Un organismo debilitado tendría menos herramientas para actuar frente a eventuales abusos de poder, precisamente cuando las políticas de seguridad, las restricciones a la protesta y la ampliación de las facultades del Ejecutivo hacen más necesarios los contrapesos institucionales.
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La supuesta “modernización” del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) plantea interrogantes que van más allá de una reforma administrativa. En la democracia chilena persisten fuerzas políticas cuyas propuestas evocan prácticas de la dictadura y que, bajo discursos de seguridad, eficiencia y modernización, podrían impulsar una agenda orientada a restringir derechos fundamentales y debilitar las instituciones encargadas de protegerlos.
Para conseguir apoyo ciudadano, el populismo de derecha recurre a conceptos atractivos que generan confianza en sus propuestas. Sin embargo, detrás de ese discurso podría existir una agenda orientada a satisfacer los intereses de los grandes grupos económicos, mediante la recuperación de formas ortodoxas de un modelo que muestra signos de agotamiento y crisis.
Más allá de las denuncias políticas, la experiencia de la población frente a las medidas gubernamentales podría estar generando un distanciamiento respecto de un gobierno que inicialmente contó con amplio respaldo electoral. La pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de los programas sociales, la disminución del consumo y la contracción económica, con sus efectos sobre el empleo, inciden directamente en la calidad de vida ciudadana.
Las organizaciones sociales y amplios sectores de la población expresan su descontento mediante diversas formas de movilización. En este escenario, las medidas oficialistas destinadas a controlar el llamado “orden público” evocan los años de la denominada “Recuperación Nacional”, cuando el modelo económico impuesto por la dictadura estuvo acompañado de pobreza, desigualdad y represión.
Desde esta perspectiva, el gobierno de José Antonio Kast representa una continuidad política que invita a examinar críticamente las reminiscencias de aquel período. Las modificaciones institucionales y legislativas propuestas plantean interrogantes sobre la concentración de poder en el Ejecutivo, el control de las movilizaciones y el debilitamiento de las instituciones de derechos humanos.
En junio de 2026, el presidente Kast firmó un proyecto para crear un “Registro Único de Vándalos e Incivilidades”, destinado a registrar a personas condenadas o sancionadas por determinadas conductas que afectan los espacios públicos. La iniciativa plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de sus consecuencias y sus posibles efectos sobre el ejercicio del derecho a la protesta social.
A ello se suma la agenda gubernamental contra el crimen organizado y el terrorismo, que contempla modificaciones legales y mayores atribuciones policiales. Estas medidas deben examinarse considerando sus efectos sobre las libertades ciudadanas, especialmente cuando las movilizaciones implican ocupaciones de calles u otras formas de utilización del espacio público.
En agosto de 2026, el Gobierno también impulsó una reforma constitucional que buscaba ampliar las facultades presidenciales en materia de estados de excepción. La iniciativa generó cuestionamientos por sus posibles efectos sobre las libertades individuales y el equilibrio entre los poderes del Estado. Posteriormente, se presentó una propuesta parlamentaria de reforma constitucional en seguridad, ingresada al Senado en octubre, que contempla modificaciones al régimen de emergencia ante amenazas vinculadas al crimen organizado.
Estas iniciativas suscitan preocupaciones sobre la concentración de atribuciones en el Ejecutivo y el debilitamiento de los contrapesos democráticos. La seguridad pública constituye una responsabilidad del Estado, pero no puede convertirse en justificación para restringir injustificadamente derechos fundamentales ni ampliar el control sobre una ciudadanía movilizada.
Hacia octubre de 2026, adquirió relevancia pública la decisión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, de firmar 56 decretos de rebaja de condena entre marzo y septiembre: 27 correspondientes a condenados por abuso sexual de menores y 29 por violación.
El ministro defendió la medida argumentando que se ajustaba a criterios establecidos en fallos anteriores de la Corte Suprema. Sin embargo, la justificación administrativa -que sugiere un comportamiento burocrático e insensible- no elimina la necesidad de examinar las consecuencias de estas decisiones, los derechos de las víctimas, sus efectos traumáticos, y las obligaciones del Estado de prevenir la violencia y evitar la revictimización.
La preocupación ciudadana también debe extenderse a los indultos presidenciales que, bajo supuestos argumentos humanitarios, puedan beneficiar a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. La posibilidad de sustituir penas de prisión por arresto domiciliario en casos de enfermedades graves, demencias avanzadas o edad muy avanzada plantea interrogantes jurídicos, éticos y políticos, particularmente respecto de las obligaciones internacionales de Chile en materia de justicia y reparación.
La vigilancia ciudadana resulta indispensable para defender la memoria histórica y los derechos humanos, e impedir que argumentos administrativos o humanitarios terminen encubriendo intereses de impunidad entre pares ideológicos.
Por ello, resulta especialmente importante examinar qué se encuentra detrás de la llamada “modernización” del INDH y defender su esencia, evitando que cambios de gestión o procedimientos terminen desmembrando sus capacidades institucionales o debilitando su autonomía.
En este escenario, la discusión sobre la supuesta modernización del Instituto Nacional de Derechos Humanos adquiere una relevancia particular. El INDH cumple una función esencial en la promoción y protección de los derechos humanos, la observación de la actuación estatal y la denuncia de sus vulneraciones. Su autonomía y capacidad de acción constituyen garantías fundamentales para el funcionamiento democrático.
Por ello, cualquier reforma que afecte su estructura, sus atribuciones o su independencia debe examinarse más allá de los argumentos administrativos o de eficiencia institucional con los que se presente. La modernización de un organismo público no puede confundirse con el debilitamiento de sus capacidades de fiscalización ni con la reducción de su autonomía frente al poder político.
Si los cambios propuestos limitan su capacidad para investigar, denunciar o hacer visibles las vulneraciones de derechos humanos, sus consecuencias podrían trascender al propio Instituto y afectar al conjunto de la sociedad. Un organismo debilitado tendría menos herramientas para actuar frente a eventuales abusos de poder, precisamente cuando las políticas de seguridad, las restricciones a la protesta y la ampliación de las facultades del Ejecutivo hacen más necesarios los contrapesos institucionales.
Defender el INDH no significa desconocer la necesidad de evaluar su funcionamiento, mejorar su gestión o revisar sus procedimientos. Significa distinguir entre una reforma destinada a fortalecer su eficacia y otra que, bajo el discurso de la modernización, termine restringiendo su independencia y su capacidad de proteger los derechos fundamentales.
En definitiva, el debate sobre el INDH forma parte de una discusión más amplia acerca del modelo de democracia que se busca consolidar en Chile. La concentración del poder, la criminalización de la protesta social, la ampliación de las facultades coercitivas del Estado y el debilitamiento de los organismos de derechos humanos son procesos que deben analizarse en su conjunto, atendiendo tanto a sus fundamentos como a sus consecuencias. La decisión es política y la justificación administrativa, además amparada en el artilugio de la compasión, debe transparentar aquellas reminiscencias de quienes aún se identifican con la represión en años de la dictadura.
