Argentina no estalla y pocos esperan que lo haga, al menos en el corto plazo. No se observa en el horizonte una revuelta social como la ocurrida en 2001 que dejó en la retina la consigna “que se vayan todos” y terminó con la caída del presidente Fernando de La Rúa, o como el estallido chileno de 2019 que derivó en un proceso constitucional. Las protestas, saqueos y cacerolazos que muchos auguraban al principio del gobierno de Javier Milei brillan por su ausencia. Lo que crece en cambio es la consulta psiquiátrica, el consumo de ansiolíticos, el insomnio y los intentos de suicidio.
No hay estallido sino implosión y no se trata solo de un efecto colateral del feroz ajuste implementado por el Gobierno libertario, sino del resultado de una operación discursiva, una narrativa deliberada cuyo objetivo es despolitizar el hecho y transferir la responsabilidad de lo colectivo a lo individual, un proceso que tiene además un correlato material consistente en el vaciamiento deliberado de las redes de contención tradicionales: hospitales, programas de prevención, etc.
Aguantar y esperar en Argentina
El mantra oficial desde el inicio de la actual administración argentina fue que había que “pagar la fiesta” de las décadas anteriores y “aguantar” el ajuste que sería apenas transitorio para traer luego frutos y bienestar en el corto plazo. El libreto de la ultraderecha a pie juntillas.
Ocurre que un porcentaje importante de la población joven argentina confió en ese discurso. Quienes integran la franja etaria de 16 a 29 años son aún quienes menos responsabilizan a Milei por la situación económica (37,6% frente al 54,2% de los mayores de 65, según Brújula Social , un monitor de indicadores políticos y sociales realizado por PulsoResearch), muy en línea con una época en la que influenciers y coaches enseñan a monetizar el esfuerzo individual y califican de “fracasados” a quienes no logran hacerlo.
La promesa de redención futura tambalea ahora con el preocupante nivel de endeudamiento de la población, el desempleo y la pobreza en niveles crecientes y una crisis que empieza a modificar el escenario.
El director del Laboratorio de Sociología Clínica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Julio Luna señala que lo que empezó como un ajuste económico percibido como “severo pero tolerable y necesario” derivó ahora en un proceso que atraviesa la salud mental, los vínculos sociales, la estabilidad familiar y la capacidad de imaginar un futuro.
Uno de los puntos más críticos, señaló el especialista, es el aumento en la tasa de suicidios, que ya superan a las muertes por accidentes de tránsito y hechos de inseguridad combinados. Luna describió este fenómeno como un estado de "implosión", donde el sufrimiento se vuelca hacia adentro ante la falta de una respuesta colectiva.
A diferencia del 2001, donde la gente salió a luchar por lo que creía injusto, hoy vemos una sociedad anestesiada. Sin reacción.
La premisa de que "hay que atravesar el momento" fue desplazada por esta implosión, la realidad actual muestra que esa expectativa de mejora no se cumplió y que incluso quienes atribuyen su situación a las decisiones políticas no encuentran por ahora un canal de expresión social.
Ajeno a esta realidad popular, esta semana el Gobierno envió al Congreso el proyecto de presupuesto 2027 que incluye un fuerte ajuste sobre el ya castigado sector de Discapacidad, lo que implica directamente desmantelar el sistema de derechos para personas de esa condición. El libertarismo en toda su expresión
La culpa es mía
El imperativo actual de "ser feliz", que desplaza el concepto de felicidad desde un estado espontáneo hacia un mandato social, un imperativo de época, tiene el múltiple efecto de individualizar el sufrimiento, ocultar las injusticias sociales y despolitizarlas. Al enfocamos en optimizar el bienestar propio, dejamos de criticar la organización social y "el sufrimiento, del cual sería responsable la sociedad, se privatiza y se convierte en un asunto psicológico", señala el filósofo Byung-Chul Han.
En síntesis, lo que debería tratarse como una falla social se convierte en un asunto psicológico a resolver puertas adentro.
La directora ejecutiva de la consultora Management & Fit, Laura Goyburu22, destaca que en los relevamientos realizados durante 2025 y 2026 se escucha mucho en los jóvenes que les va mal “porque yo hice algo mal o no supe”. Es la era de los “cryptobros” tecnológicos que consideran “fracasados” a quienes no se convierten en millonarios, y de los coach que reparten tips de autosuperación y generan una despolitización del conflicto.
Todo lo anterior aplica a la medida y de modo literal en Argentina de Milei. Ya en campaña durante el año 2023, el libertario planteó que la salud es un gasto del que cada individuo debe hacerse cargo, al punto de sostener que quien decide quitarse la vida puede hacerlo, pero sin pedirle al Estado que asuma el costo.
Dicha lógica es consistente con su matriz de pensamiento "anarcocapitalista" en el que el sufrimiento, la adicción, el fracaso económico son decisiones o responsabilidades estrictamente individuales, ajenas a cualquier política pública.
El fenómeno no se agota en la narrativa. Hay un correlato presupuestario concreto que cierra la costura: el Hospital Nacional Laura Bonaparte, ubicado en la Capital Federa y especializado en salud mental y consumos problemáticos, sufrió una caída acumulada del 46% entre 2023 y 2026, según relevamientos de organizaciones que siguen la ejecución del gasto público.
El Ministerio de Salud, en su conjunto, redujo su presupuesto ejecutado en términos reales, y organismos de control sanitario y de discapacidad sufrieron ajustes de entre 17% y 70% en los primeros nueve meses de 2025.
En resumen, mientras el discurso oficial le dice al ciudadano que su malestar es asunto suyo, se desmantela buena parte de la ya insuficiente red pública que podría sostenerlo si decidiera pedir ayuda.
El acceso a la salud mental se vuelve, en los hechos, un privilegio de clase: cerca del 43% de quienes necesitan terapia no pueden pagarla.
Lo colectivo en pausa
Buscar entender esta dinámica no debería circunscribirse a un ejercicio de crítica cultural, más bien debería orientar qué demandas se vuelven pensables (e imprescindibles) en el actual estado de la democracia.
Mientras el malestar siga leyéndose en clave individual, será más difícil que se traduzca en una demanda política articulada. La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo puede sostenerse una sociedad funcionando en este régimen de sufrimiento privatizado antes de que la implosión encuentre, de todos modos, una vía de salida colectiva.
