Un municipio del Caribe colombiano, una isla del Mediterráneo y un islote frente a Zanzíbar muestran que la conservación ambiental, el control de aforos y la gobernanza comunitaria pueden sostener economías locales sin repetir los costos del turismo masivo.
Un municipio del Caribe colombiano, una isla del Mediterráneo y un islote frente a Zanzíbar muestran que la conservación ambiental, el control de aforos y la gobernanza comunitaria pueden sostener economías locales sin repetir los costos del turismo masivo.
El turismo masivo suele dejar infraestructuras colapsadas, ecosistemas saturados y un alza en el costo de la vida para quienes habitan los destinos. Frente a ese escenario, diversas localidades e islas optaron por el camino opuesto. Convirtieron la sostenibilidad en el eje de su desarrollo mediante políticas de conservación, participación comunitaria y límites estrictos al número de visitantes.
El caso de Usiacurí, municipio del departamento del Atlántico, en Colombia, ilustra esa apuesta. En marzo de 2019 se convirtió en el primer municipio de esa zona en obtener la certificación como destino turístico sostenible. La entregó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que ratificó el reconocimiento en 2023.
Hace una década, la localidad recibía visitas esporádicas. Sin embargo, tras la certificación y una estrategia de base comunitaria, pasó de cientos a miles de turistas mensuales de forma ordenada.
El centro de ese modelo es la artesanía en palma de iraca, una técnica ancestral que involucra a cientos de familias. En lugar de desplazar a la población, la transformación urbana la convirtió en anfitriona. Techos y fachadas se cubrieron de murales sobre la biodiversidad local, mientras los talleres se abrieron a experiencias inmersivas.
Como resultado, los ingresos de las familias tejedoras se cuadruplicaron y avanzó la bancarización rural. Además, la protección de acuíferos y senderos pasó a ser un requisito obligatorio para los operadores.
La protección de acuíferos y senderos pasó a ser un requisito obligatorio para los operadores
En los territorios insulares, donde el agua y la energía son recursos finitos, la sostenibilidad responde a una necesidad. Menorca, en España, fue declarada Reserva de Biosfera por la Unesco en 1993. Desde entonces, la isla restringe el desarrollo urbanístico en sus costas, protegiendo más del 40% de su territorio.
Así, orientó su economía hacia el turismo rural, el cicloturismo por el sendero Camí de Cavalls y la gastronomía de kilómetro cero. El resultado: ingresos más estables durante el año y un mayor gasto por visitante.
Por su parte, la isla Chumbe, frente a Zanzíbar, en Tanzania, alberga el Chumbe Island Coral Park. Este es considerado el primer parque marino de gestión privada del mundo y fue creado por Sibylle Riedmiller a comienzos de los años noventa.
El proyecto se financia con un ecoturismo de bajo impacto, basado en algunos asentamientos con energía solar y recolección de agua lluvia. Con ello, reinvierte la totalidad de sus ingresos en la protección del arrecife de coral y en programas educativos para pescadores locales.
Pese a sus diferencias geográficas, los tres destinos comparten pilares concretos. El primero es la gobernanza local, ya que los beneficios quedan en manos de artesanos, guías y productores, y no de conglomerados externos.
El segundo son los límites de capacidad de carga, que privilegian el valor sobre el volumen con menos visitantes y estadías más largas.
El tercero es la monetización de la conservación, puesto que el ecosistema y la identidad cultural constituyen el principal activo de estos territorios.
En conjunto, estas experiencias muestran que la sostenibilidad turística dejó de ser un eslogan publicitario y se consolidó como una estrategia económica capaz de generar empleo local.
