Kast eligió a Quiroz porque encontró en él una determinada visión del país. Y esa elección revela más que una preferencia técnica, revela qué intereses considera prioritarios y qué costos sociales está dispuesto a minimizar.
Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz / Crédito: Agencia Uno
Agencia UnoJorge Quiroz, ministro de Hacienda, es un economista cuyo nombre aparece en los expedientes de los grandes carteles empresariales condenados en Chile. Su trayectoria plantea una pregunta incómoda: ¿por qué la derecha presenta como garantía de eficiencia a quien ha dedicado parte de su carrera a defender intereses empresariales cuestionados por la justicia?
Pierre Bourdieu lo explicó en La nobleza de Estado: las élites reproducen su poder seleccionando a quienes comparten sus códigos, redes y posiciones. He aquí un pequeño resumen de su oscuro actuar público.
La sentencia Nº 89/2014 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estableció que Agrosuper, Ariztía y Don Pollo participaron en un acuerdo de producción y ventas. El modelo econométrico desarrollado y ajustado por Quiroz fue utilizado para asignar cuotas entre las empresas. El cartel operó durante años, distorsionando la competencia y perjudicando a los consumidores.
En diciembre de 2009, Quiroz declaró ante el TDLC como perito de Salcobrand y sostuvo que no existían indicios de colusión. En enero de 2012, la Corte Suprema confirmó sanciones por la concertación de precios de más de 200 medicamentos entre las principales cadenas farmacéuticas.
El episodio retrata los límites de la economía puesta al servicio de una defensa corporativa.
En el caso de las navieras, Quiroz elaboró en 2016 el informe económico central para la defensa de MOL-Mitsui, una de las compañías involucradas en el cartel internacional de transporte marítimo de vehículos. En 2018, la Corte Suprema impuso multas que, según los antecedentes aportados, alcanzaron US$30,5 millones en total.
En el mercado del asfalto, asesoró a Asfaltos Chilenos. El TDLC sancionó en 2015 a las empresas que no se acogieron a la delación compensada, incluyendo a su cliente, por acuerdos que restringían la competencia.
En el sector del gas, asesoró a Metrogas durante la discusión regulatoria del primer gobierno de Michelle Bachelet. Años después, la estructura societaria de Metrogas y Agesa quedó bajo cuestionamiento por sus efectos sobre la regulación de rentabilidad y los precios pagados por los consumidores.
En 2003, la ministra en visita Gloria Ana Chevesich procesó a Quiroz, socio de Gerens, por una eventual estafa en perjuicio del Fisco, en una investigación sobre un contrato de consultoría de aproximadamente $36,7 millones y un presunto sobreprecio de $13 millones destinado al pago de sobresueldos irregulares.
Tras ser detenido y permanecer dos noches en prisión preventiva, fue absuelto en primera instancia. En 2014, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó esa decisión y lo condenó a 41 días de prisión, con remisión condicional, además de ordenar la restitución de $13 millones. Sin embargo, en junio de 2016, la Corte Suprema lo absolvió definitivamente al considerar que no se había acreditado suficientemente su colaboración maliciosa en el esquema.
La precisión importa: no corresponde presentar este episodio como una condena vigente. Pero tampoco es necesario borrar sus antecedentes judiciales para examinar críticamente la trayectoria de quien hoy ocupa una posición de poder económico.
En diciembre de 2014, Quiroz fue detenido en Zapallar mientras conducía un Audi A6. Según los antecedentes del caso, Carabineros constató signos de embriaguez y el economista se negó a realizar el examen de alcoholemia. En 2015 fue condenado por conducción en estado de ebriedad, recibió una multa de 2 UTM y sufrió la suspensión de su licencia por más de dos años.
Posteriormente reconoció: «Se me pasó la mano con los tragos. Fue en 2014, de ahí que no tomo ninguna gota de alcohol».
El episodio no define por sí solo a un ministro, pero sí recuerda algo elemental: las credenciales académicas y el patrimonio no inmunizan frente a las responsabilidades personales.
En agosto de 2026, Quiroz enfrentó cuestionamientos por la aprobación ambiental del proyecto inmobiliario Alto Santorini, valorado en aproximadamente US$43,6 millones y ubicado cerca de las dunas de Concón. La iniciativa está vinculada a su hermano Víctor Quiroz, arquitecto que participa a través de Quiroz y Puelma Arquitectos y que, según los antecedentes difundidos, tendría una participación indirecta cercana al 12% mediante sociedades familiares.
La aprobación se produjo pese a reparos técnicos de Sernageomin relacionados con riesgos de remociones en masa. El ministro negó haber influido en la decisión.
Finalmente, Kast eligió a Quiroz porque encontró en él una determinada visión del país. Y esa elección revela más que una preferencia técnica, revela qué intereses considera prioritarios y qué costos sociales está dispuesto a minimizar. El riesgo es que Chile termine administrado como una empresa, con los ciudadanos reducidos a consumidores, los derechos convertidos en costos y la desigualdad presentada como un daño colateral inevitable.
