Una investigación administrativa estableció que funcionarios manipularon el sistema de remuneraciones, generando pagos injustificados y transferencias de dinero.
La mañana del 30 de octubre, en una ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast y con la presencia de los exmandatarios Gabriel Boric y Michelle Bachelet, el general del aire Leonardo Romanini recibió la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) de manos de Hugo Rodríguez.
Una de las primeras diligencias que encontrará el nuevo jefe de la FACh será una resolución administrativa del 14 de agosto de 2026 que dio cuenta de una investigación que puso la lupa sobre uno de los establecimientos perteneciente a la rama aérea: el Hospital Clínico General Dr. Raúl Yazigi.
El documento, de 80 páginas al que tuvo acceso El Desconcierto y firmado por el director del recinto, el coronel de Aviación (S) José Barría Castillo, resolvió una investigación sumaria administrativa que estableció irregularidades en el pago de remuneraciones de trabajadores contratados bajo la Ley N° 18.476.
Los antecedentes describen la manipulación del sistema informático utilizado para calcular los sueldos, transferencias de dinero entre funcionarios e incumplimientos en las labores de supervisión de las jefaturas.
La indagatoria abarcó hechos ocurridos entre 2023 y 2026 y determinó pagos en exceso por $23.137.239. De ese monto, la institución habría recuperado $19.355.081 al momento de dictarse la resolución, mientras que otros $3.782.158 permanecían pendientes de restitución.
El origen del procedimiento se remonta al 27 de enero de 2026. Ese día, la Auditoría Administrativa del Hospital Clínico elaboró un informe preliminar sobre las remuneraciones del personal contratado bajo la Ley N° 18.476, luego de detectar diferencias entre los registros utilizados para efectuar los pagos.
La revisión consistió en cruzar los archivos de pago del Banco BCI, correspondientes a enero-diciembre de 2025, con los antecedentes enviados por la Subdirección de Recursos Humanos a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas para ejecutar las transferencias.
La comparación arrojó inconsistencias que totalizaron $13.105.074 durante ese período. En un inicio, Recursos Humanos atribuyó las discrepancias a errores de cálculo y fallas reiteradas del sistema. Según esa explicación, los pagos en exceso correspondían a conceptos como devoluciones de licencias médicas y reembolsos por horas no trabajadas.
Pero la auditoría no quedó conforme con esa respuesta. El informe sostuvo que no existían antecedentes ni documentación formal que permitieran justificar las diferencias y, concluyó, que había evidencia suficiente de presuntos fraudes en el proceso de remuneraciones, mediante la adulteración de los archivos de pago.
Tras ello, el 29 de enero, la Dirección General del Hospital Clínico ordenó instruir una investigación sumaria administrativa y remitió los antecedentes a la Fiscalía de Aviación de Santiago, debido a que los hechos podían revestir caracteres de delito.
La investigación se amplió mediante resoluciones de marzo y abril de 2026, luego de que se detectaran nuevos pagos en exceso correspondientes a otros períodos, incluidos antecedentes de 2024. Así, los $13,1 millones identificados inicialmente dieron paso a un monto total de $23.137.239 en pagos comprendidos en el procedimiento.
El proceso de remuneraciones dependía de la Subdirección de Recursos Humanos, particularmente del Departamento de Ingreso y Retiro y su Sección de Remuneraciones. Desde esa unidad se procesaba la información en el sistema Humanforce Payment, a partir de los antecedentes proporcionados por el Departamento de Potencial Humano.
La indagatoria estableció que funcionarios de Remuneraciones ingresaban datos falsos al sistema, generando pagos que no tenían sustento en los contratos de trabajo ni en los antecedentes que justificaban los haberes.
Uno de los casos consignados corresponde a Guillermo Paredes Espinoza, quien reconoció que desde diciembre de 2023 recibía una remuneración diferente a la consignada en su liquidación de sueldo. Según los antecedentes recogidos por el fiscal administrativo, un sargento le ofreció un ajuste de remuneración a cambio de retribuir económicamente ese aumento mediante una transferencia bancaria.
