Ninguno puede dar por asegurada la confianza del pueblo evangélico. Compartir una creencia no obliga a justificar sus decisiones ni convierte sus alianzas en compromisos de nuestras iglesias. Nuestra conciencia no pertenece a una bancada.
Imagen de diputados y diputadas evangélicos / Crédito: El Desconcierto
Como evangélico, creo que quienes invocan la fe para intervenir en política asumen un deber de consecuencia: responder por sus decisiones a la luz de los principios que proclaman. Hablar de la familia, de la vida y del cuidado del prójimo compromete una forma de actuar. Esa exigencia adquiere mayor peso cuando obliga a cuestionar a los propios aliados.
La controversia por las rebajas de condenas durante el Gobierno del presidente José Antonio Kast, bajo la gestión del ministro Fernando Rabat, compromete la justicia, los derechos humanos, la protección de las víctimas y la confianza en las instituciones. Las distintas actuaciones de Eduardo Durán, Sara Concha, Francesca Muñoz, Stephan Schubert y Benjamín Lorca merecen examinarse desde esa perspectiva. Aunque sus respuestas han sido diferentes, todos deben explicar cómo traducen los principios que invocan en exigencias concretas hacia el Gobierno que respaldan.
El deber de consecuencia no se agota en expresar desacuerdo, anunciar iniciativas o pedir perdón: exige sostener esos compromisos y responder por sus resultados. Desde el Evangelio, la pregunta es qué hacemos por quienes sufren. En este caso, eso exige acciones concretas para proteger a las víctimas, evitar que estos hechos se repitan y exigir las responsabilidades que correspondan, aunque incomode a los propios aliados. La pregunta es qué compromisos asumen y qué hacen para cumplirlos, incluso cuando eso tiene un costo político.
En nuestros barrios conocemos una fe que da de comer, recibe al que viene de lejos y visita al enfermo. Allí el prójimo tiene un rostro concreto, y en su sufrimiento también nos encontramos con Cristo. Esa fe exige responder por lo que hacemos y por la ayuda que negamos cuando alguien nos necesita. Quienes invocan su nombre desde el poder deben hacerse cargo de esa exigencia. Las personas que han sufrido abuso, violencia e injusticia merecen respuestas que estén a la altura de su dolor.
Estos parlamentarios deben explicar qué responsabilidades están dispuestos a exigir y qué límites imponen a su respaldo político. La pertenencia evangélica no les concede inmunidad frente a esas preguntas. Cuanto más recurren a ella para fundamentar su actuación pública, más legítimo resulta examinar la correspondencia entre sus palabras y sus actos.
Ninguno puede dar por asegurada la confianza del pueblo evangélico. Compartir una creencia no obliga a justificar sus decisiones ni convierte sus alianzas en compromisos de nuestras iglesias. Nuestra conciencia no pertenece a una bancada.
La credibilidad de sus principios se juega precisamente cuando defenderlos tiene un costo. Si la denuncia pierde fuerza al acercarse al propio Gobierno, corresponde exigir explicaciones. Porque invocar el Evangelio compromete también la disposición a incomodar al poder. Y quienes buscan autoridad pública hablando del prójimo deben responder cuando ese prójimo necesita justicia.
