Kast prometió terminar con los privilegios de la vieja política. Pero cuatro millones para un antiguo colaborador, un cargo directivo para su pareja y explicaciones todavía pendientes dibujan una realidad indecorosa. La vieja política no desapareció; simplemente cambió de administrador.
Imagen editada del Presidente Kast y Rodrigo Orellana / Crédito: El Desconcierto
José Antonio Kast llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de la política, erradicar el amiguismo, reducir los operadores y devolverle al Estado la meritocracia que, según su diagnóstico, los gobiernos anteriores habían contribuido a destruir. Sin embargo, a ocho meses de iniciar su administración, comienzan a aparecer situaciones que hacen sospechar que aquella cruzada moralizadora tenía algunas excepciones bastante convenientes.
El caso de Rodrigo Orellana Flores, contratado como asesor del ministro de Vivienda y Urbanismo, es particularmente ilustrativo. No solamente por las condiciones de su incorporación al aparato estatal, sino también por sus estrechos vínculos personales y políticos con el Presidente, las características de su remuneración y los antecedentes familiares que rodean esta controversia.
Según Chilevisión Noticias, Orellana mantiene una relación de confianza con Kast que se remontaría a los comienzos de su trayectoria política, cuando este último se desempeñaba como concejal de Buin. Desde entonces habría colaborado con él en distintas campañas electorales, acompañándolo durante diferentes etapas de su carrera política.
Su cercanía con Kast constituye uno de los antecedentes centrales para comprender su incorporación al Ministerio de Vivienda.
Orellana asumió en septiembre como asesor de gabinete de Iván Poduje, bajo el mecanismo contemplado en el artículo 13 del Decreto Ley N.º 1.608 de 1976. Según los antecedentes publicados en Transparencia Activa, no registra título profesional y aparece con “experiencia en labores de asesoría”. Su remuneración mensual asciende a $4.034.918, desglosada en un sueldo de $3.434.918 y una bonificación de incentivos de $600.000.
La pregunta no es si una persona sin título universitario puede desempeñar funciones de asesoría en el Estado. La interrogante es, ¿qué antecedentes profesionales, experiencia específica y capacidades técnicas justifican que un antiguo colaborador de Kast reciba semejante remuneración con cargo a los recursos públicos?
La disposición legal invocada tampoco constituye un cheque en blanco. Su aplicación está sujeta a condiciones y límites que deben acreditarse. Se trata de una medida excepcional que exige que la persona sea un experto altamente calificado y cuente con la exclusiva confianza del Presidente de la República. La existencia de una norma que permite determinadas contrataciones no transforma automáticamente cualquier nombramiento en una decisión administrativamente justificada ni políticamente conveniente.
Produje tiene, por consiguiente, una obligación elemental: explicar qué hace Orellana.
Además, la actual pareja de Rodrigo Orellana también ocupa un cargo en el Gobierno. Se trata de Macarena García-Huidobro, quien desde el 18 de marzo de 2026 se desempeña como subdirectora de la División de Organizaciones Sociales (DOS), dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Según los antecedentes publicados, García-Huidobro percibió un sueldo bruto de $6.763.361 durante agosto y de $4.993.234 en septiembre.
Dos personas vinculadas sentimentalmente, ambas instaladas en puestos gubernamentales y con remuneraciones millonarias. ¿Es una irregularidad? No necesariamente. ¿Es una situación que exige explicaciones públicas? Sin ninguna duda.
La administración pública no puede convertirse en una extensión de los círculos personales de quienes gobiernan. Los ministerios no son agencias de colocación para recompensar lealtades electorales ni los cargos estatales constituyen premios de consuelo para quienes acompañaron al candidato durante su ascenso político.
John Locke, en su Segundo tratado sobre el gobierno civil, desarrolla la concepción fiduciaria del poder: la autoridad política es una potestad confiada para proteger los intereses de la comunidad, no un patrimonio particular de quienes la ejercen.
A modo de observación, Rodrigo Orellana es hijo de Juan Carlos Orellana Morales, exagente de la CNI fallecido en 2022, quien había sido condenado a 10 años y un día por el secuestro calificado de Julián Peña Maltés. Kast visitó el 22 de diciembre de 2017 el penal Colina I, donde se encontraba recluido Juan Carlos Orellana.
Kast es el principal responsable político de esta situación. El Presidente no puede continuar presentándose como el abanderado de la probidad y la meritocracia mientras su administración acumula decisiones que contradicen el espíritu de esas promesas. Durante años cuestionó el amiguismo, denunció a los operadores políticos y criticó la utilización del Estado como plataforma de privilegios. Para los demás, sospecha de clientelismo; para los propios, confianza y discrecionalidad.
Kast prometió terminar con los privilegios de la vieja política. Pero cuatro millones para un antiguo colaborador, un cargo directivo para su pareja y explicaciones todavía pendientes dibujan una realidad indecorosa. La vieja política no desapareció; simplemente cambió de administrador.