Una serie de trabajadores describieron mecanismos similares. Uno reconoció haber recibido durante 2025 un total de $800 mil adicionales en sus liquidaciones, bajo el concepto de devolución de licencias médicas, y posteriormente transfirió dinero a un especialista de remuneraciones.
Otro funcionario declaró que le ofrecieron un monto extra en sus remuneraciones, pero que debía devolver $100 mil al especialista que intervenía en el procedimiento. Un trabajador más confesó que recibió incrementos de $200 mil en septiembre y diciembre, asociados a conceptos que posteriormente aparecían en su liquidación.
Los antecedentes también consignan transferencias por $1.100.000, $800.000, $250.000 y $280.000 entre mayo y agosto de 2025, además de otras operaciones.
La resolución estableció que 14 trabajadores percibieron reiteradamente asignaciones indebidas sin informar a sus superiores sobre las inconsistencias. En otros dos casos, los pagos se realizaron por una sola vez. La investigación distinguió entre quienes reconocieron haber consentido en recibir los incrementos y quienes no advirtieron o no informaron las irregularidades.
Entre los mayores montos individualizados figuran los de Guillermo Paredes Espinoza ($3.779.873), Jeannete Recabarren Astorga ($3.708.677), Sergio Hermosilla Villarroel ($3.367.562), Nicolás Flores Becerra ($3.015.266) y Elizabeth Guajardo Riquelme ($3.011.020).
Las responsabilidades no quedaron circunscritas a quienes habrían intervenido directamente en la manipulación del sistema. El fiscal administrativo también identificó deficiencias en los controles de las jefaturas de Recursos Humanos, Ingreso y Retiro y Potencial Humano.
La resolución señala que los pagos en exceso correspondientes al período 2023-2025 no constituían episodios aislados, sino que se habían repetido durante varios meses consecutivos. El caso de Paredes ilustra esa continuidad: la investigación estableció que registró pagos superiores a los correspondientes entre enero de 2025 y febrero de 2026.
También se detectaron inconsistencias en las devoluciones por licencias médicas. En uno de los casos, un trabajador cuya remuneración líquida mensual rondaba los $700 mil recibió un monto cerrado de $200 mil por la devolución de licencias correspondientes a solo tres días.
La Sección de Licencias Médicas había informado inconsistencias al Departamento de Potencial Humano en octubre de 2025, luego de contrastar los días que debían descontarse con las remuneraciones ajustadas. Sin embargo, la investigación no encontró antecedentes que acreditaran que las jefaturas hubiesen adoptado medidas concretas para esclarecer las anomalías.
A fines de noviembre, la entonces jefa de Potencial Humano, la teniente María Paz Sepúlveda Cabezas, comunicó parcialmente la situación a Catalina Bosch Sáenz, quien encabezaba el Departamento de Ingreso y Retiro.
El fiscal cuestionó, además, la falta de supervisión del sistema Payment y la ausencia de mecanismos efectivos de control sobre los ajustes salariales. La resolución estimó que la inacción de las jefaturas contribuyó a que los especialistas pudieran manipular el sistema durante un período prolongado.
Por estas deficiencias, el subdirector de Recursos Humanos, Cristian Martínez Díaz, y Bosch Sáenz recibieron dos días de arresto militar cada uno. Sepúlveda, en tanto, fue sancionada con un día de arresto.
El dictamen fiscal del 27 de abril de 2026 propuso medidas disciplinarias considerando la gravedad de las conductas y las responsabilidades de cada involucrado. La resolución definitiva fue firmada el 14 de agosto.
Entre las medidas figuró el licenciamiento del servicio del sargento primero Francisco Fuentealba Saavedra, supervisor de Remuneraciones, por falta grave a la probidad administrativa. Según los antecedentes, contaba con un perfil de administrador en Payment y participó en las alteraciones de datos y en la recepción de retribuciones económicas.
