¿Cuánto tiene debe soportar una sociedad antes de comprender que la paciencia también puede convertirse en resignación?
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Recortes sociales, incertidumbre previsional, indultos que revictimizan y una política exterior que amenaza con confundir soberanía con obediencia. Chile acumula decisiones cuestionables mientras el Gobierno parece creer que reconocer un error basta para seguir adelante.
Presidente José Antonio Kast. Créditos: Presidencia.
¿Cuánto tiene debe soportar una sociedad antes de comprender que la paciencia también puede convertirse en resignación?
Gobernar implica dificultades, por supuesto. Lo que resulta inaceptable es convertir cada equivocación en una anécdota administrativa y cada retroceso en un sacrificio inevitable. Se habla de ordenar las cuentas, recuperar la confianza y hacer esfuerzos. Curiosa receta: pedirle sacrificios a la ciudadanía mientras se debilitan las herramientas que protegen a quienes menos tienen.
Cuando los recortes amenazan programas sociales, cultura y políticas de protección, conviene preguntar quién paga la factura. La austeridad tiene una costumbre bastante selectiva: casi siempre golpea las mismas puertas. Un país no se vuelve más eficiente empobreciendo sus servicios públicos ni más próspero desmantelando derechos que costaron décadas conquistar. Si la solución consiste en que la gente viva peor, quizás el problema no sea solamente cuánto dinero hay, sino quién decide dónde se gasta y quién termina pagando los platos rotos.
Las AFP añaden otra dosis de incertidumbre a una ciudadanía que lleva demasiado tiempo escuchando promesas sobre una vejez digna. Detrás de cada ahorro hay años de trabajo, salarios ajustados y renuncias personales. No son fichas de casino. Los trabajadores tienen derecho a exigir transparencia, explicaciones y responsabilidades cuando sus fondos sufren pérdidas. La confianza no se exige por decreto: se merece con garantías.
Pero hay daños que no se miden en pesos. Los indultos a condenados por graves violaciones reabren heridas que nunca debieron convertirse en instrumentos de conveniencia política. Las víctimas y sus familias no pueden pagar el precio de decisiones que vuelven a poner en duda su derecho a la justicia.
¿Y después qué? ¿Basta con reconocer el error mientras sus consecuencias permanecen intactas? Una disculpa que no corrige nada corre el riesgo de convertirse en una maniobra para ganar tiempo.
En política exterior tampoco sobra espacio para la ingenuidad. Cooperar con Estados Unidos no significa obedecer automáticamente sus prioridades. América Latina conoce demasiado bien el precio de ser tratada como patio trasero de una potencia que defiende sus propios intereses. Por eso, cualquier alineamiento internacional exige transparencia: ¿qué obtiene Chile, qué compromisos asume y cuánto margen conserva para decidir su destino?
Debilitar el Estado, reducir la protección social y comprometer la capacidad de negociación del país puede dejarnos más expuestos a intereses económicos y externos. No hace falta afirmar que Chile está en venta para advertir el peligro: un país debilitado negocia en peores condiciones. Y cuando se rematan derechos y se debilitan las defensas colectivas, siempre aparece alguien dispuesto a comprar barato aquello que antes no podía conseguir.
Sin embargo, hay algo tan preocupante como las decisiones del Gobierno: nuestra capacidad para acostumbrarnos a ellas.
¿Nos hemos habituado a recibir malas noticias como quien revisa el pronóstico del tiempo? ¿Estamos tan agotados, fragmentados y desconfiados que hemos comenzado a confundir resignación con madurez política? No creo que seamos estúpidos. El miedo, la incertidumbre y la sensación de que nada cambiará pueden paralizar incluso a una sociedad indignada. También funciona esa vieja estrategia de presentar cada sacrificio como inevitable y cada retroceso como el precio de un futuro que siempre queda para después.
Chile ya vivió una movilización histórica en octubre de 2019. Y si bien no resolvió todos los problemas ni garantizó las transformaciones esperadas, dejó una lección: el silencio no equivale a aprobación. La movilización es un derecho democrático, no una amenaza contra el país. Cuando las instituciones no escuchan, la ciudadanía puede organizarse, exigir rectificaciones y reclamar responsabilidades políticas, incluida la salida de autoridades que han perdido la confianza pública.
No se trata de salir a la calle por cada desacuerdo ni de convertir la rabia en un espectáculo sin horizonte. Se trata de impedir que la indignación se evapore entre una noticia y la siguiente. Porque un Gobierno no recibe la propiedad del país por ganar una elección. Recibe una responsabilidad y debe responder por sus decisiones.
Lo grotesco es que después nos preguntaremos cómo llegamos hasta aquí, como si no hubiéramos visto las señales, como si cada abuso hubiera ocurrido sin previo aviso. Quizás el triunfo más perverso de la mala política sea conseguir que la gente se acostumbre a perder y, encima, se sienta irresponsable cuando protesta.
Después vendrán los discursos, las explicaciones y las caras de sorpresa. Porque parece que algunos responsables de los desastres todavía confían en que, con un poco de suerte, los damnificados terminaremos pidiéndoles disculpas por haberles arruinado la gestión con nuestras quejas.
La pregunta ya no es cuánto más puede aguantar Chile, sino cuánto más estamos dispuestos a perder antes de dejar de aceptar lo inaceptable.
