del plantel se reunieron con la Dirección Jurídica para revisar los antecedentes y definir las acciones legales, y afirmó que Chadwick no participó en esos encuentros ni mantenía vínculos con la institución en esa época.
David Gaete también fue mencionado en investigaciones periodísticas sobre la Operación Huracán y sobre una causa contra tres estudiantes acusados por incidentes vinculados al incendio del Hotel Principado de Asturias, en Providencia.
Según antecedentes publicados por Interferencia, Gaete formó parte de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada vinculada a la Operación Huracán, caso marcado por el uso de pruebas falsas para incriminar a integrantes de comunidades mapuche.
En la causa por los incidentes del Hotel Principado, Gaete declaró como agente encubierto. A fines de 2021, la Corte Suprema anuló parcialmente el juicio que había condenado a los estudiantes, debido a problemas de legalidad relacionados con la autorización para realizar labores encubiertas durante el primer día de los hechos.
Por su parte, una investigación de Ciper publicada en 2020 identificó a Óscar Cifuentes como un funcionario encubierto en la población Lo Hermida, en Peñalolén. Según esa publicación, habría utilizado el nombre de "Giovany" y participado en actividades territoriales y manifestaciones.