También se propuso la separación del servicio de Miguel Ortiz Núñez, exfuncionario a contrata que renunció en julio de 2026, y de Marjorie Flores Becerra, analista de remuneraciones. Ambos aparecen vinculados al uso de perfiles de administrador y al ingreso o modificación de información en el sistema.
En el caso del personal contratado bajo la Ley N° 18.476, la resolución dispuso poner término a los contratos de 13 trabajadores, aplicando las causales del artículo 160, números 1 y 7, del Código del Trabajo, relativas a falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones laborales.
La nómina incluye a Luis Poblete Menares, Guillermo Paredes Espinoza, Sergio Hermosilla Villarroel, Rodrigo Castillo Cañete, Claudio Paykuric Angulo, Ramón Campos Muñoz, Valeska Troncoso Salas, Jeannete Recabarren Astorga, Dangelo Lobos Cornejo, Susana Ahumada López, Daniela Caamaño Saavedra, Nicolás Flores Becerra y David Ponce Pereira.
Para David Muñoz Villaseca y Constanza Maturana Rojas, quienes recibieron abonos por una sola vez sin advertir las irregularidades, se determinó una sanción de reprensión.
Respecto del sargento primero José Cañete Oyarce y de Elizabeth Guajardo Riquelme, la resolución declaró extinguida la responsabilidad disciplinaria debido a que ambos habían dejado la institución antes de que correspondiera aplicarles una sanción. En tanto, el sargento segundo Alejandro González Muñoz fue sobreseído al no acreditarse su responsabilidad.
La resolución también ordenó remitir los antecedentes a la Fiscalía de Aviación de Santiago, tramitar los registros ante la Contraloría General de la República y elevar los antecedentes a la Comandancia en Jefe de la FACh para que la autoridad competente se pronunciara sobre las medidas que requerían ratificación.
Los $23.137.239 corresponden al total de pagos en exceso investigados dentro del procedimiento administrativo. Sin embargo, la resolución consigna que algunos funcionarios mencionaron otros abonos y ajustes durante sus descargos, incluidos movimientos realizados en mayo de 2025 y descuentos aplicados en 2026.
La fiscalía administrativa precisó que determinados movimientos se encontraban fuera del objeto ordenado investigar y que, por tanto, no formaban parte de los cargos delimitados en el expediente. Cabe mencionar que este antecedente no demuestra por sí solo la existencia de un perjuicio adicional, pero establece una diferencia entre los pagos comprendidos en el sumario y otras operaciones mencionadas durante la investigación.
La remisión de los antecedentes a la Fiscalía de Aviación de Santiago abre la posibilidad de que la investigación penal profundice en los hechos puestos en su conocimiento y determine si corresponde examinar otras operaciones o responsabilidades.
Las irregularidades detectadas tienen como escenario el mismo Hospital Clínico que protagonizó una investigación publicada por El Desconcierto en marzo de 2021. En aquella oportunidad, este medio dio cuenta de las denuncias de un exsargento primero, Israel Lagos, sobre supuestos cobros indebidos a médicos que buscaban acelerar sus trámites de jubilación.
El reportaje reconstruyó dos casos. Uno correspondía a la anestesióloga Tatiana Derderián, quien habría pagado $800 mil por gestiones para agilizar su retiro. El otro involucraba a la doctora María Soledad Lehuede, quien reconoció haber transferido $100 mil a un funcionario para que sus papeles salieran más rápido, aunque posteriormente matizó el motivo del pago.
Aunque se trata de hechos distintos y separados por varios años, ambos antecedentes vuelven a situar bajo escrutinio el funcionamiento administrativo del Hospital Clínico de la FACh, particularmente sus procesos internos y las responsabilidades de quienes debían supervisarlos.
Según pudo conocer este medio, la investigación dada a conocer en su momento, solo terminó con una persona marginada de la institución: el denunciante, Israel Lagos. El hecho es llamativo, considerando que el desarrollo del sumario expuesto terminó con múltiples sanciones.
